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México Votar en el país de la guerra sin trincheras

México acude el domingo a las urnas tras la campaña más sangrienta de su historia. Al menos 133 políticos han sido asesinados. Desde que el expresidente Felipe Calderón declaró la “guerra al narco”, más de 260.000 personas han sido asesinadas y 36.000 están desaparecidas.

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Varias personas apoyan el cierre de campaña del candidato a la presidencia de México Andrés ManuelLópez Obrador. / Reuters

Omar García Velásquez tiene 27 años y es un sobreviviente. Hace cuatro años, la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 de sus compañeros de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron sin dejar rastro. No por propia voluntad. Los desaparecieron. Habían tomado por la fuerza varios autobuses en Iguala, a 200 kilómetros de la Ciudad de México. Querían acudir a la marcha que conmemora la matanza de Tlatelolco, cuando cientos de estudiantes murieron acribillados en 1968. No llegaron a su destino. La versión oficial dice que fueron víctimas de un grupo de narcos, que los secuestró, los quemó y tiró sus restos a un vertedero. García niega esa tesis: “Fue el Estado. Miembros del Ejército y policías federales, por orden de las autoridades a nivel federal”. Él está vivo, puede denunciar, puede pelear para que el crimen no quede impune.

García vive ahora en México DF. Sobrevivir lo convirtió en amenazado. “Tuve que salir de mi pueblo, de mi Estado, las amenazas son constantes y no se investigan. Me llamaban por teléfono, me dejaban mensajes en las redes sociales. Aquí no creo que este tan seguro, pero trabajo, estudio, etcétera. Si algo va a pasar pues, pasará”, dice. No habla desde la resignación. A pesar de lo padecido, no ha dejado el activismo.

La línea que separa miembros del Estado de crimen organizado es muy delgada

Nadie sabe qué fue de los 43 de Ayotzinapa. Desde que se perpetraron los hechos solo se han identificado los restos de uno de los estudiantes. Tampoco las investigaciones han dado sus frutos. Después de superarse el centenar de detenidos, no se ha determinado qué ocurrió aquella noche ni quiénes son los responsables. Los relatos siguen oscilando entre quienes aseguran que fueron víctimas de los narcos, que les castigaron por secuestrar un autobús en el que habría escondido un alijo, hasta quien responsabiliza directamente a algún cuerpo uniformado. La línea que separa uno y otro grupo, crimen organizado y miembros del Estado, es muy fina y es difícil determinar si alguien forma parte solo de uno, otro, o de ambos.

El caso de los normalistas de Ayotzinapa es un símbolo de las desapariciones forzosas y el crimen de Estado para un México que acude a elecciones marcado por la violencia.

Todas las encuestas dan como vencedor al izquierdista Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena (Movimiento de Regeneración Democrática). Por detrás, Ricardo Anaya y José Antonio Meade. El primero, liderando una extraña coalición entre el derechista Partido de Acción Nacional (PAN) y el progresista Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde López Obrador militó hasta su marcha en 2011. El segundo, como aspirante tecnócrata del Partido de la Revolución Institucional (PRI), que ha dominado la política mexicana casi ininterrumpidamente desde hace 80 años.

La violencia es una de las grandes preocupaciones para los mexicanos y no parece que nadie tenga una receta para ponerle fin.

Las cifras son espeluznantes. Desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón dio inicio a lo que denominó “guerra contra el narco”, el país se hunde en un charco de sangre. Al menos, 230.000 asesinados. Al menos, 35.000 desaparecidos. Una tasa de homicidios de 20 por cada 100.000. Cierto es que todavía está por debajo de sus vecinos centroamericanos. México no llega a los niveles de Guatemala (26 muertes violentas por cada 100.000), Honduras (43 por cada 100.000) o El Salvador (64 por cada 100.000). No obstante, mientras que la tendencia en estos países va a la baja, en México los números no hacen sino crecer. En el último año, al menos 26.000 personas fueron asesinadas. Es difícil hacerse una idea de qué significan estas cifras. Imaginemos, por ejemplo, el estadio de Vallecas, con su aforo completo, todos cadáveres. Multipliquémoslo por dos. Ese es el número de víctimas de homicidios solo en un año en México.

“Antes esto no era así”, dice Ixchel Cisneros, directora de Cencos (Centro Nacional de Comunicación Social), una ONG que denuncia las violaciones de Derechos Humanos en México. Responsabiliza a la “guerra contra el narco” decretada por Calderón pero recuerda que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, ha sido incapaz de detener la sangría. De hecho, las cifras de homicidios y desapariciones ya superan a las de su antecesor.

