El Gobierno de coalición entre conservadores y liberal demócratas se resquebraja. El veto del primer ministro, David Cameron, al pacto fiscal euro-peo en diciembre abrió una brecha que se ha ido intensificando en las últimas semanas. A las duras críticas del viceprimer ministro británico, Nick Clegg, contra su socio conservador durante la cumbre de políticos liberales europeos el pasado lunes, se suma ahora la rebelión que se ha producido esta semana en la Cámara de los Lores con motivo de la Ley de Reforma del Estado del Bienestar.

Hasta tres votaciones consecutivas perdió el Gobierno en su intento por introducir los mayores cambios en el Estado del bienestar de los últimos 60 años, como consecuencia de la oposición cantada de laboristas e independientes y, además, el sorprendente voto en contra de parte de la bancada liberal.

El punto cúspide de la revuel-ta vino, precisamente, en la última de las votaciones, cuando más de la mitad de los liberal demócratas no apoyaron al Gobierno (cinco votaron en contra y 44 no votaron, mientras que sólo 42 emitieron su voto a favor) en su intento por reducir la prestación de desem-pleo a un año para los enfermos de cáncer. Medida que el independiente Lord Patel calificó de "inmoral".

No fue la única votación que el partido de Cameron vio rechazada. Así, la medida de retirar las prestaciones a los jóvenes discapacitados que nunca hayan trabajado cayó en saco roto, encontrando la dura oposición de liberales como la baro-nesa Meacher, que aseguró que "condenaría a los niños a una vida de ayudas pendientes de trámite". La tercera de las votaciones que no vio sali-da fue la propuesta de limitar a 12 meses el subsidio de desempleo para quienes se consideren capaces de trabajar en el futuro.

Vistos los resultados, el minis-tro de Trabajo, Chris Grayling, criticó la actitud de sus cole-gas, asegurando que "han traspasado la línea roja de la decencia británica". En su opinión, las medidas propuestas por el Gobierno en la reforma son "duras", pero necesarias dado el actual déficit. Los responsables del Ministerio de Hacienda han llegado a asegurar que no será posible acabar con él hasta por lo menos 2015. Grayling subrayó la necesidad de que sólo se beneficien del Estado del bienestar "quienes realmente lo necesiten".

Por su parte, un Clegg conciliador respetó la decisión de sus colegas de partido en pos de "garantizar una reforma justa y sensible", pero advirtió de la necesidad de introducir cambios drásticos en el sistema de bienestar. La ley será ahora devuelta a los Comunes, donde los diputados tendrán la última palabra.