El ex alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez, ahora candidato a gobernador de Quintana Roo por la coalición de izquierdas que lidera el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue detenido el martes por la noche (madrugada de ayer en España) en el aeropuerto de la ciudad caribeña. Está acusado de blanqueo de dinero, delincuencia organizada y fomento del narcotráfico.

La fiscalía mexicana cree que Sánchez mantiene nexos con los cárteles de la droga de los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas, una banda de narcotraficantes implicada también en el tráfico de inmigrantes en el Golfo de México y Centroamérica. Por si esto fuera poco, los fiscales creen que el candidato pudo participar en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, en febrero de 2009, cuando este le asesoraba en la alcaldía de Cancún en materia de seguridad

La fiscalía vincula al ex alcalde con los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas

Esta es la primera vez en la historia de México que se detiene a un aspirante a gobernador en plena campaña electoral. Los comicios están convocados para el 4 de julio en 12 estados del país.

Aunque tanto Sánchez como su partido han denunciado inmediatamente que la detención obedece a motivos políticos, la reputación del ahora procesado ya le había causado problemas en el pasado. El partido gobernante, el PAN, rechazó ir en la coalición que presenta a Sáncheza causa del dudoso pasado de este candidato.

El PRD aseguraque la detención del candidato obedece a 'motivos políticos'

Horas antes de su detención, el candidato denunció en una rueda de prensa en la sede del PRD en Ciudad de México una 'campaña de guerra sucia' en su contra. Pero esta denuncia no paralizó la orden de detención que ya había dictado un juez de Nayarit. Las autoridades le permitieron que volviera a Cancún, pero sólo para que la Policía Federal lo detuviera allí y trasladara luego a una prisión federal de Nayarit.

El presidente del PRD, Jesús Ortega, reiteró ayer que las acusaciones contra su candidato son 'tonterías para poder tenerlo en la cárcel' cuando va bien en las encuestas. Una acusación que la Procuraduría General de la República, la fiscalía mexicana, negó de forma categórica. Su portavoz dijo que habían actuado 'de buena fe' y sin motivaciones políticas.