Esta es la crónica de una infamia que sucedió en la vasta oscuridad de un territorio tan soleado como el Sahara Occidental, no la única, pero sí la que ha llevado al Comité de la ONU Contra la Tortura a dictar ahora una contundente resolución exigiendo al Estado de Marruecos una reparación y llevar ante la justicia a los responsables de las torturas y violaciones que sufrió durante meses el saharaui Omar N’Dour tras ser detenido por las fuerzas de seguridad hace once años.

Todo comenzó en el campamento de jaimas de Gdeim Izik, a poco más de diez kilómetros de El Aaiun, la que fue capital del Sahara y de la provincia número 53 de España hasta que el territorio lo ocupó Marruecos en 1975. Allí llegaron a congregarse durante un mes, en 2010, más de 16.000 personas en lo que ha sido, tal vez, la protesta más multitudinaria por las condiciones en las que vive el pueblo saharaui bajo el dominio del ejército marroquí. La protesta duró hasta que el 10 de noviembre las fuerzas de seguridad desmantelaron el campamento, arrasaron y quemaron las jaimas de los manifestantes y detuvieron a decenas de personas.

Omar N’Dour, que entonces tenía 31 años, formaba parte del equipo de seguridad del campamento que integraban otras 250 personas, para, en turnos de 12 horas, mantener el orden y evitar conflictos. Pero cuando llegaron las fuerzas de seguridad marroquíes a desmantelar todo aquello, Omar no se encontraba en Gdeim Izik, estaba en su casa, descansando. Allí se presentaron de noche agentes de unidades de policía de élite y miembros del ejército para detenerlo. Y ahí empezó la infamia que se detalla en la decisión sobre la comunicación 650/2015 del Comité contra la Tortura (CAT, por su siglas en inglés), órgano de la ONU, compuesto por diez expertos independientes que se encargan de velar por el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Su resolución, emitida el pasado 26 de noviembre, responde a la denuncia interpuesta por la propia víctima, representada por la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Track Impunity Always (TRIAL).

El CAT, después de estudiar durante cinco años la denuncia y los informes presentados por Omar, así como las sucesivas alegaciones del Estado marroquí en contra, ha dado la razón a la víctima y a su relato de lo que aconteció desde su detención aquel 10 de noviembre de hace once años: aquel día, Omar N’Dour fue llevado a la comisaría central de policía de El Aaiún, donde permaneció esposado, con los ojos vendados, durante 24 horas y "severamente golpeado". Luego, de noche, un grupo de agentes conocido como "el escuadrón de la muerte" lo subieron a una camioneta y lo llevaron a una zona desierta, donde cavaron una fosa, le amenazaron con matarlo y enterrarlo allí si no respondía a sus preguntas. "Le obligaron a desvestirse y le arrojaron agua fría, luego de lo cual le metieron una botella de cristal en su ano".

Al día siguiente, también de madrugada, el joven saharaui fue trasladado a otra comisaría, donde lo metieron en una celda con otros ochenta presos. Más tarde lo trasladaron a una habitación en la que, durante un interrogatorio sobre su participación en las protestas de Gdeim Izik, "nuevamente fue torturado" con técnicas como la denominada "el avión": atado de pies y manos a un poste colgado del techo mientras era golpeado.

Fue ese mismo día, según el relato que obra en la resolución del CAT, cuando le obligaron a firmar unos documentos que no le permitieron leer previamente antes de llevarlo ante un juez del Tribunal de Apelación de El Aaiún, quien leyó trece cargos contra Omar N’Dour, entre ellos homicidio y participación en un grupo armado ilegal. Él se declaró inocente y, además, le contó al magistrado las torturas que había sufrido, incluso le mostró las marcas en el cuerpo de los golpes recibidos. Pero fue en vano. El juez no ordenó un examen médico y acordó que siguiera detenido.

Trasladado a la "cárcel negra", donde siguieron las torturas

Después de la declaración ante el juez, Omar fue trasladado al centro de detención conocido como la "cárcel negra" de El Aaiún, donde fue obligado a desnudarse delante de los guardias que le golpeaban, le tocaban los genitales y le insultaban. De allí se lo llevaron otro día a una comisaría de policía, en la cual, según su testimonio, le colgaron del techo hasta que perdió el conocimiento y le metieron un palo en el ano para que identificara a dos personas como responsables de la muerte de un policía.

