El Ejecutivo francés destapó ayer sus intenciones y presentó, en nombre propio, una enmienda a la ley de inmigración para convencer a los senadores de votar a favor de las pruebas de ADN, durante el agitado debate que empezó en el Senado francés.

El proyecto de ley de control de la inmigración había incorporado, a su paso por la Asamblea Nacional, la instauración de pruebas genéticas, con el apoyo indirecto del ministro de Inmigración, Brice Hortefeux.

Pero la semana pasada, la iniciativa sufrió un severo revés, cuando la Comisión de Leyes del Senado, de mayoría derechista, deshizo lo andado y rechazó la puesta en marcha de un sistema para practicar dichas pruebas a extranjeros.

Los senadores –muchos de los cuales se presentan a las municipales de 2008–, se sumaban a la indignación que el proyecto de controles genéticos suscita en las asociaciones, las iglesias, personalidades científicas, la izquierda, centristas e incluso algunos miembros de la mayoría.

Ahora pruebas gratis

El Gobierno de Sarkozy ha reaccionado, sin premura y sin rodeos. El Ejecutivo somete hoy al plenario del Senado la subenmienda 204, en la que promete que las pruebas genéticas que serán “propuestas” a las familias extraeuropeas correrán a cargo del Estado francés, y no a cuenta de los paupérrimos inmigrantes.

Con esa subenmienda, el Ejecutivo da su respaldo a los senadores que insisten en volver a introducir en el proyecto de ley las pruebas genéticas a inmigrantes, pese a la oposición de la Comisión de Leyes. Unos senadores ultrasarkozystas que tienen, a juicio de los conocedores del Senado, todas las de perder.

Hortefeux propugna desactivar la bomba que es el proyecto de instaurar pruebas de ADN por el procedimiento de ofrecer garantías. Después de haber defendido que las pruebas serían voluntarias, insistió en que se eliminara la necesidad de prueba de paternidad, para cambiarla por la de maternidad. Luego dijo que habrá control judicial. Y ahora añade que el coste de las pruebas correrá a cargo del Estado.

Pese a su esfuerzo por hacer que lo impresentable parezca presentable, la polémica ha cruzado las fronteras. En primer lugar, las nacionales. El presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, ha denunciado unas pruebas que serían un primer paso hacia certificados de pureza de sangre.

En segundo lugar, las religiosas. El rector de la mezquita de Lyon, Kamel Kabtane, ha afirmado que el “humanismo musulmán se siente vapuleado por esa banalización de las pruebas de ADN”. En términos parecidos se ha manifestado la Conferencia Episcopal de Francia.

Sólo resta que la polémica franquee también la frontera política. Varios senadores miembros del partido en el poder, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), parecen dispuestos a dar pasos en esa dirección.Lo cierto es que la ley contiene otras disposiciones obscenas.

La Asociación Nacional de Trabajadores Sociales (Anas) ha solicitado a los senadores, por ejemplo, que rechacen el artículo que estipula que se privará de alojamiento de urgencia a las familias sin papeles que se encuentren sin techo. ¿Hasta en pleno invierno?