Al menos 79 reclusos han muerto y una veintena resultaron heridos en una sangrienta ola de motines registrada el martes en cuatro prisiones de Ecuador, la peor en la historia del país y que pone de manifiesto problemas crónicos organizativos en el sistema penitenciario, pero también de corrupción.

Los sucesos ocurrieron en dos centros de reclusión de Guayaquil (suroeste), 37 muertos; en el Turi de Cuenca (sur), 34 ; y en el de Cotopaxi (centro), 8. La violencia extrema y las informaciones acerca de cuerpos descuartizados y decapitados, sumado al historial de motines en Ecuador en los últimos años, dan lugar a cuestionamientos sobre el descontrol en las prisiones, la gran cantidad de armas halladas en poder de los reclusos y la corrupción interna. Dos expertos ecuatorianos explican para Efe las claves de las masacres.

El periodista e investigador Arturo Torres ha explicado durante una entrevista los vínculos de las matanzas en cuatro prisiones ecuatorianas y el narcotráfico en Quito. 

¿Quién controla las cárceles?

Torres considera que la "matanza" del martes "tiene una particularidad de disputa y una guerra entre organizaciones criminales que controlan las prisiones" a través de varias bandas.

Con base en información de la Policía, menciona a "Los Choneros", como "brazo armado del cartel de Sinaloa" en Ecuador, país donde -dijo- el Cartel Jalisco Nueva Generación ha entrado en disputa de territorios para el envío de droga al exterior.

Detonantes de la masacre

Las autoridades presumen que el asesinato en diciembre pasado de alias "Rasquiña", presunto líder de los "Choneros", y el decomiso de armas en una de las cárceles la noche del lunes pudieron ser detonantes de una acción planificada y coordinada en cuatro cárceles de forma simultánea.

No hubo sorpresas

Edmundo Moncayo, jefe del servicio de prisiones, confirmó el martes en una rueda de prensa que preveían algún tipo de ajuste de cuentas tras el asesinato de "Rasquiña" y, aunque "se retrasó", vinculó directamente ese hecho ocurrido en la ciudad de Manta y las matanzas en las prisiones, sin dar ninguna explicación a por qué no se había preparado un dispositivo frente a esa posibilidad.

Economía del crimen y corrupción

Ricardo Camacho, subsecretario del Ministerio de Justicia encargado de los centros carcelarios entre 2017 y 2018, habla además de un "débil" sistema penitenciario, con alrededor de 1.500 guardas cuando se requeriría de al menos 7.000.

El sistema penitenciario ecuatoriano "está totalmente desbordado, tratando de apagar incendios", dice por su parte Torres, y asegura que el sistema no tiene un enfoque sistémico, adolece de fallos estructurales y escasos recursos económicos: "Siempre el sistema penitenciario ha sido la última rueda del coche".

Su presupuesto promedio anual está ahora en alrededor de 95 millones de dólares y gasta once dólares diarios en cada preso. Esto genera una "economía interna del crimen" en las cárceles, donde la corrupción ha permitido también el paso de armamento, teléfonos móviles y otros materiales.

Sistema colapsado

Datos de la autoridad de prisiones indican que en Ecuador hay 38.693 personas privadas de libertad distribuidas en 67 cárceles, con capacidad para 29.897, lo que representa un hacinamiento del 29,42%.

Además, el 70% de los presos se concentra en las prisiones donde ocurrieron los hechos, según dijo Moncayo el martes. Para Torres, el sistema penitenciario es un "enfermo terminal" que vio empeorar su situación cuando el Código Orgánico Integral Penal (COIP) endureció en 2015 las penas para los microtraficantes y se definieron 70 nuevos delitos. Todo ello desbordó las cárceles y al sistema judicial, que "abusa" de la prisión preventiva, dijo.

Solución integral

La crisis carcelaria no se soluciona con una intervención en el sistema penitenciario, opina Torres, quien cree indispensable que la Policía "mapee" la actividad de las organizaciones del crimen trasnacional en Ecuador para tratar de controlar la situación también desde afuera.

Se requieren mejoras en el sistema judicial, político, de gobernanza e, incluso, se puede pensar en la privatización del manejo de las cárceles para tratar de estabilizar el "desbordado" problema, que se arrastra desde hace varios años.

Cooperación internacional

Camacho recuerda que en su administración tuvieron contactos con expertos de Colombia, Francia y Chile, que tienen un buen sistema de servicio penitenciario, para fortalecer las labores de prevención, inteligencia y fuerzas de reacción, entre otros.

Asimismo indicó que hay un ofrecimiento de un préstamo de 35 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ayudar al sistema carcelario ecuatoriano. Pero cree que no ha habido voluntad política para avanzar en la mejora del sistema.