En la "cárcel negra" no le permitieron llevar sus gafas, le negaron tratamiento y medicamentos para los dolores y lo metieron en una celda de cinco metros cuadrados en la que 48 presos dormían en el suelo y hacían sus necesidades en un retrete dentro del calabozo. Todo eso se lo contaron los reclusos al fiscal general del Tribunal de Apelación que visitó la prisión, pero no se abrió ninguna investigación. Lo mismo que sucedió cuando el padre de Omar presentó en diciembre una denuncia en el juzgado por la situación de su hijo, de la que nunca obtuvo respuesta, y cuando lo hicieron luego en enero de 2011 las organizaciones de derechos humanos que representan a este saharaui, unas denuncias que se repitieron en febrero ante el Fiscal General de El Aaiún, los ministerios de Justicia e Interior y el Consejo Consultivo de Derechos Humanos de Marruecos, con idéntico resultado: nada, silencio.

Finalmente, el 17 de mayo de 2011, Omar N’Dour fue puesto en libertad condicional con un auto en el que se mantenían cuatro de los trece cargos iniciales en su contra: pertenencia a un grupo delictivo, violencia contra un funcionario público, desórdenes y perturbación de la paz. Desde entonces, este saharaui permanece en libertad sin que aún se haya celebrado aún un juicio que determine realmente su culpabilidad o inocencia. Ha sido un órgano internacional, el Comité contra la Tortura, el único que hasta ahora ha emitido una resolución sobre este asunto y lo ha hecho para exigir al Estado marroquí una reparación y una investigación de lo ocurrido.

Pero esa libertad no le ha librado a Omar, sin embargo, de las consecuencias de todo aquello que sufrió durante seis meses en prisión. Este hombre, que ahora tiene 42 años, arrastra problemas físicos y psicológicos postraumáticos, insomnio y síndrome de estrés, que ha acreditado ante el CAT con informes médicos. Por todo ello, denunció haber sido víctima de la violación de al menos seis artículos de la Convención internacional Contra la Tortura: extracción de confesiones bajo coacción, ausencia de una investigación rápida, eficaz, independiente e imparcial de sus denuncias de tortura, y la falta de un procesamiento y castigo de los responsables, sin que el Estado marroquí, además, le haya ofrecido ninguna garantía de reparación, indemnización o rehabilitación por el daño sufrido.

En sus sucesivas alegaciones contra la demanda del ciudadano saharaui ante el CAT, Marruecos ha argumentado, fundamentalmente, que Omar N’Dour nunca presentó una denuncia formal y específica por torturas ante las autoridades judiciales de ese país y que su caso continúa pendiente de una sentencia, ya que aún no ha sido juzgado, por lo que, entiende, no se han agotado los recursos internos. A eso, el denunciante ha respondido que ninguna de las autoridades judiciales a las que comunicó su situación acusó recibo de su queja, una práctica establecida en Marruecos -señala- "especialmente en los casos de denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el Sahara".

Indemnización a la víctima y búsqueda de responsables

Oídas ambas partes, analizados los informes presentados, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura ha concluido que, en virtud de lo declarado por Omar N’Dour, éste fue sometido "reiteradamente a actos de tortura", incluidas agresiones sexuales, para obligarlo a confesar, unas torturas que, además, se agravaron a raíz de la denuncia que presentó ante el juez el 12 de noviembre. A ello se suma, según el CAT, que las declaraciones que firmó el detenido como resultado de ese trato sirvieron para imponer los cargos en su contra y como justificación de su encarcelamiento durante más de seis meses, y que luego, tal como refiere el denunciante, no se tomaron medidas para investigar lo que había ocurrido, pese a haber comparecido ante el tribunal con "signos visibles de tortura".

En su resolución final, el CAT insta al Estado de Marruecos a proporcionar a Omar N’Dour una "compensación justa y adecuada", incluidos los medios para una rehabilitación lo más completa posible, así como a iniciar una investigación "exhaustiva e imparcial" sobre los sucesos denunciados para llevar ante la justicia a los responsables del trato recibido por el denunciante, en conformidad con las directrices del Protocolo de Estambul sobre investigación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Además, este comité de Naciones Unidas advierte al Estado marroquí de que "se abstenga de cualquier forma de presión, intimidación o represalias "que puedan dañar la integridad física y moral de Omar y su familia, ya que constituirían una violación de sus obligaciones como estado parte en el desarrollo de la Convención Contra la Tortura, al mismo tiempo que le conmina a que en el plazo de noventa días, que expirará a finales del próximo mes de febrero, informe de los pasos que ha dado para cumplir lo dispuesto en esta resolución.

