El presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano, será llamado como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal de Palermo (Sicilia) para intentar esclarecer si el Estado italiano emprendió una negociación con la Cosa Nostra, la mafia siciliana, en la década de los noventa.

El tribunal admitió este jueves la petición de la Fiscalía de llamar a declarar a Napolitano como testigo de algunas conversaciones que mantuvo uno de los imputados, el exministro de Interior entre 1992 y 1994, Nicola Mancino, con Loris D'Ambrosio, el fallecido asesor jurídico del Quirinal, presidencia de la República. La Corte ha establecido algunos límites a la deposición del jefe de Estado y ha especificado que sus declaraciones serán 'en la medida de que los conocimientos no intervengan en las funciones presidenciales y de confidencialidad'. En los mismos términos también tendrá que declarar el presidente del Senado, Piero Grasso, quien fue fiscal nacional antimafia.

Napolitano fue citado porque durante 2011, Mancino, al conocer que era investigado, decidió pedir ayuda al presidente y llamó varias veces al Palacio del Quirinale. La magistratura intervino su teléfono y grabó las conversaciones de Mancino con Napolitano y Loris D'Ambrosio. El presidente italiano apeló a la inviolabilidad del jefe del Estado y las cintas fueron destruidas por orden de la magistratura, por lo que no se hablará de ellas en el juicio, pero aún quedan como pruebas las conversaciones con D'Ambrosio.

Se trata de un proceso histórico, ya que se sientan en el banquillo miembros del Gobierno y de las fuerzas del orden junto con los jefes mafiosos de aquellos años. Los diez imputados son el entonces ministro del Interior y expresidente del Senado Nicola Mancino, el exsenador Marcelo dell'Utri, brazo derecho de Silvio Berlusconi, y los antiguos responsables del cuerpo especial de los Carabineros del ROS, los generales Mario Mori y Antonio Subranni, además del exgeneral Giuseppe De Nonno.

A ellos se unen también los jefes mafiosos que aterrorizaron a Italia: Salvatore 'Totó' Riina, su estrecho colaborador Giovanni Brusca, el que fuera su médico personal Antonino Cinà y el mafioso Leoluca Bagarella. El décimo imputado es Massimo Ciancimino, hijo de Vito, alcalde de Palermo, que con sus revelaciones y documentos heredados de su padre ha hecho que los jueces contasen con pruebas para reabrir el caso.

Excepto Mancino, acusado de falso testimonio, y Ciancimino, de asociación mafiosa, los otros imputados tienen que responder a los cargos de violencia o amenaza al Estado y de favorecer a la Cosa Nostra. El varias veces ministro Calogero Maninno será juzgado aparte al haber elegido el proceso breve, al igual que el 'jefe de jefes' de la Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, por motivos de salud. De acuerdo con los investigadores, existió una negociación entre representantes del Estado y los líderes de la Cosa Nostra, a principios de los noventa, para acabar con la oleada de atentados cometidos por la mafia.

Todo comenzó, según han reconstruido los fiscales de Palermo, tras la confirmación de las cadenas perpetuas a mafiosos el 30 de enero de 1992, lo que empujó a la Cosa Nostra a vengarse de quienes consideraba responsables y buscar nuevos apoyos en la política. El juicio buscará también las respuestas al atentado del 23 de mayo de 1992, en el que perdieron la vida el juez antimafia Giovanni Falcone, su mujer Francesca Morvillo y tres agentes de su escolta, y al que 53 días después acabó con el también magistrado Paolo Borsellino y cinco de sus escoltas.