El Gobierno alemán ha acordado extender la vida útil de sus centrales nucleares en ocho años para las centrales más antiguas y en 14 para las más nuevas, según anunció el ministro de Medio Ambiente, Norbert Röttgen.

Esta nueva estrategia energética de Merkel ha sembrado divisiones en la coalición gobernante.

Ante la fuerte oposición a esta iniciativa, el Ejecutivo de Merkel busca alternativas legales que le permitan llevar adelante el proyecto de ley sin que sea necesaria su sanción por el Bundesrat (cámara alta o de los Länder), donde la coalición carece de mayoría absoluta.

Los partidos de la oposición socialdemócrata y verde, así como los gobiernos de algunos Estados federados, han amenazado con acudir al Tribunal Constitucional en el caso de que el Ejecutivo trate de imponer su proyecto de ley sólo con su mayoría en el Bundestag, el Parlamento germano.

Un rotativo alemán se ha hecho eco, además, de un estudio de la organización ecologista Greenpeace en el que se recuerda que la posible prolongación de la vida de las centrales nucleares necesita también del visto bueno de Bruselas, lo que complicaría aún más la iniciativa gubernamental.

Mientras tanto, varios centenares de activistas antinucleares protestaron este fin de semana a las puertas de la Cancillería Federal, en protesta por la decisión del Gobierno de alargar la vida de las plantas atómicas y suspender el acuerdo para su cierre definitivo.

A los manifestantes -provistos de tambores, turutas y vuvuzelas- se han sumado políticos de la oposición verde, socialdemócrata y de La Izquierda.

Con pancartas como 'Energía nuclear: seguro sólo es el riesgo' o 'Tarjeta roja a la energía atómica', los asistentes exigen, según sus portavoces, que el Gobierno 'abandone el irresponsable curso tomado' y cumplan con el compromiso de cerrar todas las plantas atómicas dentro de 12 años.