España y Marruecos van a volver a reunirse en los próximos días para tratar por primera vez en 15 años sobre la delimitación de sus espacios marítimos. Y estas negociaciones amenazan ya con agitar las aguas canarias y saharauis. El nuevo paso para dulcificar la compleja relación que mantienen Madrid y Rabat llega en el marco del guiño del Gobierno de Pedro Sánchez al reino de Mohamed VI tras esa controvertida carta que marca un giro copernicano sobre la soberanía del Sáhara Occidental. El grupo de trabajo conjunto comenzará el diálogo con Canarias en el epicentro y con el revulsivo de las aspiraciones del país magrebí para extraer petróleo tras encontrar un yacimiento cerca del archipiélago.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, ha declarado recientemente que el Gobierno español busca un acuerdo sobre la fachada atlántica en el marco del Convenio de la ONU sobre derechos del mar. Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez evita aclarar si estas negociaciones incluirán también las aguas del Sáhara Occidental. Es precisamente el vacío legal sobre el estatus de la antigua colonia española el que puede tensar la cuerda durante este diálogo y poner a España en una tesitura complicada y contraria al Derecho Internacional si cede a estas pretensiones del país magrebí.

Rabat siempre ha intentado que España y la UE reconozcan la marroquinidad del Sáhara. Algo que en Bruselas nunca han contemplado, a pesar de minar a un país al que consideran un "socio prioritario". En 2020, Marruecos fue un paso más allá y sacó adelante dos leyes para ampliar su territorio marítimo declarando su soberanía sobre las aguas del Sáhara Occidental, un territorio catalogado por Naciones Unidas como pendiente de descolonización. De hecho, en su resolución 690 de abril de 1991, la propia ONU reconoce el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, pero tres décadas el referéndum no solo no se ha celebrado, sino que cada día que el conflicto permanece enquistado se vislumbra más utópico.

La Justicia europea anula los acuerdos comerciales

En este contexto de laguna jurídica sobre el estatus y administración del Sáhara, el encuadre de las aguas y de los recursos saharauis durante las negociaciones bilaterales que arrancan en breve será clave. Para encauzar sus tormentosas pero vitales relaciones con Marruecos, España ha sacrificado su postura histórica con el Sáhara Occidental. Pero tendrá mucho más complicado ceder ante eventuales presiones alauitas sobre las aguas territoriales del Sáhara porque la Justicia europea ha dejado patente el derecho del pueblo saharaui a disponer de sus recursos a través de numerosas sentencias.

La histórica sentencia que el Tribunal General de la UE dictaminó el pasado septiembre no da lugar a dudas: los acuerdos de liberalización de la UE y Marruecos no pueden incluir los recursos y aguas pertenecientes al Sáhara Occidental si no incluyen el beneplácito expreso del Frente Polisario, el reconocido por la ONU como representante legítimo del pueblo saharaui. La Justicia europea no considera ilegales los acuerdos comerciales con Marruecos, pero arguye que deben ser ratificados por el Frente Polisario, algo que nunca ha ocurrido. De hecho, en su recurso, el Frente Polisario arguye que estos acuerdos favorecen la política anexionista de Marruecos sobre su territorio a través de la explotación de sus recursos.

Así, en su fallo, la corte de Luxemburgo hizo constar "que el Frente Polisario goza de reconocimiento a nivel internacional como representante del pueblo del Sáhara Occidental, aun suponiendo que dicho reconocimiento se inscriba en el marco limitado del proceso de autodeterminación del citado territorio". "Además, su participación en ese proceso implica que cuenta con la autonomía y la responsabilidad necesarias para actuar en ese contexto", reza la sentencia.

 La cuestión de fondo no radica en si la UE y Marruecos pueden sellar acuerdos comerciales con el Sáhara, sino si pueden hacerlo sin el consentimiento de la ex colonia española. Y la respuesta de la Justicia europea es clara: No. De momento, la situación se encuentra en stand by y bajo un periodo de gracia establecido tras el recurso de casación interpuesto por el Consejo de la UE ante el Tribunal de Justicia de la UE. En los próximos meses, la mayor instancia de la Justicia europea debe dictar sentencia firme y definitiva.

Negociaciones difíciles

Este último revés es uno más en la extensa lista de varapalos de Luxemburgo al Consejo de la UE en el marco de sus acuerdos con Rabat. Ya en 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que ni el Acuerdo de Asociación con Marruecos ni el pacto sobre la liberalización comercial se debían aplicar al Sáhara Occidental al tratarse de un territorio "separado y distinto" del país ocupante. Dos años después, en otro fallo sin precedentes, este tribunal anuló el acuerdo de pesca bajo el mismo argumento. Este fallo fue especialmente relevante porque es en el territorio saharaui donde se encuentran el 91,5% de todas las capturas contempladas en el acuerdo Bruselas-Rabat.

Por todo ello, si en las negociaciones venideras con Rabat el Gobierno español incluye las aguas del Sáhara Occidental, estaría vulnerando el Derecho Internacional. La partida de ajedrez está servida: es difícil prever que Marruecos vaya a renunciar a negociar unas aguas tan jugosas que, además, considera como propias. Pero igualmente complicado es que el Gobierno español pueda aceptar incluir las aguas de un territorio no autónomo corriendo el riesgo de librar una larga batalla en los tribunales internacionales.