Este artículo se publicó hace 12 años.
Muchos presos de Comayagua no habían sido procesados
Un informe denuncia que la ley contra las pandillas permite que sigan entre rejas sin pruebas de peso.
La mayoría de los más de 350 presos que fallecieron en el incendio de la cárcel hondureña de Comayagua cuya causa todavía se desconoce no estaban procesados ni sentenciados. Un informe enviado este mes por el Gobierno de Honduras a la ONU recoge que muchos de los reos eran supuestos pandilleros que aguardaban juicio, según la agencia AP, que tuvo acceso al texto. Algunos habían sido encarcelados simplemente por estar tatuados, ya que las duras leyes contra este tipo de bandas así lo permiten.
Los reclusos, además, se hacinaban entre rejas. Cuando se propagaron las llamas, había 852 reclusos en el presidio, con capacidad para apenas 500 reos. Según el informe, frente a los 51 guardias que trabajaban de día, durante el turno de noche cuando se desató el fuego sólo había 12 funcionarios en la cárcel, que carece de centro médico y psiquiátrico. El presupuesto para alimentación per cápita es de un solo dólar al día.
Los bomberos que acudieron a la penitenciaría confirmaron ayer que sólo tardaron diez minutos en hacerlo, pero no les fue permitido acceder inmediatamente porque los carceleros temían una fuga. Esta circunstancia provocó que la cifra de muertos alcanzase los 355, después de la muerte el pasado miércoles de dos presos que habían resultado gravemente heridos.
Un equipo de forenses comenzó ayer en Tegucigalpa la ardua tarea de identificación de las víctimas, que fueron trasladadas a la capital en contenedores refrigerados. Los cuerpos serán entregados lo antes posible a sus familiares, que realizan concentraciones desde anteayer para que les entreguen los restos de sus parientes. Para facilitar la labor, expertos en medicina forense de Chile y El Salvador se sumaron a las labores de identificación de las víctimas, como parte de la ayuda solicitada por el Gobierno presidido por Porfirio Lobo.
El secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo, presentó el miércoles una iniciativa para que se permita la entrega sin autopsia de los cuerpos que puedan ser identificados por sus parientes. De momento, sólo han sido entregados a sus familiares los cadáveres de los dos heridos hospitalizados, que terminaron muriendo.
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