Naciones Unidas ha corroborado, en un texto cargado de ambigüedades, lo que varias ONG ya habían denunciado: en Libia se cometieron crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. La comisión de investigación que la ONU designó para indagar en la guerra libia, ha culpado de las atrocidades tanto a las fuerzas de Muamar Gadafi como a los rebeldes.

La comisión, que ha preparado su segundo informe que presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo 9 de marzo, también responsabiliza a la OTAN de la muerte de civiles. No obstante, el informe dice que los aliados "no lo hicieron de forma deliberada", y en los casos en que ocurrió "no se puede determinar si, al atacar, la organización tuvo en cuenta el objetivo de evitar muertes de civiles y si tomó todas las precauciones a este propósito".

Otras de las ambigüedades del documento se aprecian en el momento en el que la comisión aborda el asesinato de Gadafi. El mandatario libio fue apresado con vida. Los vídeos tomados con teléfonos móviles en el momento de su captura cuando intentaba huir de la ciudad de Sirte apuntaban a que fue maltratado y, probablemente, ejecutado de manera sumaria.

La ONU es "incapaz de confirmar que la muerte de Gadafi fue un asesinato ilegal"

La comisión alega que no ha podido tener acceso a la autopsia ni pudo entrevistarse con testigos directos de la muerte, por lo que "es incapaz de confirmar que la muerte de Muamar al Gadafi fue un asesinato ilegal". A esa misma conclusión llegó la comisión en el caso de Mutassim, hijo de Gadafi igualmente apresado en Sirte.

La comisión -integrada por el egipcio Cherif Bassiouni, la abogada jordano-palestina Asma Khader y el canadiense Philippe Kirsch, exjuez de la Corte Penal Internacional y presidente del grupo- entregó un primer informe el 15 de junio del 2011, pero dada la constante comisión de abusos, se determinó prorrogar la misión.

El informe señala que "las fuerzas de Gadafi ejecutaron y torturaron hasta la muerte a miles de prisioneros. Durante el conflicto armado esto constituye un crimen de guerra. Pero como la mayoría de los detenidos formaban parte de la población civil, estas sistemáticas ejecuciones constituyen crímenes contra la humanidad". Asimismo, las investigaciones determinaron que las tropas leales al dictador usaron la "tortura sexual como forma de extraer información y humillar a los detenidos", y que tuvo un "papel significativo" en la extensión del terror.

El informe apunta a que las tropas del dictador y lo rebeldes contaban con niños en sus filas

Por su parte, los insurrectos, conocidos como thuwar, "ejecutaron y torturaron hasta la muerte a leales a Gadafi y a supuestos mercenarios que no eran miembros del Ejército. Durante el conflicto armado, esto constituye un crimen de guerra". Con respecto al uso de mercenarios, la comisión estableció que un grupo de sudaneses fueron contratados por el régimen de Gadafi para luchar contra los rebeldes, pero no se pudo determinar si ganaban más que los miembros del Ejército regular, "algo esencial para poder definirlos legalmente como mercenarios".

La comisión sí que encontró "evidencias" de que el régimen "reclutó y usó menores de edad en sus fuerzas regulares", e "indicios" de que la oposición también habría contado con niños en sus filas.

La comisión también tenía el mandato de identificar a los responsables de las atrocidades para poder exigir medidas de asunción de responsabilidades. El grupo de expertos ha podido establecer una lista de personas ligadas a violaciones de los derechos humanos y la entregará en breve a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

No obstante, la comisión considera "imperativo" que se establezcan localmente mecanismos para lograr la asunción de responsabilidades de los autores de estos crímenes. "El sistema judicial no funciona efectivamente y sufre de haber sido usada como una herramienta de represión. La mayoría de los detenidos todavía son retenidos fuera del marco legal, a pesar de los esfuerzos para centralizar las detenciones", se lamentan.

Es por todo ello que la comisión reclama a las nuevas autoridades libias que se investiguen de forma independiente todas las violaciones a los derechos humanos, incluidas las cometidas por las fuerzas opositoras, y que juzguen a sus responsables, en aras a "romper" con el legado de Gadafi.