La organización de derechos humanos Human Rights Wacht (HRW) ha pedido este martes de la ONU más contundencia y atención ante la oleada de detenciones de precandidatos a la Presidencia y líderes opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, además de sanciones individuales a los responsables políticos para frenar la escalada autoritaria y represiva previa a las elecciones del próximo noviembre.

Poco antes de la media noche del pasado domingo, la policía nicaragüense rompió los cristales de la casa en Managua del periodista y empresario de la comunicación Miguel Mora y se lo llevó esposado. Es ya el quinto precandidato presidencial de la oposición al gobierno de Daniel Ortega que es arrestado en las últimas semanas, cuando faltan cinco meses para las elecciones generales del 7 de noviembre en Nicaragua, en las que Ortega buscará su tercera reelección consecutiva desde 2007 (su cuarto mandato presidencial en total) junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta y primera dama.

La noche del lunes, la Policía también detuvo a la política opositora María Fernanda Flores Lanzas, esposa del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002), y al periodista crítico con el Gobierno Miguel Mendoza. Están acusados de realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua, informó la Policía Nacional.

Estos arrestos se suman al de la periodista y precandidata a la Presidencia Cristiana Chamorro, hija del asesinado periodista y opositor al régimen de Somoza, Pedro Joaquín Chamorro, y de la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios, que arrebató la presidencia del país a Ortega desde 1990 a 1997. Desde que la policía allanó su casa el pasado 2 de junio, Chamorro está en arresto domiciliario, "sin poder salir de su dormitorio, incomunicada y sin acceso a internet", ha detallado José Luis Vivanco, responsable de HRW para las Américas en rueda de prensa.

Chamorro está acusada de "gestión abusiva, falsedad ideológica y lavado de dinero, bienes y activos" por la gestión de la reconocida Fundación Violeta Barrios de Chamorro por la libertad de prensa. Antes, el Gobierno informó de que había sido inhabilitada para concurrir a las elecciones por estar sometida a un proceso penal.

Tras Chamorro, corrieron la misma suerte los precandidatos Félix Maradiaga y Arturo Cruz, ambos académicos, y el economista Juan Sebastián Chamorro, sobrino de la expresidenta Barrios y su marido y primo de Cristiana Chamorro. Sus cargos penales siguen la misma estela que los de Chamorro aunque se encuentran, según Vivanco, en la cárcel de El Chipote, conocida por numerosos casos de torturas, ha enfatizado Vivanco.

Estas detenciones de opositores junto a otras de activistas y periodistas se enmarcan, según HRW, en una "creciente campaña de violencia y represión contra miembros de la oposición y la sociedad civil" instigada por el Gobierno de Ortega. Según un informe realizado por esta organización defensora de derechos humanos, Nicaragua vive una escalada de autoritarismo que "parece formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección" de Ortega, y que se ha ido exacerbando desde el estallido social de 2018 contra el Ejecutivo de Ortega, que controla todos los poderes del Estado, incluida la justicia y el Consejo Supremo Electoral.

Escalada autoritaria tras la brutal represión de 2018

Aquella oleada de movilizaciones fue derivando en paros nacionales y protestas que aumentaban al mismo ritmo que la feroz represión de la Policía, el Ejercito y grupos progubernamentales armados. En varios meses, la respuesta de Ortega dejó un saldo de más de 300 muertos, 2.000 heridos, más de un centenar de presos políticos y numerosas denuncias de tortura y asesinatos sumarios que han quedado impunes, según varias organizaciones defensoras de derechos humanos.

"No hay instituciones democráticas en Nicaragua", ha aseverado Vivanco, quien advierte de que los comicios, si nada cambia, no pueden ser fiables. "No hay mínimas condiciones para una elecciones libres, justas, transparente y con respaldo internacional. Ortega ha modificado el Consejo Supremo Electoral, donde todos sus integrantes son afines a Ortega. No hay garantías para realizar elecciones presidenciales con un mínimo de credibilidad", ha insistido.

