Entre enero y septiembre de 2019 se han quemado unos 60.000 km2 de selva Amazónica en territorio brasileño, de acuerdo con la medición por satélite del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE). Esto equivale a dos veces el tamaño de toda Bélgica (30.532 km2) convertido en cenizas en un periodo de apenas nueve meses. En el mes de agosto se registró un pico de 30.000 focos de incendios que fueron responsables de casi la mitad del territorio calcinado en lo que va de año (24.944 km2), motivo por el que saltaron las alarmas nacionales e internacionales sobre la destrucción de la mayor selva tropical del mundo.

El Gobierno brasileño ─que cuestionó los datos oficiales y demoró su respuesta─ acabó por establecer un decreto a finales de agosto que prohibió la práctica de quemar maleza durante los meses de septiembre y octubre, hasta el final del periodo de sequía, y mandó a 44.000 efectivos del Ejército a apoyar las misiones de extinción de incendios. Junto con estas medidas, la lluvia colaboró en la extinción de las llamas y los focos activos se redujeron en un 65% según el balance de septiembre. No obstante, el fuego continúa presente en algunas partes de la Amazonia. Sólo durante la semana pasada, entre el lunes 14 y el domingo 20 de octubre, el INPE registró 1.293 focos activos.

Tanto los incendios que continúan vivos como los cementerios de cenizas han invadido con sus humaredas los cielos de la región amazónica brasileña donde vive un 12% de la población total del país, es decir, 24 millones de personas. El rastro de las llamas es dramáticamente perceptible tanto en el paisaje como en la salud de algunas personas. Investigadores de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) en Brasil, que analizan los efectos de los fuegos sobre la salud de la población, alertaron sobre las graves consecuencias de la gran diversidad de gases, oligoelementos y pequeñas partículas que se desprenden de los incendios. Según los últimos datos de julio, justo antes de que arrecieraran los incendios, el grupo de investigación reportó 5.000 casos de niños internados por problemas respiratorios en un mes, el doble de la media. La Fiocruz subraya que los menores de 10 años son los más vulnerables y prevé un aumento exponencial de enfermos en el análisis de los datos de agosto en adelante.

Los pueblos indígenas aislados, los más vulnerables

“Los incendios llegaron de forma brutal a las comunidades indígenas, están afectando a la biodiversidad y a la salud de las personas, estamos viendo cada día casos más graves de asma y de bronquitis”, declara Sônia Guajajara, coordinadora ejecutiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), un movimiento organizado de los pueblos ancestrales del territorio brasileño. Esta líder indígena originaria de la etnia Guajajara relata que la Tierra Indígena Arariboia, situada en el estado de Maranhão y de donde ella procede, fue una de las más de 150 áreas indígenas afectadas por los incendios que han tenido lugar en los últimos dos meses, según los datos del Instituto Socioambiental (ISA).

Sônia, una antigua líder indígena que fue candidata a la vicepresidencia de Brasil por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en las elecciones de 2018, denuncia la presión que estos fuegos provocan sobre los grupos indígenas no contactados, entre ellos los Awuá Guajá, que viven de forma aislada en la selva próxima a las tierras de los Guajajara. “Los Awuá están cada vez más cerca de nuestras aldeas indígenas porque se están desplazando buscando agua. Los pueblos aislados son los más vulnerables a estos incendios y una amenaza de este porte podría incluso extinguirlos”, añade ella y especifica que los incendios han secado algunos nacimientos de agua.

Los animales intentan huir desesperados ante la llegada de las llamas, muchos mueren en el intento y otros sufren las consecuencias más graduales de la pérdida de su alimento. Según explica esta líder indígena, la fauna sufre y esto interfiere en la cosmología indígena que depende para sus rituales de la presencia de ciertos animales salvajes y de plantas específicas de la selva, muchas de ellas arrasadas por el fuego. “El impacto de los incendios es desastroso para las poblaciones que viven de los recursos naturales. Se está perdiendo una parte del alimento de quien vive de lo que la madre tierra ofrece y eso genera una crisis social y cultural”, afirma Sônia.

