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Los 'Papeles de Pandora' sacuden el final de mandato de Piñera y avecinan su segundo juicio político

Más allá de la venta de acciones en paraísos fiscales, el presidente chileno está acusado de un conflicto de intereses por recibir un pago condicionado a una decisión de su anterior Gobierno.

Sebastián Piñera
Fotografía de archivo fechada el 24 de septiembre de 2021, donde aparece el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Ricardo Maldonado / EFE

"Desde el mes de abril de 2009, hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra en que hubiere participado". El presidente chileno Sebastián Piñera comenzó así la rueda de prensa la tarde del lunes para dar explicaciones sobre la investigación conocida como los papeles de Pandora que reveló la venta de su participación en un proyecto minero en las Islas Vírgenes Británicas en 2010. El comprador de sus acciones fue Carlos Alberto Délano, uno de sus grandes amigos de infancia y de la universidad, condenado en 2018 por evasión fiscal, interesado en hacerse con la sociedad que pretende levantar una minera –Dominga– en la zona de La Higuera, ubicada en la región de Coquimbo, en el norte de Chile, donde se encuentra el archipiélago Humboldt, uno de los ecosistemas más ricos del mundo.

Piñera se escudó de las acusaciones y argumentó que "en forma voluntaria, porque en esos tiempos no existía ninguna ley que lo exigiera", constituyó fideicomisos ciegos para la administración de todos sus activos financieros. "A partir de esa fecha [2009] no tuve ningún conocimiento de las decisiones de inversión de las empresas mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración profesional", agregó. Insistió que la decisión de vender la minera "no le fue consultada ni informada" para evitar conflictos de interés.

La historia de Sebastián Piñera y su familia con el proyecto de la Minera Dominga se remonta 12 años atrás, cuando la familia del presidente invirtió en un proyecto para explorar yacimientos a través de la sociedad Mediterráneo Fondo de Inversión (FIP), gestionada por la Administradora Bancorp, una de las sociedades del holding de Piñera (Grupo Bancard). La familia Piñera Morel se quedó con el 33,33% de las acciones del proyecto mientras que la familia de su amigo Carlos Alberto Délano, se hizo con el 22,73%. Ambos sumaban más del 56% de la propiedad de Minería Activa Uno Spa, propietaria de Minera Andes Iron, a cargo del proyecto Dominga.

"Délano y Piñera han hecho negocios financieros e inmobiliarios desde los años 80. Siempre han operado de la misma manera: hacen una colecta de dinero, compran entre todos, firman compromisos en el tiempo para ingresar el dinero que se comprometieron inicialmente y luego se compran entre ellos las participaciones", explica Carlos Tromben, periodista, escritor y autor de Crónica Secreta de la Economía Chilena.

Fideicomisos ciegos

Antes de llegar al poder en su primer Gobierno (2010-2014), Sebastián Piñera, que según la revista Forbes acumula junto a su familia la cuarta mayor fortuna de Chile, pensó en blindarse de posibles conflictos de intereses a través de fideicomisos. "El primero fue voluntario y tuvo lugar cuando la legislación chilena de transparencia y probidad no tenía la dimensión de hoy porque aún no habían salido a la luz los escándalos que alertaron de los vasos comunicantes que había entre finanzas y política", comenta Tromben. Fueron los hijos quienes, entonces, quedaron como administradores de las sociedades de su padre.

"Siendo muy jóvenes, los hijos [de Piñera] ingresaron a las empresas para heredar en vida la fortuna del padre, quien comenzó a salirse y a traspasar activos al fideicomiso, pero no totalmente", añade el escritor. Hasta diciembre de 2010, cuando Piñera cumplía nueve meses al frente de su primer Gobierno (2010-2014), la familia del presidente se mantuvo en la sociedad. Fue entonces que Délano compró por 152 millones de dólares las acciones de los otros socios de Dominga. Lo hizo en dos etapas: una que se concretó ante notario en Santiago de Chile por 14 millones de dólares y otra, por 138 millones, en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas, según revelaron los Papeles de Pandora.

Para su segundo Gobierno (2018-actualidad) Piñera armó otro contrato de fideicomiso ciego "más robusto y que abarcaba una proporción mayor de los activos financieros, acciones y otros intereses de la familia Piñera", dice Tromben. Sin embargo, el cuestionamiento recae en qué tan "ciego" puede ser este mecanismo si "quienes están a cargo de él son amigos cercanos de sus hijos y de él mismo, personas con quien él se cruza e interactúa, en vez de haber entregado la administración de esos bienes a un administrador neutral o una empresa financiera institucional, como el Banco de Chile, con la que no hubiese un vínculo personal", expone el periodista.

La polémica tercera cláusula

La información revelada por Ciper y La Bot en Chile, dos de los 150 medios que son parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), por sus siglas en inglés, que dio a conocer los Papeles de Pandora, ya había sido publicada en Chile en 2017 en un reportaje de radio Biobío. Sin embargo, ahora, por primera vez, se hicieron públicos el contrato y los documentos que involucran esa transacción en las Islas Vírgenes Británicas en 2010.

Junto con la compraventa en las Islas Vírgenes, hay otro dato que ha llamado la atención de la opinión pública chilena: el segundo pago, el que se efectuó en el paraíso fiscal, se establecía en tres cuotas, la última de las cuales dependía de que la zona donde se emplazaría la minera no fuese decretada como área de protección ambiental. Una condición sujeta a las decisiones que tomaría el gobierno del propio Piñera, por lo que generaba un evidente conflicto de interés. A pesar de la presión de los grupos ambientalistas, la zona no fue declarada de protección y Délano cumplió con el tercer pago. "Este es el meollo del asunto y lo que configura un delito de negociación incompatible porque para la tercera cuota tenía que producirse una situación que solo podía decidir el presidente", asegura Tromben.

