Hace unas semanas se respiraba un ambiente de determinación en el máximo tribunal administrativo de Turquía. Un grupo de mil abogadas quería tumbar la orden del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que a golpe de decreto en marzo de 2021 retiró a Turquía de un tratado internacional contra la violencia machista. La anulación del llamado Convenio de Estambul provocó una oleada de protestas multitudinarias en grandes ciudades de Turquía.

El pacto, creado por el Consejo de Europa y firmado por más de cuarenta países y ratificado por una treintena, establece un marco legal para prevenir y actuar contra la violencia contra las mujeres. Recientemente, Ucrania lo ha ratificado, mientras que otros países como Polonia amenazan con anularlo. En Turquía las asociaciones por la defensa de los derechos de las mujeres argumentan que el pacto, pese a que no se cumplía a rajatabla, servía de guía para acercarse a una legislación más igualitaria, con medidas para proteger a la víctima en el proceso de denuncia y durante el juicio.

Erdogan ordenó la retirada del pacto con la autoridad que se le había otorgado tras un referéndum en 2017 en el que el país pasó de tener un sistema parlamentario a uno presidencialista, con una mayor concentración de poderes en manos del presidente. Las abogadas aseguran que como el convenio fue ratificado por decisión del Parlamento turco en 2011, el presidente no tiene el poder de ordenar su retirada mediante decreto.

"El Parlamento no anuló la ley de ratificación del convenio ni ha aprobado una nueva legislación para terminar con el convenio, por lo que la acción del presidente no es legal", declaró la Fiscalía durante el juicio. Antes de la primera audiencia, celebrada el pasado mes de abril, la policía impidió a decenas de mujeres entrar en el tribunal dispersando a la muchedumbre con gas lacrimógeno. "Soy abogada desde hace años y nunca he visto una audiencia como esta. Esta ley es de vital importancia", declaró la abogada Senal Sarihan en las puertas del tribunal. "En 2021 fueron asesinadas 280 mujeres. Estamos protegiendo nuestro derecho a la vida. Si no podemos proteger este derecho, los demás derechos no tienen valor", añadió.

Presión de grupos islamistas

El Gobierno justificó la anulación del Convenio de Estambul porque "normaliza la homosexualidad". Sin embargo, el pacto solo aclara que las medidas de prevención contra la violencia no deben discriminar "por orientación sexual". Erdogan también declaró que algunas "expresiones" del tratado se han convertido en un medio para "destruir el concepto de familia", en alusión a uno de los puntos del texto, que describe las relaciones de "personas que viven juntas" sin especificar si están casadas. Varias asociaciones islamistas cercanas al Gobierno criticaron durante meses el convenio por los mismos motivos y acusaron a grupos feministas de ir en contra de los valores nacionales.

"Era una herramienta clave para la prevención de la violencia machista. Hay muchos fallos en el sistema y sin el convenio hay más impunidad. De momento seguimos en las calles porque aún tenemos esperanza", explica Merve, miembro de la asociación feminista Pararemos los asesinatos de mujeres.

"Según el convenio, los delitos relacionados con la violencia contra la mujer deberían quedar excluidos de medidas como la mediación obligatoria, pero en Turquía cuando una víctima de violencia se quiere divorciar, en muchas ocasiones la administración impone a un mediador. Las víctimas están expuestas y son muy vulnerables sin el tratado", describe Özge Yücel, una de las abogadas que ha recurrido la decisión de Erdogan.

El tribunal administrativo no anula la decisión

Por una votación de 3-2, el máximo tribunal administrativo del país dictaminó el pasado miércoles que el decreto presidencial no era ilegal y rechazó revocar la decisión de Erdogan. Organizaciones feministas no aceptan el veredicto y han decidido apelar la decisión. "Nuestra lucha por el Convenio de Estambul no terminará hasta que nosotras digamos que termina, seguiremos en las calles y las plazas", declaró la plataforma de Pararemos los asesinatos de mujeres en protestas en varias ciudades del país tras la decisión del tribunal.

El principal partido en la oposición, el CHP, de tendencia socialdemócrata, asegura que si gana las próximas elecciones promete restaurar el convenio el primer día de legislatura. "Esta decisión no es una derrota para las mujeres, es un reflejo de la renuncia de Turquía a ser un Estado de derecho", explica Özge Yücel y añade: "Es un punto de inflexión importante en la pérdida de la independencia judicial".

En lo que va de año, 233 mujeres han sido asesinadas en Turquía, según datos de la plataforma Pararemos los asesinatos de mujeres, que recopila datos de este tipo de casos a través de la prensa y asociaciones locales, ante la ausencia de cifras oficiales.