MOSCÚ.- “Mijaíl Viktórovich, nuestra situación, por una parte, no es fácil, pero al mismo tiempo, gracias a Dios, no se avecina una catástrofe”, comentó Vladímir Putin durante su encuentro el pasado 9 de febrero con Mijaíl Shmakov, presidente de la Federación de Sindicatos Independientes de Rusia (FNPR). Nadie en el Kremlin se llama a engaño: aunque Rusia consiguió escapar al estallido de la crisis en el año 2008, la situación difícilmente se repetirá esta ocasión, como reconoció al mismo día siguiente el primer ministro Dmitri Medvédev durante una reunión de su gabinete para garantizar la estabilidad presupuestaria durante el presente ejercicio. “Seremos muy cuidadosos en el gasto porque quizá el dinero no alcance”, dijo en referencia a los fondos anticrisis del gobierno ruso para medidas de emergencia.

La opinión de ambos coincide con la de bastantes analistas. A diferencia de los noventa, cuando Rusia carecía de reservas significativas y estaba más expuesta a las crisis económicas internacionales, el Banco de Rusia cuenta hoy con una dirección mejor preparada y el Estado con más instrumentos financieros, y la deuda externa que pesa sobre él es baja. “El hecho de que el banco central aún disponga de una importante (aunque reducida) cantidad de dinero reservada no será de mucha ayuda al ruso medio, cuyos estándares de vida han sido golpeados por una desagradable combinación de inflación elevada, aumento del desempleo y profundización de la recesión, pero sí que sugiere que la estabilidad macroeconómica fundamental no está en riesgo”, escribe el economista Mark Adomanis en la revista Forbes.

Las tijeras, con todo, están ya sobre la mesa. El 1 de enero entró en vigor un decreto presidencial para reducir en un 10% el número de funcionarios en los ministerios de Situaciones de Emergencia, de Defensa y de Comunicaciones, así como la Agencia Federal de Cooperación Técnico-militar, la Agencia Federal para Asuntos de la Comunidad de Estados Independientes (Rossotrudnichestvo) y la Agencia federal para la lucha contra el narcotráfico (FSKN). A esta medida se le sumará un plan de privatizaciones anunciado el 1 de febrero por el presidente ruso a los directores ejecutivos de Rosneft (petróleo), Bashneft (petróleo), Sovkomflot (transporte marítimo de hidrocarburos), RZD (ferrocarriles), ALROSA (minería de diamantes) y la aerolínea Aeroflot. Mientras cuatro de estas empresas son enteramente de titularidad pública (Bashneft, Sovkomflot, RZD y ALROSA), en el resto existe ya un porcentaje de participación privada. La británica BP posee incluso un 19,5% de las acciones de Rosneft.

“Privatización” es un término que se aviene mal con la opinión pública rusa. Por ese motivo el gobierno ha insistido en que este plan de privatizaciones se realizará bajo la atenta mirada del Kremlin. El Estado no perderá el control de las empresas estratégicas, “sabrá qué vende y a quién se lo vende”, las acciones se venderán según su valor nominal y no de mercado y “no habrá rebajas”, en palabras de Putin. La sede fiscal de las empresas se fijará en Rusia y las compañías estarán, en consecuencia, sujetas a la legislación rusa a todos los efectos, además de fuera del alcance de la diplomacia occidental ─en particular la estadounidense─ y sus herramientas de presión. Es una incógnita si los inversores en el extranjero se sentirán atraídos por estas condiciones, más aún cuando el régimen de sanciones occidental y la caída del precio del petróleo han hecho de la economía rusa una plaza menos atractiva. La oposición ya ha denunciado que el plan está específicamente diseñado para beneficiar a los grandes empresarios cercanos al Kremlin.

Los economistas Paul Craig Roberts y Michael Hudson creen que este plan de privatizaciones no será un buen negocio para Rusia. “La combinación de un creciente déficit en el presupuesto nacional y en la balanza de pagos ha proporcionado a los defensores de la privatización en Rusia un argumento”, han escrito para Counterpunch. Un argumento que, señalan, “demuestra que Rusia todavía no se ha recuperado del desastroso mito occidental atlantista de que Rusia debe depender de los bancos y accionistas extranjeros para crear dinero, como si el banco central de Rusia no pudiese hacer esto por sí mismo, monetizando el déficit presupuestario”. Los gobiernos, explican ambos economistas, “pueden estimular la economía imprimiendo dinero en vez de endeudar el país a acreedores privados que drenan al sector público de fondos”.

En cuanto a la posibilidad de “repatriar” al menos una parte de la riqueza poseída por los oligarcas en Londres y otros lugares, Craig Roberts y Hudson creen que se trataría de otra medida contraproducente. “Los oligarcas comprarán la propiedad de las compañías estatales rusas con el dinero que acumularon en el extranjero procedente de privatizaciones anteriores y conseguirán otro 'pacto del siglo' cuando la economía rusa se recupere lo suficiente para permitir nuevos beneficios”. Además, añaden, “cuanto más poder económico se desplaza del gobierno al control privado, menos poder carece el gobierno contra los intereses privados”.

