Entre 2017 y 2018 fueron asesinadas en Guatemala un total de 39 personas defensoras de los derechos humanos, según el informe publicado por la Procuraduría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala.

La organización Alianza por la Solidaridad denuncia esta incremento de ataques y  criminalización que está sufriendo el país, que suma un total de 493 ataques, y 13 asesinatos registradas durante el año 2017, y con 391 ataques y 26 asesinatos en 2018.

Alianza por la Solidaridad desarrolla una acción de apoyo a las comunidades frente a las inversiones no responsables, llamada TieRRRA. Achaca esta violencia a la creciente explotación de recursos naturales de la zona, por lo que reclama acciones internacionales y exige medidas oficiales para frenar esta situación que se vive en Guatemala.

El 86% de las personas defensoras entrevistadas por la ONU ha sufrido ataques y amenazas. De estas intimidaciones un 16% son ataques físicos por disparo, con arma blanca o atropellos, un 3% sufrió agresiones sexuales. Se ha involucrado a políticos, el crimen organizado, la seguridad privada, o personas contratadas por terceros.

Líderes de pueblos indígenas

La organización destaca que la mayoría de personas amenazadas son los líderes de pueblos indígenas, ya que defienden sus tierras y bienes naturales en un estado donde no se reconocen lo derechos tradicionales indígenas frente a la explotación de la tierra con proyectos mineros, energéticos y agroindustriales. Así, la organización ha registrado en la zona de Alta Verapaz la vulneración de estos derechos con diferentes proyectos, donde se encuentran involucradas empresas españolas.

La ONU afirma que la corrupción del sistema imposibilita la defensa de los derechos de los líderes indígenas

El líder que’qchí Bernardo Caal Xol, defensor de los ríos de Alta Verapaz, fue condenado el pasado noviembre a más de siete años de cárcel dentro de un proceso judicial con diferentes irregularidades. El líder maya, preso en Conán desde 2017 ha sido galardonado con el premio Quetzal concedido por la ONG belga Guatebelga.

La ONU ha señalado en el documento que “existen serias preocupaciones sobre parcialidad y posible cooptación de actores del sistema de justicia, especialmente a nivel local”, además, aseguran que para que estos líderes puedan entrar en prisión de inmediato se les acusa de crímenes que lo exijan, como secuestro.

El documento de la ONU confirma que la corrupción del sistema “debilita los procesos de defensa y promoción de los derechos humanos” y “afecta desproporcionadamente a las personas marginalizadas en términos de poder económico y político". Por esto, se exige la regulación y cambios estructurales para disminuir la violencia y corrupción hacia las personas que luchan por los derechos humanos y ambientales en Guatemala.