Piñera, pero, negó este lunes cualquier conflicto de interés relacionado con las cláusulas del contrato: "Durante el período que mi familia fue parte de la sociedad, como socios pasivos, la empresa no hizo ninguna presentación ante autoridad del Estado", dijo, y preguntó de forma retórica a los periodistas asistentes: "¿Cómo puede haber un conflicto de interés por una participación que ocurrió hace más de 10 años y que terminó hace más de 10 años?".

Hay un precedente, pero, que justamente involucra a ese proyecto y que levanta sospechas sobre los conflictos de interés del presidente. En 2010, a los pocos meses de asumir, Piñera anunció la cancelación del proyecto Barrancones, que contemplaba la construcción de dos plantas a carbón cerca de la reserva Pingüino de Humboldt, ubicada en La Higuera, la misma zona donde se debería emplazar la Minera Dominga. Lo suspendió pese a que contaba con los permisos ambientales para operar. El mandatario explicó entonces que la decisión se tomaba para "proteger este santuario de la naturaleza". En aquel momento, todavía no había conocimiento público de que el proyecto Dominga tenía previsto instalarse en la misma zona. Cuando se dio a conocer esta información, por una parte, se abrió una investigación en la Cámara de Diputados, que concluyó que Piñera buscó beneficiar a Dominga; por la otra, la Fiscalía abrió su propia indagatoria a raíz de una querella presentada por un parlamentario del Partido Comunista.

Los 'Papeles de Pandora' tendrán un impacto en el ámbito político: Chile está a mes y medio de celebrar elecciones presidenciales

El caso fue sobreseído y tanto la Corte de Apelaciones como la Suprema avalaron esa decisión. Un punto que Piñera se encargó de recordar durante su comparecencia pública: "Los hechos mencionados en ese reportaje [Papeles de Pandora] no son nuevos, fueron públicamente conocidos el 2017 y fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resuelto por los tribunales de justicia el 2017″. Recordó también que la Fiscalía "recomendó" terminar con la causa, porque "la venta se ajustaba plenamente a derecho", y que el producto de la venta de Dominga "fue íntegra e inmediatamente remesado a su empresa madre dueña en Chile" cumpliendo "estrictamente" con las reglas tributarias del país. Fernando Monsalve, quien fue el abogado querellante de la causa en aquel entonces, ha dicho este martes que aquella investigación fue totalmente insuficiente: "No se llevó a cabo ninguna de las diligencias solicitadas respecto a Dominga. [...] El ex fiscal Manuel Guerra nunca quiso investigar".

Más allá de los cuestionamientos al exfiscal, lo cierto es que durante el juicio de 2017 no se analizó la transacción que tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas, ya que no había conocimiento público de este antecedente hasta este fin de semana. Ahora el fiscal nacional Jorge Abbott ordenó a la Unidad Anticorrupción volver a analizar los antecedentes de la venta de la minera. De encontrar posibles delitos, podría promover una investigación penal de oficio.

Segundo juicio político

Además de la arista judicial, los Papeles de Pandora tendrán un impacto en el ámbito político. Chile está a mes y medio de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias y la noticia ha remecido a los partidos y candidatos del oficialismo. "Se requieren más aclaraciones incluso de las que ha habido. No basta decir que aquí la justicia aclaró algo, sino que se requiere una aclaración concreta", expuso Sebastián Sichel, candidato de la derecha y representante de la coalición del presidente.

Por su parte, los grupos de oposición ya anunciaron este miércoles que presentarán una acusación constitucional (juicio político o impeachment) contra Piñera en el Congreso. Será el segundo de su mandato. El primero –que no prosperó– se intentó a finales de 2019 por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social de octubre de ese año.

"Es una situación que amerita una investigación muy profunda", sostiene el diputado del Partido Humanista Tomás Hirsch

"Tenemos un presidente que ha condicionado pagos a su familia en relación a no declarar una reserva natural donde se pretende construir una gigantesca minera, por lo que hay que avanzar hacia una acusación constitucional. Es una situación que amerita una investigación muy profunda", sostiene el diputado del Partido Humanista Tomás Hirsch, uno de los primeros en apostar por esa vía.

Ante este escenario, Piñera afirmó el lunes que esta acusación "no tiene absolutamente ningún fundamento" porque se hará "por hechos que fueron conocidos e investigados por la Fiscalía y en que los máximos tribunales de justicia en forma unánime se pronunciaron, descartando toda irregularidad y delito". Algunos expertos consideran poco probable que prospere ya que habría expirado el plazo para levantar el juicio político, que se limita a los seis meses siguientes tras la expiración del cargo, aunque la ley no especifica si el plazo tiene que cumplirse en el mismo período presidencial en que tuvo lugar la infracción.

Pendiente de aprobación

El proyecto de la Minera Dominga busca extraer concentrado de hierro y cobre en el norte de Chile. Aunque algunas comunidades lo ven como beneficioso por la generación de empleo, hay un rechazo social generalizado por el daño que produciría a la reserva ecológica en la que habita el 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt, una especie en peligro de extinción, además de ballenas y nutrias.

En 2017, durante el Gobierno de Michelle Bachelet, el proyecto fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental, por los riesgos para la biodiversidad de la zona. Sin embargo, Andes Iron apeló y judicializó el caso. En agosto, la Comisión Ambiental de Coquimbo aprobó el proyecto. No es, pero, la última palabra. Hay dos recursos pendientes en la Corte Suprema y todavía tiene que pasar por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, integrado por los ministros de Medioambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería. El futuro del proyecto se define y también el del actual presidente.

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