La tortura, práctica común en un centenar de países, se lleva a cabo muchas veces bajo la mirada cómplice de un médico. En estos casos, los facultativos son los encargados de dictaminar si un prisionero está listo para el tormento, tratan de minimizar el tamaño de las cicatrices, controlan las constantes vitales de la víctima e, incluso, dan el visto bueno para intensificar la tortura.

Ante este panorama, y con el fin de que estos torturadores de bata blanca puedan vérselas con la justicia internacional, dos expertos en deontología médica reclaman, en un artículo publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet, una revisión de la Declaración de Tokio sobre ética médica de 1975, de forma que que se pueda exigir responsabilidad a los galenos cómplices de la tortura.

"Entre un tercio y la mitad de los supervivientes de torturas aseguran que había médicos supervisando el proceso; este número no incluye a aquellos que no vieron a los facultativos cómplices ni tampoco los que fallecieron por torturas que después un médico, ya sea bajo coacción o de buen grado, certificó como muerte natural. Hay muchos más médicos siendo cómplices de abusos a prisioneros que trabajando en programas de tratamiento de los supervivientes", señalan los autores, Steven H. Miles, del Centro de Bioética de la Universidad de Minnesota (EEUU), y su colega Alfred M. Freedman, del Colegio de Medicina de Nueva York.

Ambos expertos abogan por establecer medidas concretas que hagan a los facultativos no sólo responsables legalmente por sus actos ante le legislación internacional, lo que no ocurre en muchos casos, sino que también permitan su inhabilitación. De hecho, aunque la mayor parte de las organizaciones médicas tienen aprobados códigos condenando la participación de los médicos en el maltrato a prisioneros, suelen secundar las políticas de los gobiernos que abogar por no imputar responsabilidad a los médicos. Según los especialistas, "la experiencia de Estados Unidos es paradigmática a este respecto: ningún organismo, ni militar o civil, o sociedad profesional, ha puesto en marcha actuaciones contra ningún médico implicado en el maltrato a prisioneros dentro de la llamada guerra contra el terror".

Asimismo, reclaman que siempre que se produzca el fallecimiento de un detenido se haga público un certificado de defunción con las circunstancias de la muerte. “La complicidad médica con la tortura y el maltrato es una conducta punible que no puede estar amparada por la ley”, señalan.