El asesinato de dos jóvenes migrantes venezolanos en Colombia, uno de ellos de apenas 12 años, el pasado viernes 9 de octubre ha desencadenado una seria crisis diplomática entre Venezuela y Colombia. De hecho, el presidente venezolano Nicolás Maduro, acusó este pasado miércoles a su homólogo colombiano, Iván Duque, de promover la "xenofobia" contra los migrantes procedentes de Venezuela y del "asesinato y desaparición de miles de venezolanos en Colombia".

"¿Quién ha promovido esa conciencia xenofóbica de odio, de exclusión, que ha llevado al asesinato y desaparición de miles de venezolanos en Colombia? ¿Quién? El Estado colombiano, el señor Iván Duque, los paramilitares colombianos, la derecha colombiana (...) en complicidad con la derecha extremista de Julio Borges, de (Juan) Guaidó y Leopoldo López", dijo Maduro durante un acto gubernamental en Caracas.

Maduro anunció que su Gobierno elevará una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra de Duque por la "persecución" y el "exterminio" de los migrantes venezolanos, después de culparle del asesinato de dos jóvenes en el país vecino.

La acusación contra Duque incluirá, según explicó, la muerte de dos jóvenes –uno menor y otro de 18 años– el pasado viernes, después de que fueran  detenidos cuando supuestamente robaban en un comercio de la ciudad Tibu, en el departamento de Norte de Santander. En un vídeo que circula por Twitter, se puede ver a los dos jóvenes retenidos y maniatados por un grupo de personas que grita, les insulta y les amenaza con hacerlos desfilar por la ciudad. Horas después los dos mismos jóvenes fueron encontrados con un tiro en la cabeza, en lo que sin duda es una ejecución en toda regla. 

No está nada claro quién o quiénes son los autores del brutal asesinato. Tibu es una población remota en una zona del país donde grupo paramilitares y las organizaciones de narcotráfico controlan grandes áreas del territorio. El lunes, un alto mando de la Policía colombiana anunció que se había iniciado una investigación y culpó del crimen a los grupos guerrilleros locales. 

El brutal asesinato de los dos jóvenes migrantes, ha endurecido el discurso del Gobierno venezolano, que acusa a Colombia de la desaparición de "más de 860 migrantes venezolanos". Maduro denuncia sin tapujos "la persecución a los migrantes venezolanos, por la promoción del odio, por los desaparecidos, por las desapariciones forzadas, por los miles de venezolanos y venezolanas asesinados en Colombia, por el odio". 

El Gobierno colombiano presidido por Iván Duque rechazó el mismo miércoles las "acusaciones infundadas" de Maduro. "El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, rechaza y desmiente las recientes declaraciones infundadas hechas por distintos voceros de la dictadura de Nicolás Maduro en donde denuncian una supuesta política de agresión, discriminación y xenofobia hacia la población migrante venezolana", afirmó la Cancillería colombiana en un comunicado.

En los últimos cinco años, Colombia ha pasado de albergar a menos de 100.000 ciudadanos venezolanos a más de 1,7 millones, la mayoría de ellos en situación irregular. La difícil situación económica en Venezuela empuja a miles de venezolanos cada año a cruzar la frontera con Colombia, donde no siempre son bien recibidos. Es más, la llegada masiva de migrantes venezolanos ha tensado las relaciones entre los dos países. 

En este sentido, el presidente venezolano hizo una llamada a los migrantes venezolanos a volver a su país. "Estén donde estén, su tierra, su patria abre los brazos para recibirlos cuando quieran regresar", dijo Maduro, quien subrayó que se reforzará el Plan Vuelta a la Patria para retornar a ciudadanos venezolanos en Ecuador, Colombia, Perú y Chile. El pasado 7 de octubre, Maduro prometió reforzar, durante los meses de noviembre y diciembre el plan que puso en marcha en septiembre de 2018, para facilitar el regreso de migrantes que han sufrido xenofobia en países receptores.

La Cancillería colombiana, por otro lado, afirma que el Gobierno de Duque hace grandes esfuerzos para atender a toda la población venezolana que huye de la "crisis social, económica, política y de la vulneración constante de sus derechos humanos, generada por un régimen dictatorial que violenta las libertades y que destruyó la democracia de esa nación".