Sednaya, la cárcel más temida de Siria, es una puerta al infierno. "Prácticamente un lugar de exterminio", acota Amnistía Internacional, que en 2017 elaboró un informe sobre las atrocidades que allí se cometían. Con el derrocamiento del régimen de Bashar Al Asad a mediados de diciembre, los muros de Sednaya fueron asaltados. Los archivos y pruebas encontradas en sus instalaciones confirman las ejecuciones extrajudiciales y masivas de al menos 30.000 personas, así como las torturas a las que todos los presos fueron sometidos. Exactamente como ocurrió y continúa ocurriendo en otras prisiones alrededor del mundo.

A la caída de cualquier régimen le sigue la apertura de sus prisiones y la liberación de sus antiguos represaliados. En España, la transición pactada tras la dictadura de Francisco Franco propició la liberación de alrededor de 18.000 presos políticos entre 1975 y 1977. Estos eran, principalmente, militantes del Partido Comunista, Comisiones Obreras, los GRAPO o ETA, aunque también quienes no tenían filiación pero fueron encarcelados por sus simpatías políticas. Los presos comunes, algunos de los cuales habían contravenido leyes franquistas bajo la miseria económica y los estándares morales del régimen nacionalcatólico, continuaron encerrados. En protesta, se organizaron en torno a la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL).

Al otro lado del Atlántico, en Buenos Aires (Argentina), la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se convirtió en un símbolo del sadismo de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla. En sus sótanos, se torturaba y asesinaba a miembros de organizaciones políticas y sindicales de izquierdas. Hoy, las instalaciones del centro militar han sido convertidas en un museo y sitio de la Memoria argentina.

Ketziot (Israel)

En julio de 2024, las imágenes de Muazzaz Abayat, un joven carnicero palestino de 37 años antes y después de permanecer nueve meses en el centro de detención israelí Ketziot, situado en el desierto del Negev, cerca de la frontera con Egipto, dieron la vuelta al mundo. La prisión se levantó sobre un antiguo asentamiento sionista de 1953. Abrió sus puertas en 1988 y, tras numerosas denuncias de malos tratos denunciados por organismos internacionales como Human Rights Watch, fue clausurada en 1995. En 2002, en mitad de la Segunda Intifada, fue abierta de nuevo.

Si bien la situación en el centro siempre ha sido alarmante, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre, el hacinamiento y las torturas físicas y psicológicas se han multiplicado. Así lo confirman los testimonios de prisioneros recogidos en el informe de la ONG israelí B'Tselem, publicado el pasado mes de agosto. No es la única cárcel israelí donde se han denunciado abusos y torturas. En realidad, para los palestinos, cualquier cárcel israelí puede ser un centro de tortura. Así han concluido varios informes de organizaciones proderechos humanos como Amnistía Internacional o Save The Children así como varios informes de organismos de la ONU.

Israel cuenta con una treintena de prisiones y centros de detención. Dichas cárceles están llenas de hombres, mujeres y menores palestinos. Según la organización palestina Apoyo a Prisioneros y Defensa de los Derechos Humanos (Addameer), en la actualidad hay 10.300 palestinos en las cárceles israelíes, de los cuales 345 son niños y niñas de entre 12 y 17 años. A todos ellos Israel los somete a justicia militar. El sionista es el único Estado del mundo que continúa permitiendo que los menores de edad sean juzgados por militares. De hecho, una buena parte de los prisioneros liberados por Israel en la única tregua que se ha producido desde los ataques cometidos por Hamás el 7 de octubre de 2023 eran menores de edad.

Los sucesivos gobiernos del país han creado un sofisticado entramado normativo que permite la detención legal de menores de edad sin necesidad de comunicarle a sus padres o tutores los delitos de los que se les acusa o la prisión a la que ha sido trasladado. Estas mismas regulaciones permiten a las autoridades israelíes llevar a cabo detenciones administrativas. Este procedimiento permite el arresto indefinido, sin cargos ni juicio, a quienes se manifiesten, tiren piedras o lleven a cabo cualquier otro acto de desobediencia civil o sean sospechosos de ello.

Evín (Irán)

En el otro extremo del tablero geopolítico, el régimen de los ayatolás que gobierna Irán desde 1979 es una de las teocracias más represivas del mundo actual. El estricto código de conducta, basado en la sharía –ley divina islámica–, que gobierna la vida pública, ha enviado a prisión a numerosos iraníes. Los detonantes pueden ser desde no cumplir con las reglas de castidad a tener conductas consideradas inmorales –especialmente para las mujeres–, como bailar en público o asistir a eventos deportivos.

Uno de los casos más conocidos en los últimos años fue el asesinato de la joven kurda Jina Masha Amini por llevar mal colocado el velo. El arresto de Amini se hizo a manos de la Policía moral, que la torturó durante su traslado hasta la prisión de Vozara. La joven no sobrevivió. El maltrato en las prisiones de cualquier Estado es una extensión de la brutalidad policial y la impunidad con la que operan sus fuerzas y cuerpos de seguridad.

