Tan antiguo como la misma esclavitud, el movimiento negro brasileño tiene como origen los quilombos. En aquellos asentamientos de esclavizados que escapaban de las haciendas comenzó a construirse la lucha abolicionista que solo se concretaría en 1888 –Brasil fue el último país de América en lograrlo–. Los quilombos, hoy, son terrenos sacrosantos, por eso la ultraderecha brasileña, encabezada por el presidente del Gobierno Federal, Jair Bolsonaro, los denigran siempre que tienen ocasión.

La abolición de la esclavitud en Brasil no incluyó promesas de terrenos y mulas, como en Estados Unidos, sino que dejó un legado de rechazo social y miseria que dura hasta nuestros días. Ni un atisbo de políticas de reparación. Y el racismo se perpetuó. Durante el siglo XX se sucedieron los intentos de organizar el movimiento negro contemporáneo: aparecieron la Frente Negra Brasileira (1931-1938), el Clube Negro de Cultura Social (1932-1938), la Legião Negra (1932) y el Teatro Experimental do Negro (1944-1961). Poco después, las atrocidades de la dictadura militar (1964-1985) provocaron una respuesta a la altura: la fundación del Movimento Negro Unificado, en 1978.

Llegó la democracia, y, con los aires de libertad, el destino de la comunidad negra brasileña siguió siendo el mismo: recuperarse cada día de un varapalo detrás de otro. "Decidieron matarnos, pero nosotros hemos decidido no morir" es uno de los eslóganes del nuevo movimiento, inspirado en un cuento de la escritora Conceição Evaristo. La población negra brasileña sangra a borbotones, y aún así gana espacio social, político, académico, técnico, comunicativo e intelectual.

En el Brasil de 2020, ciento cincuenta organizaciones sociales componen la Coalizão Negra Por Direitos. Casi todo el movimiento negro pasa por allí, completándose con el trabajo social a pequeña escala en las favelas de las grandes ciudades. La estructura, eso sí, es muy diferente a la del movimiento negro estadounidense. "Estamos comenzando ahora a encarar el racismo de frente, porque hemos vivido mucho tiempo bajo la falacia del mito de la democracia racial", explica para Público la filósofa Katiúscia Ribeiro.

En Estados Unidos (13% de población negra) se formó rápido la unión, el sentimiento de hermandad. En Brasil (56% de población negra), "la comprensión de negritud", según Ribeiro, "ha necesitado ser reconstruida". Durante décadas, el poder y las instituciones convencieron a los negros brasileños de que "la reacción ante la violencia del racismo no era necesaria" porque en Brasil era todo el mundo igual. El racismo, decían, era cosa de otros países.

Fue más viable pelear en Estados Unidos contra el racismo descarnado de las Leyes Jim Crow –lavabos separados, asientos apartados en los medios de transporte, etc– que contra la discriminación camuflada que se desarrolló y se desarrolla en Brasil. "En Brasil nunca tuvimos una segregación oficial", remarca Ricardo Corrêa, de AfroRevolt, "pero la llamada democracia racial, ha influenciado sobremanera todas las relaciones, manteniendo siempre el racismo como algo velado".

Otro punto a favor de la mayor robustez del movimiento en Estados Unidos fue el movimiento por los derechos civiles, que "transformó y amplió la concienciación de los afroamericanos", señala Corrêa. En Brasil se suma "la intersección con la clase social, que acaba exigiendo nuevos parámetros de evaluación". Todo desemboca en la "subjetividad racista construida sobre un repertorio de estereotipos negativos que colocan a los miembros de la comunidad negra como delincuentes, y por lo tanto potenciales asesinados o encarcelados". Ahí es donde entra en juego la violencia policial, letal cuando de población negra se trata. "Necesitamos alcanzar otro nivel de humanidad".

En noviembre de 2019, por primera vez, la población negra se convirtió en mayoría entre los alumnos de las universidades públicas brasileñas. El logro es fruto del programa de cuotas raciales instaurado en 2003, durante el primer año de mandato del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este sistema de plazas reservadas, que se aplica desde 2014 también a las convocatorias de oposiciones, es, junto con la preservación territorial de los quilombos, lo más parecido a una reparación que se ha puesto en marcha en Brasil. La clase blanca dominante siempre ha protestado por estas leyes.

"Cota não é esmola" (Cuota no es limosna) canta Bia Ferreira en el himno que recorrió el país hace un par de años. Se lamenta la compositora y multiinstrumentista mineira de que, debido a la política de blanqueamiento ideada desde la puesta en marcha de la República (1889), muchas personas negras no se reconocen como tal. La influencia de la desigualdad entre clases para ella también es un hecho: "Vemos población analfabeta funcional, población negra sin acceso a saneamiento básico, sin acceso a educación, sin acceso a salud, condicionadas a no pensar", comenta para este reportaje. "Cuando sucede eso, también hay un bloqueo de acceso a información, y ese bloqueo hace que todavía tengamos que luchar mucho para diseminar el mensaje. Somos mayoría, pero solo una minoría ha tenido acceso al debate descolonizado del pensamiento al respecto de las demandas antirracistas".

La actual situación de las comunidades quilombolas

Las comunidades quilombolas de la actualidad sufren en sus carnes el proyecto de Bolsonaro de dinamitar su resistencia desde dentro, desde la Fundación Cultural Palmares, creada en 1988 –en honor al Quilombo dos Palmares, el más importante de la historia– precisamente para la "promoción y preservación de los valores culturales, históricos, sociales y económicos derivados de la influencia negra en la formación de la sociedad brasileña". La Fundación Cultural Palmares, actualmente a las órdenes de un súbdito bolsonarista, "está deconstruyendo todo el trabajo que nos ha costado muchos años construir", afirma Sandra Maria, una de las líderes del quilombo Carrapatos da Tabatinga, en Bom Despacho (Minas Gerais) y coordinadora ejecutiva de la Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ). "Bolsonaro quiere que nos extingamos", afirma Sandra Maria, "pero eso no va a pasar".

Sandra Maria analizaba para la agencia Alma Preta la importancia de contar con comunidades quilombolas certificadas, "para tener acceso a las políticas públicas: salud, educación, asistencia social, transporte, vivienda social". Los datos oficiales marcan 2847 comunidades certificadas en toda la geografía nacional, con otros 1533 procesos pendientes de resolución. El Gobierno Federal se niega a certificar nuevos quilombos, del mismo modo que, en el ámbito de los pueblos originarios, evita visar nuevas reservas indígenas, y no respeta las ya existentes. El reconocimiento y preservación de estos territorios debería ser otra de las medidas de reparación por los cerca de cuatro siglos de esclavitud. Esos terrenos tampoco son limosna. Es desagravio. Es justicia.