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Santo Domingo envía a los haitianos de vuelta a la ruina

El Gobierno dominicano se escuda en el cólera para deportar a los inmigrantes por centenares

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La luna de miel para revertir la historia trágica de los dos países que comparten una isla ni siquiera cumplió un año. El Gobierno dominicano ha deportado a cientos de haitianos ilegales en los últimos días, cuando todavía no se ha cumplido el primer aniversario del salvaje terremoto del 12 de enero de 2010. Las fuerzas armadas han impuesto severos controles a lo largo de la frontera común, en busca de haitianos indocumentados. Una 'respuesta firme' a la entrada irregular de los emigrantes, según Sigfrido Pared, director general de Migración.

El número total de deportados es una incógnita, pero se sabe que fluctúa entre 1.500 y 3.000. El operativo se denomina Cordón Sanitario y, según ha hecho público el Ministerio de Salud en Santo Domingo, su objetivo es prevenir la extensión del cólera, la epidemia que ya ha matado a 3.651 personas y ha contagiado a otras 154.705 en Haití. La envergadura del operativo, que se basa en el control de todos los vehículos procedentes del país vecino, se mide con el resultado del primer día de puesta en marcha, durante la madrugada del martes: 500 personas fueron apresadas. Al día siguiente se repitieron las mismas cifras.

Amnistía Internacional y el Servicio Jesuita consideran inaceptable la expulsión masiva

'También hemos establecido controles sanitarios a todo lo largo y ancho de la frontera para así evitar la expansión del cólera', se defendió el viceministro de Salud Colectiva, José Rodríguez Aybar.

El Gobierno quiere realizar chequeos médicos a los haitianos a través de equipos de epidemiólogos. También se instalarán dispositivos de agua potable, cloro y jabón, para que los haitianos cumplan con los protocolos ya usados en los hospitales de su país.

República Dominicana alza un cordón sanitario a lo largo de la frontera con el país vecino

La caza y captura de los haitianos ya se ha cobrado su primera víctima, la de Silié Ramón, un jovencito de 19 años que buscaba la vida mejor del emigrante. Silié saltó desde el camión en el que era conducido por las fuerzas policiales, cerca de Santiago de los Caballeros, junto a 30 de sus paisanos. Un salto directo a la muerte: un camión lo atropelló.

La psicosis que vive República Dominicana tras los 154 casos acreditados de cólera en su territorio, la mayoría de haitianos recién llegados, ha provocado la reacción del Gobierno de Leonel Fernández, que había suspendido estas operaciones tras el terre-moto. Los últimos diez casos detectados en Azua, atribuidos al pésimo estado de las alcantarillas, han dado otra excusa para la fulminante reacción. Según cifras extraoficiales, al menos un millón de haitianos viven y trabajan al otro lado de su frontera.

La medida gubernamental cuenta con el apoyo de gran parte de la población, temerosa de la epidemia y que todavía lucha consigo misma para librarse de los prejuicios que han marcado su historia común. Pero ya han surgido las primeras voces críticas. La más potente, la de los jesuitas: 'Las masivas repatriaciones no son efectivas para evitar el avance de la epidemia, sino que socavan el Estado de derecho, dan lugar a la violación de los derechos humanos de los emigrantes y promueven el racismo'. El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes considera 'inaceptable' que se 'violen los principios constitucionales de presunción de inocencia, libertad de tránsito y de no discriminación'.

La denuncia de los jesuitas ha llegado hasta Amnistía Internacional, que en un comunicado hecho público ayer urgió a 'que se detenga de manera inmediata la deportación en masa de emigrantes haitianos'. AI insistió que 'cualquier haitiano sospechoso de sufrir cólera debe recibir tratamiento médico'.

Se cierra la puerta, fin al idilio en un solo año. Muy poco tiempo para curar las heridas abiertas por décadas de odio y matanzas, como la famosa del Río Masacre ordenada por el dictador Leónidas Trujillo. En uno de los capítulos más trágicos de la historia de Latinoamérica, 20.000 haitianos perdieron la vida por ser negros y haitianos. Fusilados o muertos a machetazos, los cadáveres fueron arrojados al río Masacre, que según cuentan las crónicas se tiñó de rojo. Años después, Trujillo decidió pagar una indemnización para cerrar el tema: 27 dólares por muerto.

La historia comenzó a dar la vuelta el 12 de enero pasado. Miles de médicos, rescatistas, militares y voluntarios dominicanos fueron los primeros en llegar a Haití, liderados por Leonel Fernández, que de inmediato apoyó al presidente René Préval. En la frontera se plantó el primer hospital, que salvó las primeras vidas. También las conocidas cocinas móviles del Gobierno, que atienden a los barrios más pobres del país, viajaron con urgencia a Puerto Príncipe. Los aeropuertos de Santo Domingo y de Barahona, los puertos más cercanos a las fronteras, incluso la propia embajada dominicana en la capital vecina, se convirtieron durante semanas en territorio haitiano.

Las noticias sobre lo que ocurre tan cerca todavía no habían suscitado comentarios en Puerto Príncipe, donde todo el mundo contiene la respiración ante la inminente publicación del informe de los expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el fraude electoral del 29 de noviembre. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aseguró ayer que el esperadísimo dictamen se conocería el 'fin de semana'. En el equipo de Michel Martelly, el cantante antisistema apartado de la segunda vuelta electoral en beneficio del yerno del presidente Préval, se mostraban esperanzados y convencidos de que el famoso Sweet Micky también concurrirá a la segunda vuelta.

Tras el informe de la OEA será el turno del Consejo Electoral, que la semana que viene publicará los resultados definitivos y la fecha de la elección. La famosa calma tensa volverá así a las crónicas, cuando sólo faltan cuatro días para el aniversario del terremoto. Una calma tensa que jamás se fue de este país.