El informe "Arremetida contra críticos en Nicaragua", realizado por HRW, señala también los recientes arrestos de otros nueve reconocidos críticos del Gobierno a los que se investiga por cargos como "pedir intervenciones militares", "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización", "demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos" o "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos". Entre los detenidos más recientes hay dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas ahora contrarios a Ortega, un exdirigente de la patronal, un banquero, cuatro activistas y dos extrabajadores de una ONG.

La mayoría de los cargos, recuerda la organización, son imputables gracias varias reformas legislativas realizadas el pasado año y que han "aumentado la censura y la represión a los periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos" y cualquier otra voz crítica con el sandinismo oficialista, que introducen cargos como el de "traición a la patria".

En palabras del director de Vivanco, se trata de "restricciones de amplio alcance que socavan gravemente derechos humanos fundamentales" y que se añaden a una reforma electoral que, en la práctica, "facilita la posibilidad de inhabilitar a opositores políticos". "Lo que está ocurriendo en Nicaragua es algo anómalo, no se había visto en la región en los últimos 30 años. Exige una reacción firme y clara de la comunidad internacional", ha asegurado.

HRW ha pedido más contundencia a la ONU y recomienda a su secretario general, António Guterres, que aplique el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas para que la situación del país se trate en sesión abierta del Consejo de Seguridad de la ONU. "Es un mecanismo de prevención. La situación de Nicaragua debe tratarse al más alto nivel antes de que explote del todo", han añadido. "Otros gobiernos de la región observan cómo reacciona la comunidad internacional en este caso. Si se hace la vista gorda, si se normalizan estos hechos es muy probable que el modelo de Ortega se expanda", ha advertido Vivanco.

La preocupación internacional va en aumento y la oleada de detenciones ha sido condenada por la Organización de Estados Americanos (OEA). También preocupa entre gobiernos de corte izquierdista como los de Argentina o México, que no se han adherido a la condena de la OEA, pero cuyos embajadores en el país caribeño han sido llamados a consulta ante "las preocupantes acciones políticas-legales" del Gobierno de Ortega.

Hostigamiento, detenciones arbitrarias y posibles torturas

Según las entrevistas realizadas por HRW a medios centenar de activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos en Nicaragua, la organización ha documentado "hostigamiento", "detenciones arbitrarias" o impedimentos para realizar actividades políticas.

La técnica empleada por la Policía, afirmaron los entrevistados, consiste en apostar agentes en los accesos a las viviendas de los hostigados durante periodos que varían entre horas, días y meses para propiciar su aislamiento social.

En dos casos documentados por HRW, "policías y miembros de grupos armados partidarios del gobierno golpearon y detuvieron a quienes habían salido de sus casas", en tres, sendas mujeres sufrieron "acoso y agresión sexual" tras ser detenidas y en otros hubo seguimiento policial.

El informe también detalla amenazas de muerte por parte de los policías a los detenidos antes de su puesta en libertad y varias personas reconocen haber sufrido malos tratos durante el arresto. Al menos dos de ellos podrían ser constitutivos de torturas con prácticas como palizas, "obligar a mujeres a hacer sentadillas desnudas sin ningún otro fin aparente más que humillarlas e intimidarlas" y "someter reiteradamente a una persona a la práctica de sumergirle la cabeza bajo el agua". Hechos que la organización ha cotejado al menos 400 casos documentados por otros colectivos y que "reflejan un patrón similar".

El informe de HRW también recomienda a la comunidad internacional que se impongan sanciones individuales contra altos funcionarios gubernamentales que sean responsables de las violaciones de derechos humanos documentadas. Entre ellos están el presidente Ortega, su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo; el diputado Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional; el diputado Edwin Castro, jefe del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); la Fiscal General, Ana Julia Guido Ochoa, nombrada en 2014; o el director general de la Policía Nacional Francisco Javier Díaz.

"Las instituciones democráticas de Nicaragua han sido cooptadas por Ortega y Murillo. Son una pareja que concentra todo el poder como si fuera una finca privada, están en condiciones de fabricar un procedimiento penal contra cualquier y las víctimas no tienen ninguna institución a la que acudir", ha resumido Vivanco.