El polvo rojo de la carretera BR230, conocida como "Transamazónica", se mezcla con los focos de incendios en la ciudad agrícola de Ruropolis, estado de Pará, en el norte de Brasil. - AFP

Las propias comunidades indígenas se han movilizado para intentar hacer frente a los incendios en sus tierras, pero la gran mayoría se preparan sin los materiales adecuados para combatir el fuego. Gracias a las recientes lluvias, los incendios que comenzaron en agosto en este área indígena han acabado por apagarse. En 2015 también hubo incendios en la tierra Arariboia, según cuenta Sônia, “aunque en aquel momento hubo esfuerzos del Gobierno de la época. El Ministerio de Medio Ambiente de aquella época mostraba una mayor preocupación con las cuestiones ambientales, el actual ministro (Ricardo Salles) es todo lo contrario, autoriza la destrucción”.

De acuerdo con Guajajara, el actual Ejecutivo del ultraderechista Jair Bolsonaro está debilitando los organismos de control ambiental y esto está provocando un aumento de los ataques a tierras indígenas, de la deforestación y, consecuentemente, de los incendios. “Ver el rastro que están dejando las cenizas en la selva amazónica es algo extremadamente triste”, declara esta líder indígena que estará entre el 19 de outubre y el 20 de noviembre viajando por Europa en representación de la APIB para “denunciar las atrocidades del Gobierno”, como ella especifica.

Algunas comunidades luchan con sus propios medios

La demarcación geográfica de una Tierra Indígena (T.I.) implica el reconocimiento del vínculo ancestral de estos pueblos con un territorio que pasa a pertenecerles colectivamente. La Tierra Indígena Manoki, situada en el estado de Mato Groso, sufre invasiones desde la dictadura militar (1964-1985). Aunque fue oficialmente demarcada en 2008 con 206.000 hectáreas donde viven 250 personas, algunos grupos de productores rurales continúan ocupando ilegalmente partes de este territorio, escenario de una antigua disputa de linderos. “Más invasores entraron el año pasado, crearon un asentamiento ilegal en nuestra tierra, dicen que la tierra es de ellos y el gobierno local (del municipio de Brasnorte) les apoya”, explica Marta Tipuici, indígena de la etnia Manoki.

La T.I. Manoki está en el extremo sur de la Amazonia, en lo que se considera el cinturón de expansión agrícola donde el avance de la deforestación se ve con mayor claridad. Rodeada por varios latifundios de cultivo de soja y de ganado, esta etnia es una de las que sufre las consecuencias más crudas de los incendios criminales provocados con el objetivo de ampliar el terreno agrícola. Entre enero y septiembre de este año, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), organismo que detecta los fuegos vía satélite, registró 186 focos de incendio solo en esta Tierra Indígena. “Los incendios los provocan los invasores”, explica Tipuici que especifica que estos fuegos han destruido una parte de selva virgen que con tanto esfuerzo ellos intentan proteger. “Los productores que ocupan nuestra tierra están ahora más valientes que nunca porque confían en lo que promete el actual Gobierno de que ninguna tierra indígena más va a ser homologada”.

Los Manoki, también conocidos como indígenas Irantxe, cuentan con un sistema propio de vigilancia de su territorio para intentar detectar tanto invasiones para la retirada de madera ilegal como incendios criminales. Una vez reportados a los órganos gubernamentales de fiscalización ambiental, entre los que destacan el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), los funcionarios de la institución se encargan de expulsarlos. “A finales de agosto conseguimos pillar por sorpresa a algunas personas quemando en nuestra tierra, hicimos fotos con un dron que tenemos para denunciarlos, el fuego acabó siendo enorme y todavía no se ha castigado a los culpables”, declara Tipuici.

Un bosque quemado en Altamira, estado de Pará, Brasil, en la cuenca del Amazonas. - JOAO LAET / AFP

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, y el de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni, se reunieron la semana pasada con un grupo de extractores ilegales que están presionando al Gobierno para que extingan estos organismos de vigilancia ambiental y, además, exigen que se castigue a los funcionarios de estas instituciones por haber destruido la maquinaria de los invasores, tal y como la ley ambiental indica.

A pesar de que los vientos gubernamentales en la Amazonia no soplan a favor de la preservación, los Manoki continúan luchando para mantener su sistema de vigilancia contra invasiones. En lo que va de año realizaron seis grandes misiones de vigilancia, todas con recursos propios porque la financiación inicial provenía de un programa de incentivo fiscal destinado al medio ambiente que está siendo parcialmente bloqueado por el Gobierno municipal. En tres ocasiones se depararon con invasiones. Tipuici detalla que si bien los organismos ambientales intentan atender sus denuncias, el fuerte recorte de presupuesto y la deslegitimación que sufren por parte del Gobierno, les dificulta la tarea. “Está claro que tanto el Gobierno municipal como el nacional no quieren que cuidemos de nuestra tierra”, exclama Tipuici.

