La periodista afgana Malala Maiwand logró hacer historia: fue la primera mujer presentadora en Enikass TV, una cadena del este de Afganistán. En diciembre pasado la acribillaron a disparos. Un día después fue silenciado otro periodista: se llamaba Fardin Amini y lo encontraron degollado en una ladera de Kabul, la misma Kabul que hoy estremece al mundo tras la victoria talibán.

Antes de que los combatientes fanáticos volviesen a hacerse oficialmente con el poder, Afganistán arrojaba nombres e historias como los de Malala y Amini. Varias organizaciones de derechos humanos denunciaron estos y otros casos hasta el cansancio, mientras EEUU mantenía su relato sobre sus supuestos éxitos en ese país asiático.

"El conflicto en Afganistán cumplió 20 años y siguió cobrándose un número elevado de víctimas civiles. Tanto los talibanes como otros grupos armados lanzaron deliberadamente ataques contra la población civil y contra bienes de carácter civil, en contravención del derecho internacional humanitario", destacaba Amnistía Internacional en su último informe anual sobre la situación en materia de derechos humanos en distintos puntos del planeta. "No hubo rendición de cuentas por estos crímenes –remarcaba–, ya que persistía la impunidad".

El informe de AI se hacía eco de los datos de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), que había documentado que del 1 de enero al 30 de
septiembre de 2020 2.177 civiles habían perdido la vida y 3.822 habían sufrido heridas. "Aunque estas cifras suponían una reducción del 30% del número de víctimas civiles con respecto al mismo periodo de 2019, el número total de muertes de civiles se mantuvo casi invariable", apuntaba. Los talibanes habían sido identificados como los autores del 45% de esos crímenes.

Por su parte, las fuerzas favorables al gobierno "fueron responsables de más de una cuarta parte de las muertes y heridas que se produjeron entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, con 602 víctimas mortales y 1.038 personas heridas. De estas cifras, las fuerzas militares internacionales, en concreto, fueron responsables de 83 muertes y 30 heridos".

Asimismo, los grupos armados y las fuerzas de seguridad afganas –incluyendo a las milicias progubernamentales– "siguieron reclutando para combatir a niños, que sufrieron múltiples abusos, incluso de naturaleza sexual". 

El documento recordaba que durante 2020 el gobierno afgano había establecido "una comisión conjunta para la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil en Afganistán bajo la presidencia del vicepresidente segundo del país, Mohammad Sarwar Danish, formada por activistas y por miembros de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán". Sin embargo, la victoria talibán y el consecuente derrocamiento del Gobierno de Ashraf Ghani ha puesto fin a esa comisión. 

"Ya alertábamos sobre víctimas civiles y decíamos que en las zonas de control de los talibanes los derechos de las mujeres eran violados", señala a Público el director de AI en España, Esteban Beltrán, quien lamenta que la comunidad internacional "hizo oídos sordos" ante estas advertencias.

El informe de AI citaba datos de la Organización Internacional para las Migraciones, que había contabilizado hasta 4 millones de personas convertidas en desplazadas internas en Afganistán, "lo que supuso un incremento con respecto a los 1,2 millones de 2016 y al medio millón de 2013". "Durante ese tiempo, la población internamente desplazada sobrevivió a duras penas, en muchos casos viviendo en campos densamente poblados y enfrentándose constantemente a dificultades para acceder a agua potable, atención médica y empleo". La situación se deterioró aún más a causa de la pandemia.

El pasado 5 de agosto, con las fuerzas talibanes avanzando hacia la toma del poder, Human Rights Watch (HRW) daba a conocer un documento en el que advertía que el Gobierno afgano seguían sin garantizar "medidas de justicia por actos de violencia contra mujeres y niñas", algo que podía verse agravado si, tal como finalmente ocurriría exactamente 10 días después, los combatientes talibanes volvían a tomar el mando del país. 

"Los talibanes han logrado amplios avances territoriales y, por tanto, la perspectiva de un gobierno dominado por ellos también constituye una amenaza para las protecciones de los derechos fundamentales de las mujeres afganas que se establecen en la Constitución y en las normas del derecho internacional", destacaba dicha organización de derechos humanos.

Patricia Gossman, directora asociada para Asia en HRW, alertaba entonces que "los donantes internacionales deben afianzar su compromiso para proteger a las mujeres afganas que se encuentran atrapadas entre la inacción del gobierno y la expansión del control talibán". 

Amenazas a periodistas

En abril pasado, HRW había advertido sobre las campañas deliberadas de los talibanes contra trabajadores de medios de comunicación. "Las amenazas y los ataques contra periodistas en todo el país han aumentado considerablemente desde que se iniciaron las conversaciones entre el Gobierno afgano y los talibanes, lo que aumenta la preocupación por la preservación de la libertad de expresión y de los medios de comunicación en cualquier acuerdo de paz", alertó.

La organización había detectado que "los comandantes y combatientes talibanes han incurrido en un patrón de amenazas, intimidación y violencia contra miembros de los medios de comunicación en áreas donde los talibanes tienen una influencia significativa, así como en Kabul". "Los autores de las amenazas suelen conocer a fondo el trabajo, la familia y los movimientos de los periodistas, y utilizan esta información para obligarles a autocensurarse,  abandonar su trabajo o enfrentarse a consecuencias violentas", subrayaba.