La Organización Mundial Contra la Tortura denuncia violaciones de los derechos humanos en Ucrania

Las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones forzadas, la violencia sexual y otros abusos por parte de las fuerzas rusas contra civiles ucranianos pueden constituir crímenes de lesa humanidad, según denuncia un informe publicado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

La documentación de estas prácticas entre febrero y octubre de 2022 en una veintena de centros de detención demuestra que "no son incidentes aislados" y forman parte de una "política deliberada de tortura".

"Estos crímenes alcanzan el umbral de tortura y persecución de un amplio grupo político, por lo que pueden constituir crímenes contra la humanidad", comentó al respecto la asesora de la OMCT para Europa y Asia Central, Maryia Kvitsinskaya. La investigación presentada este jueves se basa en entrevistas con víctimas y testigos de 63 casos –38 de tortura y 25 de malos tratos– en las regiones ucranianas de Kiev, Chernígov, Zaporiyia, Donetsk, Járkov y Jersón.

Los torturados, reacios a la ocupación

La OMCT denuncia que el Ejército y los servicios especiales rusos, cuando tomaron estos territorios, empezaron a perseguir a un amplio grupo de civiles que eran leales a Ucrania, se oponían a la ocupación y tenían una actitud negativa hacia las tropas, los políticos y la ideología rusa.

El documento habla en este sentido de unas "señales comunes" que los militares rusos buscaban durante los procedimientos de inspección para identificar a los ciudadanos ucranianos como "sospechosos". Este modus operandi incluía, por ejemplo, el consumo de noticias o música ucraniana, el contacto con familiares que sirvieran a las tropas de Kiev, donaciones en favor del Ejército o fotos con la bandera nacional de Ucrania, Estados Unidos o la Unión Europea, entre otras.

Los responsables del informe advierten además que, a medida que avanzaba la invasión, el Ejército ruso empezó a interpretar estos signos de forma más amplia, apuntando a un grupo cada vez mayor de civiles. Esto provocó que, además de las personas que sí estaban en contra de la ocupación rusa, otras muchas fueran acusadas erróneamente, representando 18 de los 38 casos documentados en el informe (48%).

Entre las personas sometidas a tortura que fueron entrevistadas por la organización, había también individuos de grupos identificados como vulnerables: tres mujeres, cinco ancianos y una persona con enfermedades crónicas graves.

Detenciones inhumanas

De acuerdo con el informe, todas las condiciones de detención documentadas incumplían las normas del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. En el 73% de los casos, las condiciones eran "tan deficientes que equivalían a tortura".

La mayoría de las víctimas fueron recluidas en celdas en condiciones de hacinamiento, en las que no había apenas espacio para dormir. Los centros no tenían luz natural y los presos se ubicaban en instalaciones muy frías en invierno y calurosas en verano. Además, en todos los casos documentados que se califican de tortura en este informe, las víctimas fueron sometidas simultáneamente a múltiples formas de maltrato físico y psicológico.

También se reportó el uso de violencia sexual en siete de los 38 casos documentados: puñaladas, uso de pistolas paralizantes en la zona genital, desnudez forzada y amenazas, castración o violaciones. "Muchos entrevistados describieron esta experiencia como la peor de sus vidas", añadió en el comunicado la responsable del departamento de Documentación de la ONG ucraniana Centro de Derechos Humanos ZMINA, Yelyzaveta Sokurenko.

El informe exige en su apartado de conclusiones que las autoridades rusas tomen medidas inmediatas para poner fin a estas violaciones de los derechos humanos. La organización pide también la intervención de Ucrania, la Corte Penal Internacional y la comunidad internacional para investigar los casos de tortura y malos tratos reportados. Finalmente, solicita que los responsables de estos abusos rindan cuentas y proporcionen servicios de apoyo a las víctimas, además de garantizar su acceso a la Justicia a través de los mecanismos jurídicos internacionales.