Berlín es la ciudad del mundo donde más creció el precio de la vivienda en 2018: un 20,5% respecto al año anterior.

El dato, publicado la consultora inmobiliaria Knight Frank, no es más que la última señal de una tendencia desbocada. El Gobierno de la ciudad-Estado asegura hacer todo lo posible al respecto, pero uno de cada dos berlineses vive con miedo a que le incrementen el alquiler.

“Hace ya muchos años que tenemos malas experiencias con las empresas inmobiliarias”, explica a Público Rouzbeh Taheri, uno de los líderes de la iniciativa Expropiar a Deutsche Wohnung y compañía, cuyo objetivo es obligar al Gobierno a que expropie a compañías que posean más de 3.000 pisos en la capital alemana, entre las que se encuentran la citada Deutsche Wohnung, pero también otras como Vonovia, Akelius, ADO Properties y Grand City Property. . “Lo hemos intentado todo: protestas, reuniones con políticos… Y hasta ahora no hemos tenido éxito. Por eso hemos puesto en marcha esta iniciativa”.

La ley berlinesa permite la organización de referéndums vinculantes surgidos de iniciativas populares sobre temas en los que la propia administración sea competente. Los vecinos de la capital ya han votado para decidir, entre otros asuntos, el futuro de uno de los dos aeropuertos activos de la ciudad, la remunicipalización de la red energética o la protección del parque situado en el viejo aeropuerto de Tempelhof.

Largo proceso

La campaña liderada por Taheri ni siquiera ha comenzado aún, pero la expectación creada no tiene precedentes. No solo por los pósters colgados por diversos barrios de la ciudad, sino por la cobertura mediática lograda. No obstante, el referéndum soñado por este activista de origen iraní todavía está lejos de materializarse.

“Todo el proceso puede durar entre año y medio o dos años”, confiesa Taheri. Primero tienen que sumar 20.000 firmas, algo que no parece que vaya a ser muy difícil dada la popularidad de la iniciativa. Posteriormente, tiene que haber una segunda recogida de firmas que alcance el 7% del censo total de los votantes de Berlín, una cifra que en estos momentos se encuentra por encima de las 170.000 personas.

Si se completan estos dos pasos, se convocará un referéndum. Y para que la medida sea finalmente aprobada, no solo tienen que votar a favor más del 50% de los que acudan a las urnas, sino que estos votos tienen que sumar al menos un 25% del censo completo.

En caso de que fuera una consulta para un cambio de la Constitución de Berlín (“Verfassung von Berlin”, lo que en España equivaldría más bien a un Estatuto de Autonomía), las firmas de la segunda recogida tendrían que ascender hasta el 20% del censo, unos 490.000 ciudadanos, y en el referéndum tendrían que votar a favor de la reforma dos tercios del censo.

“Nosotros creemos que sí podemos lograrlo. El problema de la vivienda se ha vuelto insostenible en los últimos 5 o 6 años”, señala Taheri. “Vamos a empezar la recogida de firmas el 6 de abril con una gran manifestación. Y después veremos. Lo más importante es que hemos abierto un debate, y los políticos y los periódicos ya están hablando sobre una posible expropiación”.

¿Constitucional o inconstitucional?

De esto último no hay duda. La iniciativa “Expropiar a Deutsche Wohnung y compañía” genera una enorme polémica entre políticos y expertos en derecho. En primer lugar, el Senado de Berlín y el Gobierno de la ciudad nunca se habían visto bajo tanta presión popular. Y no solo por la gente de la calle que ve con buenos ojos la medida.

El partido Die Linke apoya la iniciativa, mientras que amplios sectores de las bases de los dos otros partidos que forman la coalición gubernamental de Berlín, los Verdes y los socialdemócratas del SPD, también la ven con buenos ojos. No así el alcalde de la ciudad, Michael Müller (SPD) y la responsable de la cartera de Economía de la capital, Ramona Pop (Los Verdes).

Müller y Pop huyen del término “expropiación” y prefieren hablar de “recompra”. De hecho, el Ejecutivo berlinés tiene un marcha un proyecto a largo plazo para expandir el parque de vivienda pública a base de construcción y compra de pisos que vendieron a un fondo estadounidense en 2004 y que ahora pertenecen a la famosa Deutsche Wohnung.

No obstante, a los activistas no les parece suficiente, y a medida que la campaña sume firmas y más firmas, la presión sobre los cuadros dirigentes del SPD y de Los Verdes aumentará. El dilema puede ser especialmente comprometedor para el alcalde, pues sería una prueba de fuego para el pretendido giro a la izquierda dado por los socialdemócratas para evitar su desaparición.

Aunque este no es el único debate al respecto.

“Una ley de expropiación sería inconstitucional”, escribía recientemente el abogado Karlheinz Knauthe en una carta abierta publicada por el diario local Tagesspiegel. “La ley para el supuesto objetivo común no es adecuada ni conveniente”, subrayaba Knauthe, que cree que el nivel de compensación que buscan los organizadores de la iniciativa “es incompatible con los principios constitucionales”.

Otros expertos, sin embargo, lo ven de manera muy distinta.

“Está claro que los instrumentos empleados hasta ahora para limitar la subida de los alquileres no han sido suficientes”, aseguraba a la prensa local Christian Pestalozza, experto en derecho constitucional y profesor de la Universidad Libre de Berlín. Para Pestalozza el referéndum sería bienvenido por la “emergencia de viviendas” que sufre Berlín y, además, resta importancia a los altos costes que estima el senado.

Porque esa es la última cuestión: ¿cuánto costaría expropiar 200.000 casas?

Según cálculos del Senado de Berlín, estaríamos hablando de una suma de cerca de 40.000 millones de euros. En el Departamento de Desarrollo Urbano del propio Senado, sin embargo, sostienen que el coste total podría un 20% más bajo, es decir, unos 32 millones de euros. A pesar de ello, la cifra sigue siendo muy por encima de lo que estiman en su iniciativa los organizadores de “Expropiar a Deutsche Wohnung y compañía”. Muchos consideran que es un gasto que Berlín, una ciudad-Estado ya endeuda y famosa en toda Alemania por la fragilidad de sus finanzas, no se puede permitir.

Según los activistas, en cambio, la administración pública podría hacerse con las viviendas por una suma de entre 7,3 y 10.000 millones porque “la compra se realizaría por debajo del precio de mercado”, apunta Taheri. Lo más probable es que, llegado el hipotético momento de la expropiación, las discrepancias acaben en un tribunal y la cifra definitiva sea fijada por los jueces.

Mientras, la convocatoria del referéndum sigue siendo únicamente una posibilidad que solo podrá salir adelante con gran movilización social y voluntad política, pues a las grandes empresas inmobiliarias no les faltan recursos y apoyos políticos en la bancada conservadora para tratar de frenar el proyecto. Sin embargo, Rouzbeh Taheri, ya está contento con la presión que están ejerciendo incluso antes de comenzar a recoger firmas. “Hemos estado mucho tiempo a la defensiva, ahora toca pasar a la ofensiva”.