La provincia argentina de Mendoza se ha echado a la calle y ha conseguido detener la ley aprobada por el gobernador Rodolfo Suárez, que permitía a la industria minera hacer uso del vertido de químicos tóxicos como cianuro y ácido sulfúrico en el agua.

La eliminación de la ley ambiental, también conocida como ley antiminera, que prohibía el vertido de químicos al agua, fue aprobada el pasado 20 de diciembre en el Parlamento Regional, mediante un acuerdo entre los dos bloques argentinos, el oficialismo (el que gobierna en la región), y peronismo (el principal opositor).

Por ello, colectivos medioambientales, personalidades como Residente y organizaciones como Greenpeace llamaron a la movilización para intentar frenar y derogar esta nueva modificación de la ley y lo consiguieron.

El pueblo se movilizó contra los vertidos químicos

El anuncio de la eliminación de la Ley ambiental 7.722 unió al pueblo, que tomó las calles de la región durante las jornadas navideñas para exigir que se frenase la regulación de una ley que contaminaría el agua, en una provincia que tiene graves problemas de sequía.

El llamamiento a las movilizaciones se secundó en varias ciudades de la provincia bajo el lema "la 7.722 no se toca" durante varios días. No obstante, el lunes 23 de diciembre fue uno de los días más agitados, donde se produjeron 45 detenciones y 19 policías resultaron heridos, según fuentes policiales.

Estas manifestaciones culminaron con una masiva marcha de decenas de miles de personas hacia la capital local un día después de Navidad, el 26 de diciembre, cuando el gobernador dio marcha atrás.

El gobierno regional suspende la reglamentación de la ley

La respuesta del Ejecutivo se produjo tras la gran marcha, cuando Rodolfo Suárez,  anunció en rueda de prensa y mediante Twitter que suspendía la modificación de la ley que tanta polémica ha traído, y que se quedaba vigente la actual ley 7.722.

Suárez promulgó entonces una "gran convocatoria al diálogo y la información de la gente" y prometió que en las próximas horas llamaría a los principales colectivos para dialogar sobre la ley. Si no hubiese consenso, afirmó que existiría la posibilidad de "una consulta popular obligatoria, vinculante".

Ahora queda esperar la respuesta de estos colectivos pero, de momento, el pueblo ha conseguido su objetivo: frenar la tan polémica ley que permitía verter químicos contaminantes en el agua.