Por eso muchas cárceles de Irán son testigos de atrocidades como esta. A diez kilómetros de Vozara, también en la ciudad de Teherán, se encuentra la prisión de Evín. En 2022, un ala de este centro penitenciario fue devorada por las llamas. En su interior murieron ocho presos. Las autoridades iraníes los responsabilizaron del incendio. La investigación realizada por Amnistía Internacional, sin embargo, también dio cuenta de enfrentamientos entre los reclusos y sus carceleros durante las horas previas. Los homicidios ilegítimos, torturas y malos tratos, recoge el informe elaborado por la organización de derechos humanos, son habituales en esta prisión.

Guantánamo (EEUU)

Oriente Medio no es el único escenario donde siguen activas prisiones con regímenes penitenciarios contrarios a los derechos humanos. También Estados que lideran los valores de las democracias representativas y liberales, como EEUU, han promovido la construcción de cárceles que atentan contra los derechos humanos.

La cárcel de la bahía de Guantánamo, en Cuba, es uno de los símbolos de la cara más represiva del sistema penitenciario estadounidense. El centro de detención militar fue construido en 2002 en las inmediaciones de la base militar que EEUU continúa teniendo en la isla, a pesar de la oposición del Gobierno castrista.

La cárcel fue creada para encerrar a personas acusadas de terrorismo tras los atentados del 11S del año anterior. En aquellos años de "lucha contra el terrorismo", la Administración de George W. Bush inició una auténtica caza de brujas que llevó al encarcelamiento de alrededor de 700 hombres musulmanes por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del Estado norteamericano.

A día de hoy, una treintena de hombres siguen encerrados en Guantánamo. Según Amnistía Internacional, la mayoría de ellos no han sido formalmente acusados de ningún delito. Las "técnicas de interrogatorio mejoradas" que aplicaron los militares estadounidenses después del 11S, como el ahogamiento simulado o privación del sueño, fueron declaradas en 2002 como formas válidas de tortura por parte de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Todos los organismos de defensa de los derechos humanos piden constantemente su cierre.

CECOT (El Salvador)

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es buque insignia del Gobierno de Nayib Bukele, presidente de El Salvador desde el año 2019. Actualmente, en la cárcel de alta seguridad conviven unos 40.000 presos, todos ellos acusados de estar vinculados a las maras –grupos criminales armados– que han controlado en la sombra y aterrorizado al país durante décadas. 

La política de mano dura contra las maras ejercida por Bukele es la principal razón de su alta popularidad. En 2022, tras un nuevo pico de homicidios, Bukele instauró el régimen de excepción y otorgó casi pleno poder al Ejecutivo y a los militares. La medida, que debía ser extraordinaria y temporal, siguió vigente dos años después. La estrategia de securitización del país impulsada por Bukele se completó con la apertura del CECOT en febrero de 2022.

La inmensa cárcel se ha convertido en un 'parque de atracciones' para la ultraderecha mundial. Bukele ha abierto sus puertas a youtubers y políticos de todo el mundo. Uno de los últimos en visitarla fue el español Alvise Pérez, eurodiputado y líder del partido ultra Se Acabó la Fiesta. Pero la predisposición de Bukele a las visitas tiene más que ver con una campaña de promoción de su política de securitización que con un ejercicio de transparencia. Nadie que no esté dentro de ellas sabe lo que ocurre en sus dos kilómetros cuadrados.

El tributo que tuvo que pagar la población salvadoreña para acabar con las maras al estilo de Bukele ha sido la democracia. Y, con ello, la suspensión de las garantías procesales y de la presunción de inocencia. De momento, se han contabilizado alrededor de 300 desapariciones forzadas, 78.000 detenciones arbitrarias y 200 muertes en las cárceles bajo custodia estatal, según ONG locales.

En la serie podcast Bukele: el señor de Los sueños, los periodistas de Radio Ambulante Estudios recogieron los testimonios de familiares de arrestados por las fuerzas de seguridad salvadoreñas en Isla El Espíritu Santo, uno de los pocos territorios donde las maras no llegaron a operar. La pesca de arrastre del régimen de excepción de Bukele encarceló a numerosos isleños en el CECOT, donde permanecen presos a pesar de que la Justicia haya demostrado su inocencia o, al menos, la falta de pruebas de que hayan cometido delito alguno.

Según una investigación de la Fundación Cristosal de El Salvador sobre violaciones de derechos humanos citado en el podcast, prácticamente el 100% de las detenciones llevadas a cabo durante el primer año de régimen de excepción y que pudieron verificar, eran arbitrarias. Según Zaira Nabas, una de las coordinadoras de la investigación, solo el 1% de las personas detenidas hasta el momento terminaron siendo imputadas por delitos de homicidio u extorsión relacionados con las maras.