El 2019 van en camino de destronar a su antecesor como el año más violento desde que se tiene registro en México. En los diez primeros meses de este año, los homicidios intencionados superan en casi 1.000 a los que hubo hasta octubre de 2018. En total, 29.574, incluyendo también los feminicidios.

Malos datos de cara al 1 de diciembre, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador celebrará su primer año de gobierno, que el mismo proclamó como “la cuarta transformación” de México.

El Gobierno asegura que los homicidios de octubre marcan un “punto de inflexión”, porque desde junio ha habido una ligera reducción en el promedio de homicidios dolosos diarios que hay en el país. Pero parte de la opinión pública no ha esperado a que los datos de fin de año le den la razón: las dos masacres recientes más mediáticas se anticiparon.

Con la primera, organizaciones de la sociedad civil y expertos sentenciaron la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, conocida bajo el eslogan “abrazos, no balazos” –una forma de resumir que acabarían con la guerra contra las drogas y la militarización de la vida pública, y que atenderían a las causas de la violencia en el país–.

Guardia Nacional de México./Gobierno de México

Fue el 17 de octubre, cuando un operativo militar capturó a uno de los hijos del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán –hoy cumpliendo cadena perpetua en una prisión americana–, para dejarlo en libertad horas después, al verse sobrepasados por el poder de la reacción violenta de la organización criminal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, explicó que el operativo contra Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, se abortó para evitar el “episodio de guerra y derramamiento de sangre” que hubiera supuesto su captura.

Con la segunda, la violencia en México pasó a estar en la mira de los Estados Unidos. Fue el 4 de noviembre, cuando tres mujeres y seis niños de doble nacionalidad méxico-americana murieron calcinados en un presunto enfrentamiento entre cárteles de la droga.

AMLO, acrónimo por el que se conoce popularmente al presidente mexicano, rechazó la ayuda que le brindó su homólogo estadounidense, Donald Trump, para acabar con la violencia derivada del narco. Pero lo que puede inquietar más al Gobierno de México es la propuesta que hizo el senador republicano Lindsey Graham.

El representante por Carolina del Sur dijo que investigaría si se podrían incluir a los cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos. Esto le daría a la Casa Blanca más poderes de intervención, por ejemplo, aumentando la presión internacional, animando a otros estados a seguir su ejemplo o cortando la financiación a estas organizaciones.

Narcoterrorismo y estrategia antimafia

Por esto, el periodista Salvador García Soto escribía esta semana en su columna del diario El Universal que la palabra más temida por el Gobierno federal es “narcoterrorismo”.

“Tienen miedo de la imagen que daría México”, afirma el académico de la Universidad de Columbia Edgardo Buscaglia, en declaraciones a Público. “Pero tipificar esas masacres como actos de terrorismo cambiaría mucho, porque todos los países del mundo pondrían la lupa en desmantelarlos, y el Cártel de Sinaloa tiene patrimonio e insumos en 81 países”, añade.

Para este experto, que ha dirigido capacitaciones a unidades antimafia en 118 Estados, la estrategia del Gobierno de México para acabar con tasas de homicidios de más de 90 muertes diarias — como la actual — tiene un error de base: es una estrategia de seguridad, no antimafia.

“A México aún le faltan instituciones antimafia porque políticos de todos los partidos las bloquean; saben que si las instalan, saldrán sus vínculos con la delincuencia organizada”, señala Buscaglia. El académico se refiere a instituciones como auditorias de la financiación de campañas electorales o la ne-cesidad de que la fiscalía anticorrupción y antilavado trabajen coordinadamente, por ejemplo.

Buscaglia habla sin miedo de estructuras mafiosas –entramados de políticos, empresarios, jueces y fiscales– en México. Y a pesar de ser uno de los críticos más implacables con los Gobiernos que ha habido en México, reconoce que en once meses, el de López Obrador ha mostrado algunos avances.

Ello lo prueba el hecho de que tras once meses de Gobierno, hay 29 vacíos institucionales antimafia; hace año y medio, había 45. Al presidente le queda un lustro en el Palacio Nacional: “En cinco años veremos cambios; Lula lo hizo con cuatro”, afirma Buscaglia.

Hasta el momento, el Gobierno federal no ha dado señales de que vaya a replantearse su estrategia de pacificación del país. El secretario de Seguridad dijo que el fracaso del operativo para capturar a Ovidio Guzmán no invalidaba la estrategia de seguridad del Gobierno en su totalidad.

El Gobierno federal quiere ver el vaso medio lleno. Mientras, como indicaba el experto en seguridad Alejandro Hope en su columna en el diario El Universal, México se consolida como el país de los (casi) 100 muertos al día.