Tampoco se les escapan a los autores del artículo las implicaciones políticas del plan. “Aquellos rusos aliados con Occidente ─'integracionistas atlantistas'─, que quieren que Rusia sacrifique su soberanía para integrarse en el imperio occidental, están utilizando la economía neoliberal para atrapar a Putin y romper el control de Rusia sobre su propia economía que Putin restableció después de los años de Yeltsin, cuando Rusia fue saqueada por los intereses extranjeros”. Por todo ello, concluyen, “el gobierno ruso debería financiar su déficit presupuestario permitiendo que el banco central cree el dinero necesario”. ¿Qué le impide, entonces, hacerlo? Aparentemente, el temor a una inflación galopante.

De tener los sociólogos que señalar una línea de flotación de la conflictividad social en Rusia, la inflación sería uno de los candidatos más probables. Sin los respectivos aumentos salariales, un aumento de los precios puede conducir a que los salarios reales se evaporen. De las vacaciones en el extranjero o grandes compras se puede prescindir en un momento dado, pero a los productos básicos no se puede renunciar. La inflación en Rusia se mantiene por el momento estable, y en enero incluso cayó por debajo del 10% (el pasado diciembre era del 12,9%). Pero un incremento podría abrir la puerta a la protesta social.

El rublo sigue devaluado y en la última semana el euro llegó a cotizarse a 90 rublos. La presidenta del Banco de Rusia, Elvira Nabiullina, enumeró en declaraciones a la agencia TASS las tres opciones que tiene la entidad para estabilizar la divisa: la primera es intervenir la economía con las reservas, como ha hecho ya antes; la segunda, esperar que remonten los precios de los hidrocarburos; la tercera son cambios en la estructura económica. Descartadas la primera, por temor a agotar las reservas, y la segunda, por depender de factores externos que Rusia no controla, solamente queda la diversificación económica, una tarea demorada durante años por el gobierno. “La tercera opción, bajo mi punto de vista, representa el escenario más correcto, el de una diversificación de la economía”, dijo Nabiullina, que reconoció que se trata de un objetivo arduo, a largo plazo y que no depende exclusivamente de la política monetaria.

El 8 de febrero los clientes de hipotecas en divisa extranjera, seriamente afectados por la devaluación del rublo, bloquearon la calle Neglinnaya de Moscú, frente a la sede del banco central, para reclamar ayuda al Estado. Tres días después, el 11 de febrero, la directora del Banco de Rusia urgió a los bancos a restructurar en rublos las hipotecas en divisa extranjera. A pesar de que esta protesta atrajo la atención de los medios de comunicación occidentales, estas hipotecas representan solamente un 3% del total de las hipotecas concedidas (a fecha de 1 de diciembre de 2015). Con todo, recordó la posibilidad de una cadena de impagos y las consecuencias inmediatas de un deterioro de la economía: un aumento de las protestas vecinales y de los colectivos más afectados por la crisis.

Una consecuencia política podría darse en la composición de la Duma tras las próximas elecciones del 18 de septiembre, beneficiando con una ligera subida al Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR), cuyas críticas a la gestión de Medvédev ─ampliamente considerado como el representante del ala más “liberal” de Rusia Unida─ podrían ahora dar sus frutos. Los comunistas de Guennadi Ziugánov carecen, hoy como ayer, de posibilidades de ganar, pero un aumento de su número en la Cámara baja les permitiría hacer valer su peso en las decisiones del Ejecutivo.

Tras la crisis financiera de 1998 y el cese del gabinete de Serguéi Kiriyenko, el PCFR llegó a un acuerdo parlamentario para nombrar primer ministro a Yevgeni Primakov. El ejecutivo de Primakov ─en el que el comunista Yuri Maslukov ocupó el cargo de viceprimer ministro─ estabilizó la economía e hizo del multilateralismo uno de los pilares de la política exterior rusa. Con Primakov, los comunistas esperaban abrirse eventualmente paso hasta el gobierno, para lo que prepararon una posteriormente fallida moción de censura contra Borís Yeltsin. Sin embargo, la creciente popularidad de Primakov llevó a su cese por parte del presidente ruso, quien vio en él a un potencial rival, y el PCFR, que recelaba igualmente de Primakov y su popularidad, no hizo nada por impedir su caída. Primakov fue sustituido por Serguéi Stepashin, quien después de tres meses fue reemplazado por Vladímir Putin. Este último asumió gradualmente buena parte de los postulados de Primakov, dando al traste con los cálculos parlamentarios de los diputados comunistas. El PCFR pasó de obtener un 24% en las elecciones legislativas de 1999 a un 12% en las de 2003. La historia difícilmente se repetirá, pero si algo parece claro por ahora es que Putin aprendió la lección mejor que Ziugánov.