La última campaña de Cencos se llama Voces Libres y alerta sobre el asesinato de periodistas. En los últimos seis años, un total de 46 informadores han sido asesinados. El caso más conocido es el de Javier Valdez, muerto a tiros en Sinaloa el 15 de mayo de 2017. Si algo caracteriza a estos crímenes, según Cisneros, es la impunidad. Lo habitual es que nunca llegue a saberse quién mató al periodista. En caso de que sí que se detenga al que apretó el gatillo, lo que nunca se averigua es quién dio la orden.

Primero les mataron; luego trataron de hacer creer que se lo habían buscado

A los 46 periodistas asesinados se suma la ejecución extrajudicial de 106 defensores de Derechos Humanos. Cuando hablamos de esta categoría, hacemos mención a la participación directa del miembros del Estado.

“Antes se decía que mientras no nos metamos en problemas o andemos de revoltosos, no pasa nada. A esta hora, todo el mundo está propenso de que te desaparezcan, te confundan con un narco, quieran tratar con tu cuerpo en el caso de las mujeres, o tus órganos. ¿Quién está exento?”, se pregunta Omar García. En su opinión, uno de los castigos sufridos por los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa es la revictimización y la criminalización. Primero, les mataron. Luego, trataron de instalar el discurso de que algo habían hecho, que se lo habían buscado.

Explicar por qué la violencia se ha desatado en México es complejo. Antes del inicio de la “guerra” de Calderón existía una especie de acuerdo entre el Gobierno del PRI y los cárteles, según explica el investigador José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El conflicto descabezó las estructuras criminales, con arrestos como el de Chapo Guzmán, todopoderoso líder del cártel de Sinaloa, extraditado a Estados Unidos en 2017. Estas se fragmentaron en un todos contra todos. Los Zetas, cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, etcétera, son nombres trágicamente populares. Más grupos ampliando sus negocios (drogas, armas, trata, migración irregular) y pugnando por las plazas. Más muertos. El ejército en las calles. Y la cifra de víctimas desatada.

La carrera electoral más sangrienta 

La violencia también ha estado presente en campaña. Por un lado, en los discursos de los candidatos. Por otro, con ataques directos contra políticos y cargos públicos. Esta es la carrera electoral más sangrienta de la historia de México. En total, según datos de la consultora Etellekt, al menos 133 muertos, entre precandidatos, candidatos y cargos institucionales. Hay que tomar en cuenta que estas son las elecciones más grandes de la historia de México, en las que se escoge un 80% de sus puestos institucionales. Hay zonas en las que resulta muy difícil ejercer algún poder sin el beneplácito del grupo criminal que la controla y los cargos públicos se ven obligados a enfrentarse a la disyuntiva “plata o plomo”, popularizada por el narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Al menos 34 de los detenidos sufrieron torturas a manos de la policía

Si resulta difícil explicar cómo se ha llegado a esta situación, más complejo es plantear cómo salir de ella. Todas las encuestas dan por ganador a Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena. En un primer momento, puso sobre la mesa una idea de amnistía que no fue bien explicada, como reconoce Aníbal García, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). En su intervención en el cierre de campaña, celebrado el miércoles en el Estadio Azteca, el previsiblemente futuro jefe de Gobierno habló de combatir el crimen respetando los derechos humanos y de establecer un plan contando con diversos actores: policías, grupos de defensa de DDHH, ONU. En caso de ganar el domingo tiene cinco meses hasta que asuma el puesto para definir su propuesta. Su explicación, sin embargo, trata de ir más allá del militarismo. Considera que el origen de la violencia está en la desigualdad y la pobreza y fía todo a la lucha contra la corrupción como receta para pacificar el país. Como ejemplo, su lema “becarios sí, sicarios no”, para promover becas a estudiantes y alejarles de las redes criminales.

Quien llegue al gobierno se va a encontrar un país hecho pedazos. La gente ha normalizado la violencia. No te voltea ver a una madre a la que le han desaparecido un hijo porque son tantas que solo te impacta si te ocurre a ti directamente”, dice Ixchel Cisneros.

Para Omar García la llegada de López Obrador puede ser una esperanza, al menos para los sobrevivientes de Ayotzinapa y las familias de las víctimas. Recuerda que el líder de Morena se ha comprometido a promover la investigación. Y pone en valor la reciente sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede Ciudad Reynosa, Tamaulipas, que obliga a repetir las pesquisas ante las graves irregularidades detectadas. Al menos 34 de los detenidos sufrieron torturas a manos de la policía.

Existe un ambiente contradictorio en México. Por un lado, desazón ante un Estado incapaz de frenar la sangría. Por otro, esperanza por la previsible llegada al poder de un líder, López Obrador, que promete un “cambio”. Frenar la matanza será una de sus primeras tareas.