Dos meses sin ellos. Dos meses sin noticias. Y, lo que es peor, dos meses sin respuestas. Los familiares de los 43 estudiantes mexicanos siguen sus protestas durante las cuales critican la inacción del Gobierno al que exigen que hagan lo posible para encontrar a los jóvenes con vida.

Para marcar los dos meses desde aquella violenta noche del 26 de septiembre, estudiantes, maestros y familiares mantuvieron cortada la Autopista del Sol a su paso por Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, durante más de siete horas. Continúan exigiendo que prosiga la búsqueda de los jóvenes, que desaparecieron tras ser entregados al crimen organizado por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, en una noche en la que murieron seis personas, tres de ellas estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

Según han declarado varias de las personas detenidas en relación con este caso, miembros del cártel Guerreros Unidos los asesinaron y los incineraron en un basurero para borrar su rastro. Pese a que había temor de que se produjeran enfrentamientos con las fuerzas federales ante un posible desalojo del bloqueo de la carretera, finalmente los manifestantes se retiraron sin intervención policial.

Durante las últimas horas, la seguridad en Chilpancingo ha sido reforzada y han llegado numerosos elementos de la Policía Federal ante el miedo de que se repitan las acciones de violencia que se han registrado durante las manifestaciones en los últimos dos meses. Horas después del comienzo del bloqueo, los familiares anunciaban que habían cancelado una reunión que iban a tener con el Gobierno mexicano ante la inasistencia de los cuatro funcionarios de alto nivel que, por acuerdo, tienen que participar en las mesas de diálogo.

El representante de los padres, Felipe de la Cruz, explicó que el acuerdo con el Gobierno es que a las reuniones informativas asistan el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda; el director de la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía, Tomás Zerón; Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad, y Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal.

Sin embargo, añadió, ninguno de estos funcionarios iba a estar presente en una reunión que iba a celebrarse hoy, por lo que los familiares la cancelaron hasta nuevo aviso. 'No cumplieron con el compromiso que se adquirió en la Presidencia de que la comisión mixta iba a estar formada por funcionarios de alto nivel, y en la reunión pasada no estuvieron ellos y nuevamente querían hacer lo mismo', apuntó.

Por otro lado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, prometió hoy que el Gobierno va a seguir adelante 'para que la investigación deje satisfechos por su pulcritud y transparencia a todos los mexicanos' y 'que se sepa que lo único que nos mueve es saber la verdad y encontrar los responsables'. En un evento público en la capital mexicana Osorio advirtió que la investigación 'llegará hasta las últimas consecuencias' y que 'los responsables deberán enfrentarse a la justicia'. 'Hay un número significativo de detenidos, todos ellos responsables, y por supuesto que hay órdenes de aprehensión en camino para que todos y cada uno de los que tuvieron que ver con los hechos paguen como marca la ley', anotó.

Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmó que la desaparición 'marca un punto de inflexión' que permitirá construir, entre sociedad y Gobierno, un país alejado de la violencia. El mandatario, que ha presentado una nueva política en seguridad para calmar la 'gran consternación nacional' e internacional por lo ocurrido en Iguala. Peña Nieto llamó a los ciudadanos a tener una actitud 'positiva y de propuesta', que será 'la que nos permita modelar entre todos, entre sociedad y Gobierno, el México que queremos tener y el México que queremos proyectar hacia el mundo entero'.