La Policía investiga si una agencia de comunicación española está detrás de la venta de los vídeos grabados a Julian Assange durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres. 

Esta empresa habría pedido al fundador de Wikileaks tres millones de euros a cambio de no difundir sus imágenes, informa el diario El País. Las personas involucradas serían tres informáticos alicantinos y un periodista español, según destaca este medio.

Julian Assange ha denunciando ante la Audiencia Nacional a estos cuatro hombres, así como a la compañía de seguridad ecuatoriana Promsecuriy, que estaría involucrada en los hechos. 

Un sueco, entre los detenidos

La defensa del informático sueco Ola Bini, detenido en Ecuador por presuntos vínculos con una red de espionaje relacionada con WikiLeaks, ha exigido a la Fiscalía de este país que precise las acusaciones contra su defendido, como por ejemplo a qué sistema informático ecuatoriano entró ilegalmente.

"Hasta el momento no se ha especificado qué sistema informático de Ecuador fue vulnerado, y por qué se presume que Ola Bini tuvo alguna responsabilidad en este hecho", señala un comunicado difundido a los medios por el grupo de prensa de los abogados del informático en Quito.

Entre otros datos, exigen que se certifique a través de las autoridades de la Fiscalía si el Ministerio del Interior o su titular, María Paula Romo, han presentado alguna denuncia que tenga relación con su caso el 11 o el 12 de abril.

La defensa también ha solicitado que –de existir tal denuncia– la ministra del Interior entregue una copia certificada. La detención del informático se produjo el mismo día en que Ecuador retiró el asilo en su embajada en Londres al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, el pasado 11 de abril, y desde entonces esta bajo prisión preventiva en una cárcel de Quito.

El Gobierno de Ecuador ha argumentado que ambos podrían formar parte de una misma red de espionaje en su país, junto a dos hackers rusos, aunque Romo destacó en una entrevista con Efe el jueves que esa relación debe probarse en la investigación del caso que realiza la Fiscalía.

"Hay elementos suficientes para investigar", ahora es el proceso judicial "el que tiene que decir si hay elementos suficientes para una sentencia", afirmó la responsable de la cartera del Interior al señalar que no le corresponde al Ejecutivo la última palabra.

El juez de la Unidad de Garantías Penales Rodolfo Navarrete dictó el pasado 13 de abril la apertura de la instrucción fiscal por noventa días en contra de Bini, a raíz de lo cual el fiscal Fabián Chavez ordenó su prisión preventiva y la retención de sus cuentas bancarias.

La defensa refiere en el escrito que la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca la obligación que tienen los operadores de justicia de detallar los cargos que se imputan a un procesado.