El expresidente francés Nicolas Sarkozy conocerá este lunes la sentencia del juicio que le llevó al banquillo de los acusados por corrupción y tráfico de influencias, por el que la Fiscalía pidió contra él dos años de prisión firme y que puede determinar su futuro político.

El hombre que dirigió Francia entre 2007 y 2012 puede ver definitivamente truncada su carrera pública si el tribunal le condena a prisión, como demandó el Ministerio público, que también pidió otros dos años de cárcel exentos de cumplimiento.

Sarkozy, de 66 años, está acusado de haber maniobrado en 2014 para obtener informaciones confidenciales de parte de un alto magistrado en otra investigación abierta contra él a cambio de conseguirle un puesto en Mónaco. El caso fue descubierto por los investigadores en las escuchas telefónicas intervenidas entre el expresidente y su abogado, Thierry Herzog, en el marco de una tercera investigación judicial contra él.

Durante la vista, que tuvo lugar en noviembre y diciembre pasados, Sarkozy negó las acusaciones, mientras sus abogados se obstinaron en tratar de invalidar las escuchas telefónicas, a su juicio protegidas por el derecho a la confidencialidad entre un cliente y su abogado.

La validez de esas pruebas, que el tribunal tendrá que valorar en su sentencia, parece clave para determinar el sentido de su veredicto, que mantendrá pendiente a la clase política francesa, sobre todo a la derecha, todavía muy atenta a la suerte de su último representante en habitar en el Elíseo.

Pacto de corrupción

Para la Fiscalía no hay duda de que Sarkozy, su abogado y el alto magistrado Gilbert Azibert hicieron "un pacto de corrupción" en febrero de 2014 tendente a obtener beneficios en otra investigación, el llamado "caso Bettencourt".

En el mismo, en el que el expresidente ya fue absuelto, se incautaron sus agendas en el Elíseo y Sarkozy buscaba recuperarlas, para lo que acudió a Azibert, a quien, según la acusación, prometió ayudar a conseguir un puesto judicial en Mónaco.

"Le haré ascender", le dijo Sarkozy a su abogado en una de esas conversaciones intervenidas por los investigadores, que tenían pinchado su teléfono dentro de la causa por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Sarkozy en 2007 con dinero del régimen del entonces líder libio Muamar Gadafi. Tanto Herzog como Azibert afrontan una pena similar a la del expresidente y en el caso del primero la Fiscalía pidió también cinco años de inhabilitación para ejercer la abogacía.

Sarkozy aprovechó el juicio para proclamar su inocencia y presentarse como víctima de la Fiscalía Financiera, una institución creada por su sucesor, el socialista François Hollande, para perseguir la corrupción política y que tiene varias cuentas pendientes con el expresidente conservador.

"Nunca he cometido el menor acto de corrupción. Nunca he traficado una influencia, pretendida o real", clamó el exjefe de Estado, el primero en Francia que se sentó en el banquillo de los acusados.

Ensañamiento

Sarkozy apuntó el "ensañamiento" de la Fiscalía contra él y justificó las conversaciones con su abogado en la confianza entre ambos, que trabajaban juntos desde hace años y que nada tenían que ver con la corrupción ni el tráfico de influencias.

"De las conversaciones se desprende que hay un acusado muy inquieto y un abogado afectuoso que quiere tranquilizarlo", explicó Sarkozy, quien reconoció que, sacados de contexto, esos intercambios podían dar impresiones erróneas. La sentencia puede ser la losa definitiva para Sarkozy, retirado de la primera línea política desde que en 2016 fracasó en el intento de volver a ser el candidato conservador a la presidencia del país, derrotado en las primarias por el que fuera su primer ministro François Fillon.

Pese a ello, el "sarkozismo" sigue muy vivo entre la derecha, huérfana de una figura que reúna al partido desde su derrota en 2012 contra Hollande. En caso de ser absuelto, su calvario judicial no habrá terminado. En marzo está previsto que vuelva a los tribunales en el caso que investiga las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña de 2012.

Además, siguen en proceso de instrucción la de financiación de su campaña presidencial de 2007 con dinero libio y su nombre aparece también en las investigaciones sobre una indemnización pagada al exministro y empresario Bernart Tapie sobre el encargo de encuestas sin concurso público en su etapa en el Elíseo o en las ventas de helicópteros a Kazajistán y de armamento a Pakistán.