Los partidos conservadores que apoyan al Gobierno portugués han aprobado este lunes en el Parlamento un aumento de horario de 35 a 40 horas semanales para los funcionarios públicos, así como un nuevo régimen que facilita su desvinculación del Estado. El Partido Social Demócrata (centro-derecha) y los democristianos del CDS-PP, que tienen mayoría absoluta en el Parlamento, han respaldado la nueva ley frente a la oposición del Partido Socialista y la izquierda marxista.

Tanto el aumento del horario como el régimen de movilidad especial, que facilita desvinculaciones laborales para funcionarios sin horarios (especialmente los profesores), figuran como principales puntos de la reforma legal aplicada a los empleados públicos, uno de los compromisos del Gobierno conservador a cambio de recibir el rescate financiero internacional.

Su entrada en vigor dependerá, no obstante, de la sanción del jefe de Estado del país, Aníbal Cavaco Silva, que tiene competencias para devolver la ley al Parlamento para una nueva apreciación.

El cuadro de los funcionarios en Portugal ronda los 600.000 empleados en todos los sectores públicos, cerca del 10 % de la población en edad laboral, aunque su número ha ido cayendo desde el inicio de la crisis.

En los últimos meses, se han sucedido manifestaciones sectoriales de docentes -el 40 % del total de los funcionarios-, de los representantes de Transportes e incluso de las Fuerzas Armadas que desembocaron el pasado 27 de junio en una nueva huelga general, la cuarta en dos años.

Después de la aprobación parlamentaria de este lunes, grupos sindicales han celebrado una concentración de protesta frente al máximo órgano legislativo luso encabezados por la mayoritaria Confederación General de Trabajadores de Portugal (de línea comunista).

Los sindicatos alertaron que los nuevos despidos en el Estado pueden rondar los 30.000 , mientras que los partidos de izquierda marxista -el Partido Comunista Portugués y el Bloque de Izquierda- denunciaron que el aumento de las horas de trabajo es inconstitucional.

El nuevo régimen de los trabajadores públicos forma parte de una profunda reforma del Estado que prevé ahorrar unos 4.000 millones de euros de forma permanente y que está auspiciada por el Comisión Europea, Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que conceden el rescate financiero a Portugal.