Luchar por la justicia sale aún caro en Colombia

Fernando Enamorado, líder de la Asociación de Víctimas y Restitución de Bienes y Tierras del Urabá, se debatía este viernes entre la vida y la muerte, después de ser tiroteado por sicarios cuando llegaba a su casa, en el barrio popular de Apartadó. Enamorado es el último de los 25 activistas de derechos humanos, jueces y periodistas asesinados por sicarios y paramilitares en los primeros 75 días de la Presidencia de Juan Manuel Santos.

La voluntad del nuevo Gobierno de restituir a sus propietarios las tierras usurpadas durante años por los paramilitares no va acompañada de una política de seguridad que acabe con el dominio de las "bandas emergentes" en amplias zonas del país. Estas bandas han recogido la herencia de jefes narcoparamilitares como Salvatore Mancuso o Don Berna, extraditados a EEUU.

El Ministro de Agricultura, el conservador Juan Camilo Restrepo, que se ha propuesto la entrega de 2 millones de hectáreas de tierra arrebatadas a millones de desplazados, celebró el 20 de septiembre el primer acto de entrega de títulos de propiedad a 37 campesinos en el municipio de Turbo en Antioquia. Uno de ellos, Hernando Pérez, fue asesinado a las pocas horas, cuando regresaba con su escritura bajo el brazo a su casa. Pertenecía, como Enamorado, a la Asociación de Víctimas.

Tras dos meses y medio de gestión, la Administración de Santos parece incapaz de sacar adelante sus políticas innovadoras de restitución de tierras, reparación de víctimas y defensa de derechos humanos, tras la negativa etapa de ocho años que en todos estos campos protagonizó su antecesor, Álvaro Uribe. En el Parlamento, los diputados y senadores afines al ex presidente boicotean la aprobación de las leyes necesarias para poner en marcha las reformas. En las regiones, los viejos caciques auxiliados por los paramilitares impiden los cambios que propone el equipo de Santos.