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Tres nuevos motines en cárceles de Brasil dejan al menos 32 muertos y 38 huidos

Una treintena falleció en el motín de 14 horas en la Penitenciaria Estatal de Alcaçuz. Dos murieron y 28 huyeron en la Penitenciaria Estatal de Piracuara y otros diez se fugaron del Presidio Regional de Ibirité

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Cuerpos de internos son trasladados para su identificación en la prisión de Alcaçuz. EFE/Ney Douglas

SAO PAULO (BRASIL).- Una nueva matanza perpetrada en una cárcel brasileña y otros dos motines en sendas prisiones ponen en jaque las diferentes medidas adoptadas recientemente por el Gobierno para contener los motines provocados por guerras entre facciones criminales y en los que más de una centena de presos han muerto durante la primera quincena del año.

La muerte por lo menos treinta presos la noche del sábado en la Penitenciaria Estatal de Alcaçuz, en la ciudad de Nisia Floresta, región metropolitana de Natal y la mayor cárcel del nororiental estado de Río Grande do Norte, levantó una vez más la bandera de la crisis carcelaria agravada en los últimos días. Este domingo, además, al menos dos presos murieron y otros 38 huyeron hoy de dos cárceles.

El motín más sangriento de los tres hasta el momento duró más de catorce horas y terminó cuando la Policía Militarizada irrumpió en el presidio para retomar el control. Este domingo, varios presos huyeron de la Penitenciaria Estatal de Piracuara, en la región metropolitana de Curitiba, capital de Paraná (sur), después de que una explosión derrumbara uno de los muros del centro carcelario, según el servicio estatal de noticias Agencia Brasil.

En la acción, cuando los agentes penitenciarios y la Policía intervinieron para evitar la fuga, se registró un tiroteo en el que dos reclusos murieron y otros 28 consiguieron fugarse. La Secretaría de Seguridad Pública de Paraná indicó que en la madrugada de este domingo se presentaron tumultos para desviar la atención de los guardias y facilitar que un grupo de unos quince hombres fuertemente armados explosionara la mañana de este domingo uno de los muros de la cárcel.

Durante la fuga, cuatro presos hicieron rehenes a los integrantes de una familia en la vecina ciudad de Quatro Barras, pero fueron rendidos por un grupo especializado de la Policía Militarizada, que con helicópteros y patrullas realiza las labores para volver a capturar a los fugitivos.

La otra fuga masiva ocurrió en el Presidio Regional de Ibirité, en la región metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais (sudeste), cuando diez de los trece presos que compartían una celda serraron los barrotes y escaparon en la madrugada. Los tres motines se producen pocos días después de que el Gobierno y varios organismos hayan intensificado sus acciones y planes para contener la crisis y evitar más masacres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el jueves al Gobierno de Brasil "acciones concretas" contra la violencia en sus cárceles, tras la muerte de mas de un centenar de personas en sucesos ocurridos en centros de detención de los estados de Amazonas y Roraima (norte) y Paraiba (nordeste).

La primera medida inmediata tomada por el Gobierno fue el envío esta semana de la Fuerza Nacional, un cuerpo de elite de la Policía, a los estados de Roraima y Amazonas, donde se registraron las más cruentas rebeliones, y a otros que solicitasen el apoyo federal.

La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Carmen Lucia Antunes, pidió también el jueves durante un encuentro con los titulares de los tribunales regionales un "esfuerzo concentrado" a los estados del país para acelerar el análisis de los procesos penales de los presos. El ministro brasileño de Justicia, Alexandre de Moraes, reconoció el mismo jueves que el "mayor problema" de las cárceles del país "es la corrupción".

El Gobierno se ha comprometido con un presupuesto de 135 millones de dólares a instalar "dos escáneres" en todas las cárceles y a construir cinco prisiones federales, con el objeto de garantizar la seguridad y reducir el grave hacinamiento que sufren los penales. Justo esta semana, el secretario de Justicia y Ciudadanía de Río Grande do Norte, Wállber Virgolino, denunció que los estados hacen acuerdos con los presos para evitar rebeliones.

Un grupo de presos es custodiado por la Policía en la prisión de Alcaçuz en la ciudad de Natal.- EFE/Ney Douglas

Datos preliminares del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) señalaron que el 65% de las prisiones del país no tiene detectores de metales ni inhibidores para bloquear las señales de los celulares, que son utilizados por los reos para organizar sus actividades delictivas. Además de las precarias condiciones de las cárceles, el hacinamiento ha sido una preocupación constante de los responsables del sistema carcelario. Con 622.000 presos, lo que supone un 67,3 % más de su capacidad, Brasil tiene la cuarta mayor población penal del mundo, por detrás de Estados Unidos, China y Rusia.

El presidente de Brasil, Michel Temer, quien este domingo en su cuenta de la red social Twitter manifestó que está "acompañando" la situación en Río Grande do Norte, afirmó esta semana que las bandas criminales "preocupan" a la nación "como un todo" porque se rigen por su propias reglas, las cuales están "fuera del Estado".

La crisis del sector penitenciario comenzó el primer día del año con un motín en una cárcel de Manaos, capital de Amazonas, en el que 56 presos murieron; siguió con otra rebelión en un centro de detención rural de la misma ciudad con cuatro más y continuó en Boa Vista, capital de Roraima, con al menos 33 detenidos muertos.

Otros dos cuerpos más fueron encontrados en la misma cárcel de Boa Vista, aunque al parecer estaban ya enterrados desde días antes del motín, y dos reclusos murieron también a comienzos de año en una rebelión en una cárcel de Paraiba, cifra que aumentó con las muertes del sábado en Río Grande do Norte.

El episodio en Manaos supuso la segunda mayor masacre en la historia carcelaria de Brasil tras la ocurrida en 1992 en una casa de detención de Sao Paulo, conocida como Carandiru, en la que murieron 111 reclusos después de la intervención de la Policía Militarizada para retomar el control del ahora extinto presidio.

Esa matanza, de acuerdo con las investigaciones, se produjo por el enfrentamiento entre internos del Primer Comando de la Capital (PCC), que concentra sus operaciones en Sao Paulo, y Familia del Norte (FDN), de la región amazónica y vinculada al Comando Vermelho (CV), la mayor organización criminal del Río de Janeiro.