El fuego ardía hasta que hace pocos días ha consumido árboles centenarios, frutales, plantas medicinales y diversas especies de animales salvajes. Al igual que en la Tierra Arariboia, los Manoki tampoco han recibido auxilio de ningún efectivo gubernamental contra los incendios, solo la reciente llegada de las lluvias ha conseguido apagar las llamas.

Un aire más contaminado que el de São Paulo

“El elevado número de incendios, justo este año que las sequías son más suaves, indica que la deforestación ha podido ser el factor que ha impulsado las llamas”, explica una nota técnica publicada por el Instituto de Investigación Espacial (IPAM) en agosto y titulada “Amazonia en llamas”. El IPAM muestra que los diez municipios con las mayores tasas de deforestación corresponden con las regiones que más incendios han registrado. “La concentración de incendios forestales en áreas recién deforestadas y con bajas sequías es un fuerte indicio del caracter intencional de los incendios para limpiar las zonas recientemente deforestadas”, añade la misiva.

Desde agosto, “la población de ciudades amazónicas ha pasado a respirar un aire más contaminado que el de conglomerados urbanos como São Paulo”, informa la nota técnica del IPAM que alerta que las consecuencias de esto pueden ser catastróficas y llama la atención para el elevado gasto que esto implica para el Sistema público de salud brasileño (SUS). En el estado de Acre, fronterizo con Bolivia, el Gobierno estatal decretó situación de alerta desde el 9 de agosto debido al preocupante estado del aire. La nota incluso cita un estudio de diversas universidades brasileñas y publicadas en la revista Natura que demuestra que el humo intenso de los incendios puede inflamar las células del pulmón, provocando estrés oxidativo y daños genéticos.

Los habitantes de algunos núcleos urbanos como por ejemplo Belém, capital del estado de Pará, Alter do Chão, localidad próxima con alto atractivo medioambiental y turístico, o Chapada dos Guimarães, un Parque Nacional con unos 20.000 habitantes, entre otros, también están sufriendo las consecuencias del rastro dejado por las cenizas. Muchas personas de la Amazonia saben que los fuegos son intencionados pero no denuncian por miedo, explica Ana Toni, directora ejecutiva del Instituto Clima y Sociedad (iCS), una organización filantrópica que promueve el desarrollo de bajo carbono en Brasil. “Tienen miedo de ser asesinadas, la criminalidad es muy fuerte en la región”, declara Toni. De acuerdo con el último informe de la ONG Global Witness (GW), Brasil es el primer país en conflictos rurales y en asesinatos de defensores del medio ambiente. Casi un tercio del total de los 164 ambientalistas asesinados en 2018 eran brasileños, según GW.

Vista aérea de la deforestación en la Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo en Altamira, estado de Pará, Brasil. - JOAO LAET / AFP

Conectar a la población urbana y rural

“Es importante recordar que la región norte de Brasil (área amazónica), que representa más del 50% del país, es la más frágil. La población amazónida es la que más sufre del abandono y ausencia de políticas públicas”, cuestiona Toni, especialista en desarrollo sustentable que subraya la diferencia de intereses que planean sobre la Amazonia, desde los ambientalistas hasta los empresariales. Por ello, destaca la necesidad de confluencia como única salida para la protección de este enclave natural: “En lugar de pensar en las actividades económicas existentes que tienen menos impacto, deberíamos pensar qué otra forma de economía permitiría fortalecer la vitalidad de la Amazonia y del planeta”.

Si la selva continúa siendo invadida por otros usos de la tierra, véase agropecuaria intensiva o extracción intensiva de recursos, el actual escenario de elevado número de incendios podría convertirse en un evento frecuente en la Amazonia, según alerta la nota técnica del IPAM. “Es importante entender que sin las grandes extensiones de selva actuando como barrera para la propagación de incendios, los prejuicios futuros para la salud de las personas y la agricultura pueden ser incalculables (…) bajo el riesgo de que la próxima generación de brasileños se convierta en cenizas”, especifica el texto.

Toni añade que no se puede trazar ninguna estrategia eficaz ni de explotación ni de conservación ambiental sin contemplar a la población que vive dentro de la selva. “Los indígenas saben lo que quieren de la Amazonia porque siempre estuvieron allí. No obstante, es esencial incluir a la población urbana en la discusión sobre conservación y considerar sus demandas de empleo, transporte, salud o educación”, declara Toni. La población de la Amazonia es la primera que sufre las consecuencias de la destrucción de la selva.