El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha confirmado este martes que su Gobierno pondrá fin al acopio masivo de datos telefónicos de estadounidenses que realiza la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y confió en que eso responderá a las preocupaciones ciudadanas sin afectar a la lucha terrorista. En rueda de prensa al término de la III Cumbre sobre Seguridad Nuclear en Holanda, el mandatario opinó que las nuevas reformas rebajarán las preocupaciones sobre la acumulación de 'metadatos' telefónicos (es decir, las características de la llamada, pero no su contenido) y asegurará que hay suficiente supervisión a cargo del poder judicial.

'Estoy seguro de que (las nuevas regulaciones) nos permitirán hacer lo necesario para enfrentarnos al peligro de un ataque terrorista, al tiempo que aliviará algunas de las preocupaciones que la gente ha transmitido', explicó Obama. En su opinión, con las nuevas medidas se asegura que el gobierno 'no está en posesión de datos (telefónicos) masivos'.

Puntualizó que las 'hipótesis de la gente sobre algunos de los peligros' de esa recopilación eran exageradas, porque ya había 'salvaguardas'. Obama confió en que el Congreso no ponga objeciones para aprobar las nuevas normas, recomendadas por un grupo de expertos independientes creado tras las revelaciones realizadas por el exanalista privado Edward Snowden acerca del poder de espionaje telefónico de la NSA.

Pese a que la NSA sigue manteniendo su extenso mandato de acción en el exterior, Obama aseguró que las revelaciones de espionaje sobre países aliados, aunque 'haya podido ser irritante, no define las relaciones entre países'. Reiteró que la cooperación en inteligencia con los aliados sigue siendo importante para la lucha global contra el terrorismo o la proliferación nuclear, uno de los temas centrales de la cumbre recién celebrada en La Haya.

'Lo que ha pasado es que la tecnología ha evolucionado a un ritmo que no han podido seguir las directrices y estructuras que limitan a nuestras agencias de inteligencia', opinó Obama. Ante las quejas de países aliados, en especial de los socios de la Unión Europea (UE), por el espionaje a sus ciudadanos o líderes políticos, Obama anunció el pasado enero que las nuevas regulaciones tendrían en cuentan la privacidad de los ciudadanos extranjeros, no protegidos constitucionalmente en EE.UU. del espionaje de la NSA.

La principal medida, adelantada por The New York Times, y en la que ya trabaja el Departamento de Justicia para reducir el espionaje masivo, consiste en que a partir de ahora el Gobierno sólo podrá solicitar registros a las compañías de telecomunicaciones con una orden judicial cuando haya sospecha de vínculo terrorista.

Si el Congreso, a quien Obama ha dado la última palabra en este asunto, aprueba esa propuesta, EEUU pondría fin a una práctica que comenzó bajo el mandato de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que reveló Snowden, refugiado en Rusia tras destapar el año pasado el escándalo del espionaje por parte de la NSA. Desde hace más de una década esta agencia tiene permitido hacer acopio de los llamados metadatos telefónicos para investigar a sospechosos de terrorismo con la condición de destruir los registros al cabo de cinco años.

Las compañías de telecomunicaciones se resistieron desde el primer momento a aceptar conservar los datos durante ese periodo de tiempo, por lo que la Administración ha cedido y no les exigirá que los guarden más allá del tiempo que se les requiere ahora, dieciocho meses, según las fuentes consultadas por The New York Times. Con esta orden en la mano, el Gobierno tiene derecho a pedir a estas empresas información sobre todas las nuevas llamadas que efectúe o reciba la persona investigada desde que la solicitud entre en vigor.

Como parte de la propuesta, la Administración Obama ha decidido pedir al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera que renueve el programa tal y como está configurado ahora por otros noventa días, tras los cuales, según las fuentes del diario, comenzarían a aplicarse los cambios, de tener el visto bueno del Congreso. Un comité independiente de expertos recomendó ya en diciembre del año pasado a la Casa Blanca dar la custodia de esos millones de registros telefónicos a las empresas de telecomunicaciones y que sólo sean provistos a la agencia con una orden judicial concreta.

Hasta el momento había trascendido de fuentes oficiales consultadas por los principales medios del país que Obama estudiaba las cuatro alternativas que le han presentado el Departamento de Justicia y los responsables de Inteligencia para que la Agencia de Seguridad Nacional deje de custodiar millones de datos telefónicos y en su lugar lo hagan otras agencias o entidades.

Las opciones que estaban sobre la mesa de Obama eran que esos metadatos telefónicos pasarán a estar bajo el control de las operadoras de telecomunicaciones privadas, de otra agencia federal como el FBI, o de una entidad ajena al Gobierno y a las compañías telefónicas. La cuarta alternativa, a falta de que cualquiera de las anteriores lograra el consenso total, sería poner fin a la recopilación de datos telefónicos de los estadounidenses y buscar un método alternativo para investigar a sospechosos de terrorismo y garantizar la seguridad nacional.

Pero la posición que dejó clara Obama cuando anunció las futuras reformas en la NSA el pasado 17 de enero fue que, a su juicio, el programa debe continuar porque es útil para la lucha antiterrorista pero tiene que ser reformado. Desde que trascendiera el escándalo del espionaje en 2013, Obama ha reiterado que la clave es buscar el equilibrio entre seguridad y privacidad. Un discurso que, de momento, no ha logrado satisfacer ni a quienes piden mantener intactos los programas de espionaje de la NSA para evitar ataques a EE.UU. ni a los que creen que éstos han ido demasiado lejos.