Un activista mexicano, opositor a un proyecto eléctrico impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de Morelos, ha sido asesinado a balazos este miércoles, a pocos días de una consulta pública para decidir sobre la construcción de una planta termoeléctrica. Justo un día antes, representantes de las comunidades indígenas habían presentado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una solicitud de medidas cautelares para detener la consulta pública, prevista para el fin de semana,.

Se trata de Samir Flores Soberanes, de 30 años. Samir fue uno de los principales adversarios del Proyecto Integral Morelos (PIM), de 2010, que incluye una termoeléctrica en la comunidad Huexca; un gasoducto que atraviesa decenas de comunidades campesinas en los centrales estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos; una línea eléctrica y un acueducto. El activista recibió varios disparos en la puerta de su casa, en la localidad de Amilcingo, alrededor de las 5.00 hora local, justo después de que llegaran dos coches a la puerta de su vivienda y le llamaron para que saliera. Aunque los vecinos lo encontraron con vida, antes de llegar al hospital Flores falleció.

Los opositores culpan al Gobierno de su muerte

El Gobierno ha reprobado este hecho y la Fiscalía estatal ha asegurado que todo apunta a una obra del crimen organizado. "Condenamos el asesinato de Samir Flores Soberanes, quien era dirigente en Amilcingo,  y opositor al Proyecto Integral Morelos", dijo en su cuenta de Twitter el portavoz del Gobierno, Jesús Ramírez Cuevas. "La manifestación de las ideas es un derecho fundamental para la democracia", ha señalado.

Pero la organización Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala responsabiliza al Gobierno de su muerte, según una carta que han publicado en los medios. La asociación criticó al Ejecutivo de López Obrador "su omisión" de resolver por la vía del diálogo el conflicto que genera el proyecto eléctrico, al que consideran dañino para el medioambiente y carente del consentimiento de los pueblos indígenas de la zona. "Hoy están los resultados de los oídos sordos de Obrador (...) Responsabilizamos al Gobierno Federal de este asesinato", dice el comunicado.

Los opositores al PIM sostienen que la consulta no cumple con los parámetros internacionales porque en ella podrá participar cualquier persona, y no directamente los habitantes de la región afectada, y vulnera el derecho de las comunidades indígenas a una consulta previa y libre.