Familiares y amigos del periodista Pablo González han iniciado una nueva campaña para defender sus derechos básicos en la plataforma change.org, que cuenta ya con 1.978 firmas. El periodista lleva incomunicado desde la última visita del Consulado español, que se produjo el 2 de abril.

Una cuestión que vulnera la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cual ampara el derecho a la integridad física y psíquica, y el respeto a las comunicaciones y a su domicilio. Por ello, los seres queridos de González piden al Gobierno que se cumplan los derechos del periodista para acabar con su incomunicación, que se facilite el asesoramiento legal y que se respete su presunción de inocencia.

"Los familiares y amigos de Pablo González exigimos al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; al ministro de Exteriores, José Manuel Albares; a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se asista a Pablo González tal y como garantiza la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU", señalan desde la plataforma.

El corresponsal fue detenido por las autoridades polacas acusado de ser un espía ruso cerca de la frontera con Ucrania, en la ciudad de Przemysl, desde el 28 de febrero. González se había desplazado a la urbe polaca para informar sobre el éxodo masivo de ciudadanos que habían causado las tropas militares rusas. Allí realizó un directo para La Sexta Noche e informó sobre la situación en la frontera polaca-ucraniana, que negaba su acceso a las personas de color.

La situación de Pablo González, en 'stand by'

El lunes 28 de febrero publicó su último tweet a las 00.13 horas de la madrugada en la red social: "Detenido en la localidad polaca de Przemysl". Aquella mañana pudo comunicarse con su mujer en la localidad vizcaína de Nabarniz. Desde hace más de un mes, sus allegados no han vuelto a contactar con el periodista.

El gobierno polaco explicó los motivos de su detención en la cárcel de Rzeszów, por el cual se mantendrá de manera provisional hasta el 29 de mayo. Las autoridades polacas aseguran que González trabaja para el Kremlin, en concreto como miembro de la inteligencia militar rusa, acusado por un delito de espionaje del artículo 130.1 del Código Penal polaco, delito penado con hasta diez años de prisión.

Los oficiales polacos se basan en los orígenes del periodista, nacido en la capital rusa de Moscú, bajo el nombre de Pavel Alekseevich Rubtsov. Estos agentes consideran que González obtuvo la nacionalidad española a la llegada de su madre al país, sin embargo, sus dos pasaportes legales no le han causado ningún problema en sus viajes.

La defensa del reportero permanece en una situación de stand by. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró en la semana del 7 de marzo que el periodista estaba recibiendo asistencia consular al asignarse una abogada de oficio, tras la renuncia de la primera, como desveló Público.

Aunque el ministro señaló que la presunción de inocencia de González "no está siendo vulnerada" y que cuenta con "dos abogados", en referencia a su abogado privado, Gonzalo Boye, y un segundo letrado polaco de su elección. Sin embargo, el titular de Exteriores destacó que "hay muchas cosas que no podemos revelar", petición a la que también se suma el periodista.

Amnistía Internacional pide un juicio justo 

La organización Amnistía Internacional (AI) pidió la semana pasada un juicio justo para el comunicador, que lleva retenido desde el 28 de febrero en Polonia. AI exige que "se respete su derecho a un proceso justo y con las debidas garantías", así como se le facilite la comunicación con su familia, con la que lleva sin contactar desde el mismo día.

La plataforma ha contactado con la Embajada de Polonia en España para "garantizar el derecho a comunicarse con sus familiares" y advierte que la falta de contacto con el exterior dificulta la capacidad de las personas detenidas para preparar su defensa, y afecta a sus derechos a la vida privada y familiar y a su salud".

Faltan nueve días para que el periodista cumpla 40 años. González solo ha recibido dos visitas por parte del Consulado español, una el 7 de marzo y otra reunión el 2 de abril. Después de casi más de dos semanas, la situación del periodista continúa en medio del limbo jurídico en las cuerdas de la ofensiva militar en el exterior.