El equipo de asesores jurídicos de Barack Obama está estudiando dar marcha atrás y proponer al presidente estadounidense que los sospechosos del 11-S sean juzgados en un tribunal militar, y no en una corte federal en Nueva York, como el Departamento de Justicia anunció inicialmente.

El cambio radical de estrategia, que adelantó ayer el Washington Post y del que se lleva hablando varios días, sería parte de una trato con los republicanos para a cambio conseguir su apoyo en el cierre de Guantánamo, donde todavía permanecen 188 prisioneros.

La Casa Blanca no dice nada pero parece casi seguro que no cumplirá la promesa hecha el pasado noviembre por el fiscal general, (ministro de Justicia) Eric Holder, de juzgar en Manhattan a los cinco sospechosos de los atentados.

'No se ha tomado ninguna decisión', indicó ayer el portavoz Robert Gibbs. 'Hemos estado evaluando la situación desde que la ciudad de Nueva York planteó problemas de seguridad'. Holder reconoció hace semanas al Post que las comisiones militares seguían siendo 'una posibilidad'.

En los últimos meses ha crecido la oposición, y no sólo conservadora, a juzgar a los terroristas en un tribunal civil. En enero, responsables neoyorquinos, incluido el alcalde, Michael Bloomberg (que al principio respaldó la decisión), pidieron a Obama que llevara los juicios a otra parte porque iban a paralizar el centro de la ciudad durante años.

En el banquillo, en sesiones públicas, iban a sentarse Khalid Sheikh Mohamed, presunto cerebro de la operación; Ali Abd al-Aziz Ali, conocido como Ammar al Baluchi, pakistaní, sobrino de Mohammed e identificado como su lugarteniente en la operación terrorista; Mustafa Ahmed al-Hawsawi, saudí, que ayudó a financiar los atentados; Walid bin Attash, yemení, veterano de las guerras de Afganistán; y Ramzi Bin al Shibh, también yemení, que hizo de intermediario entre la célula de Hamburgo y la cúpula de Al Qaeda.

La Casa Blanca ha buscado alternativas en otras partes del Estado de Nueva York, en Virigina y en Pensilvania, los lugares donde se cometieron los atentados, preferiblemente en bases militares, con escaso éxito.

'Si este cambio se materializa, Obama habrá dado un duro golpe a su propio Departamento de Justicia, y a los valores estadounidenses', declaró el director de la Unión para las Libertades Civiles, Anthony Romero. 'Si el presidente vuelve a las comisiones militares traicionará su promesa de campaña de acatar la ley, demostrará que sus principios no son muy sólidos y perderá toda credibilidad con los estadounidenses que respaldan la Justicia'.

Al revisar la situación de los presos de Guantánamo, Obama nunca descartó recurrir a las comisiones militares, tribunales especiales creados en 2006 por Bush y revisados por la nueva Administración al prohibir el uso de pruebas obtenidas bajo tortura.

Últimamente, la prensa ha hablado de unas negociaciones discretas entre el jefe de Gabinete de Obama, Rahm Emanuel, y un senador republicano próximo a John McCain, Lindsey Graham, de Carolina del Sur, sobre el procedimiento a seguir en la detención de terroristas.

El pasado diciembre, muchos conservadores protestaron porque a Umar Faruk Abdulmutallabad, el joven nigeriano que intentó inmolarse en un avión rumbo a Detroit, se le leyeron sus derechos al detenerle.