Una entrevista asediado por la inteligencia militar

El caso de Omar N’Dour forma parte del informe El oasis de la memoria, publicado por el Instituto Hegoa de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, un trabajo de investigación de dos tomos que documenta la violación de los derechos humanos que ha sufrido el pueblo saharaui desde la llegada del ejército marroquí a la tierra que antes era colonia de España. El director de ese trabajo es el español Carlos Martín Beristain, participante en varias Comisiones de la Verdad de América Latina y consultor de la Corte Penal Internacional en distintos países de África, que entrevistó a Omar en El Aaiún con el aliento en el cogote de los agentes de inteligencia militar que le seguían allá donde iba, en un contexto qué él califica como de "hostigamiento absoluto". Tanto es así que las autoridades marroquíes ya no le volvieron a dejar entrar en el Sahara cuando regresó para presentar el resultado de la investigación.

Beristain hizo un informe psicológico de las secuelas que habían dejado las torturas en Omar que fue incorporado a la denuncia ante el CAT. En El Oasis de la memoria se refiere que en el momento de ser entrevistado para la investigación, Omar N’Dour tenía, entre otros, fuertes síntomas de estrés postraumático como consecuencia de la tortura, secuelas físicas en la mano y una fuerte afectación psicológica como consecuencia de la violación sexual, que, sin embargo, denunció públicamente.

"Es una muy buena noticia para él lo que ha resuelto el Comité y para muchos saharauis que han sufrido como él torturas, represión, y que nunca han tenido un reconocimiento. Es un buen precedente", dice Beristain a Público. Sin embargo, este experto en Comisiones de la Verdad entiende que el problema ahora está en lo que haga el Estado marroquí con la resolución del órgano de la ONU contra la tortura. "Hay que hacer un seguimiento para que ver que el cumplimiento sea efectivo, que haya una rehabilitación, una indemnización, que Omar no sea sometido de nuevo a una persecución", advierte.

Cautela por la falta de respuesta de Marruecos

De momento, Omar está tranquilo y muy contento de que ahora todo el mundo se haya enterado, gracias a la resolución del CAT, de lo que él sufrió durante meses en las cárceles y comisarías de las fuerzas de seguridad marroquíes. Lo cuenta por él a Público Elghalia Djimi, vicepresidenta de la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos. Ella sabe muy bien lo que ha vivido Omar, porque ella ha sufrido también todo tipo de torturas y largas desapariciones tras haber sido detenida por haber defendido los derechos y la libertad de su pueblo.

Sin embargo, Elghalia Djimi muestra cautela. El de Omar no es el primer caso de torturas a un saharaui que atiende el CAT. En 2016, también se dirigió al Estado marroquí por el trato que había recibido Naama Asfari, otro de los detenidos en el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik. Y además hay dos casos de detención arbitraria que han sido analizados por otro comité internacional, pero, según la dirigente de la organización de derechos humanos, el gobierno marroquí no ha hecho nada para reparar el daño causado a esas tres víctimas.

"Esto es una decepción para nosotros como defensores de los derechos humanos y para las víctimas. Se trata de la más alta reclamación y reivindicación que han hecho los comités internacionales, entonces, ¿por qué en Marruecos no hacen nada? Les da igual. Actúan con una absoluta impunidad", se lamenta Djimi.

A Omar ya le costó su trabajo como funcionario de la administración haber presentado la denuncia por torturas ante el CAT. Desde entonces, no tiene empleo, no tiene ningún ingreso, como le ha ocurrido a tantos otros saharauis represaliados en su tierra, según la vicepresidenta de la Asociación de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos. Ella, pese a todo, espera que Marruecos cumpla la resolución de ese comité internacional y también que a la misión de la ONU para el referéndum en el Sahara, la Minurso, la doten algún día de competencias para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en ese territorio después de haber estado "más de treinta años de vacaciones", y también, por último, o en primer lugar, espera que su pueblo tenga la posibilidad de elegir su futuro con libertad y democracia.

Elghalia Djimi quiere mirar al futuro con algo de optimismo, aunque el presente sea tozudamente pesimista con casos como el de la activista Sultana Jaya, que lleva un año en arresto domiciliario y que ha denunciado recientemente haber sido violada por paramilitares marroquíes. "Es la gran decepción, que nadie hace nada ante casos como el de Sultana Jaya, que son la imagen de la realidad del régimen de Marruecos, que está protegido por Francia, por Estados Unidos y por España. Son tres aliados que le dan toda la protección para aprovecharse de la impunidad en los crímenes que comete contra la población saharaui", reprocha Djimi.