La protesta en Brasil se extiende por las favelas tras un operativo policial que se saldó con nueve muertos

La llama de la protesta social que estos días está recorriendo Brasil está prendiendo también en las favelas de Rio de Janeiro. Y lo hacen en medio de la tragedia y la confusión ocurrida el pasado lunes tras la intervención del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) en la favela Nova Holanda, una acción que se saldó con la muerte de al menos nueve personas.

Este grave incidente comenzó la tarde del lunes cuando vecinos de esta comunidad se manifestaban pacíficamente en las inmediaciones de la avenida Brasil. Según fuentes policiales, algunos adictos al crack aprovecharon la confusión para asaltar a los vehículos que se veían bloqueados por los manifestantes. Al ser descubiertos, efectivos de la Policía comenzaron una persecución para intentar detener a los delincuentes que huyeron para refugiarse en la favela. Allí, los agentes fueron recibidos a tiros, resultando muerto un sargento del BOPE y dos residentes. Sin embargo, los enfrentamientos se prolongaron durante toda la noche provocando otras seis víctimas mortales, todas ellas vinculadas con el narcotráfico, según la Policía.

La operación, en la que intervinieron junto al BOPE, la fuerza de choque y la Fuerza Nacional, mantiene muchos aspectos confusos. Para Jailson de Souza e Silva, portavoz de la ONG Observatorio de Favelas, cuya sede se vio alcanzada por una bomba de gas lacrimógeno durante los enfrentamientos, la desproporcionada respuesta policial sólo se entiende como "venganza" por la muerte del sargento. Al mismo, tiempo, la organización ha denunciado que durante el operativo se produjeron numerosas violaciones de los derechos como invasiones de domicilios, intimidaciones y saqueos por parte de los agentes. La Policía ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

Los tiroteos obligaron a cerrar colegios y guarderías, dejando sin clase a unos 7.000 alumnos. También permanecieron cerrados por seguridad los centros de salud. Además, la comunidad se quedó sin suministro eléctrico después de que, según testigos, la Policía inutilizara los transformadores. Ayer, treinta y seis horas después de los tiroteos, todavía algunas zonas de la comunidad seguían sin suministro. Muchos comercios también permanecían cerrados. Esta actuación provocó diferentes manifestaciones durante la tarde del martes en la comunidad denunciando los supuestos excesos policiales y exigiendo la salida de la policía de la favela. Finalmente, a última hora del martes las fuerzas especiales se retiraron.

La política de seguridad en Rio a partir de la implantación de las Unidades Policiales de Pacificación (UPP) en las favelas siempre ha estado envuelta en la polémica. Actualmente están operativas 32 de las 40 UPP proyectadas. Hasta el momento más de 8.300 policías han sido movilizados, con un coste anual de unos 156 millones de euros. Su implantación se ha realizado en espectaculares operativos en los que no han faltado la intervención de blindados del ejército.

Sin embargo, las UPP también se han visto envueltas en la polémica, tanto por los supuestos abusos registrados en sus actuaciones, como por los criterios que rigen su distribución. Para muchos, su distribución geográfica busca más crear un "cordón sanitario" que mantenga a salvo las áreas turísticas de Rio y los centros deportivos de cara al Mundial y las Olimpiadas, que realmente atajar el problema de la violencia. En este sentido, el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Rio destaca que los principales barrios de la zona norte y oeste de Rio han quedado fuera del programa de UPP, pese a estar bajo el control de narcotraficantes y milicias y presentar los índices más altos de violencia y muertes de la ciudad.

En cualquier caso, mientras en Nueva Holanda intentan superar el "estado de guerra" en el que han vivido las pasadas horas, otra histórica favela carioca, la Rocinha, se sumaba a las movilizaciones populares que estos días vive Brasil. Durante la jornada del martes más de dos mil personas procedentes de Rocinha y Vidigal, entre las que destacaban un gran número de niños y adolescentes, bajaron hasta el selecto barrio de Leblón, donde se concentraron frente a la residencia del gobernador Sergio Cabral.

Los manifestantes denunciaban las condiciones de vida en la favela, exigiendo mejoras especialmente en el ámbito de la salud y educación. Además, los concentrados criticaban el retraso en las obras programadas en la comunidad. La marcha tuvo recuerdos para las nueve víctimas mortales de la actuación policial en Nueva Holanda. Ante esta movilización popular, las autoridades cariocas reforzaron con 350 agentes la presencia policial en la favela de Rocinha. La marcha de los residentes en la favela fue recibida con miedo por los grandes comercios de Leblon, como el Fashion Mall que cerró anticipadamente sus puertas.