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Sri Lanka intenta lavarse la cara

El Gobierno promete investigar los abusos de los derechos humanos cometidos contra la población tamil después de rechazar una investigación internacional

PÚBLICO. ES / REUTERS

La violación de los derechos y los crímenes de guerra pesan en el Gobierno de Sri Lanka. La guerra civil entre el Ejecutivo y los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE), que se prolongó durante 26 años y que dejó unos 100.000 muertos y 300.000 desplazados tamiles, no ha quedado en el olvido.

El Gobierno ceilandés, ante la inminente pérdida de una ayuda de la Unión Europea por valor de 150 millones de dólares anuales como medida de castigo por el atentado contra los derechos humanos cometidos en la isla, ha prometido investigar los posibles abusos cometidos por el Ejecutivo contra la población tamil durante la última fase del conflicto.

El anuncio se hace varios meses después de que se creara la llamada Comisión sobre las Lecciones Aprendidas y la Reconciliación. Hoy, la Comisión, designada por el presidente Mahinda Rajapaksa, ha celebrado su primera reunión.

Su presidente, el ex fiscal general C.R. De Silva, adelantó que ésta investigará cualquier prueba sobre posibles crímenes de guerra. 'Si existen violaciones, tendremos que identificar y recomendar investigaciones por parte de las autoridades implicadas en la dispensa de la justicia penal', añadió.

Los miembros del panel tienen intención de visitar este fin de semana las zonas más afectadas por el conflicto en el norte del país con el fin de entrevistarse con tamiles damnificados. Además se prevé la declaración del hermano del presidente, el ministro de Defensa Gotabaya Rajapaksa, a finales del presente mes.

El Gobierno considera que una investigación de la ONU violaría su soberanía nacional

Los expertos han criticado las investigaciones emprendidas previamente por las autoridades al considerar que se basan en pruebas poco sólidas. Opositores y contrarios al Gobierno de Rajapaksa consideran que se trata de un lavado de cara, después de que las autoridades hayan rechazado una investigación internacional sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos contra los tamiles.

El Ejecutivo ceilandés mantiene que una investigación de Naciones Unidas supondría una violación de su soberanía nacional. En este sentido, uno de los ministros del gabinete de Rajapaksa llegó a emprender en julio una huelga de hambre para reivindicar la disolución del panel nombrado por el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon. A los cinco días, volvió a comer.

El Ejército ceilandés ganó en mayo de 2009 la guerra contra los Tigres Tamiles, quienes luchaban por un estado tamil independiente de la mayoría cingalesa del país.

ONG y organismos internacionales presionaron para la liberación de desplazados

Hasta 300.000 desplazados de los últimos combates de la guerra civil fueron internados en campos de concentración en el norte y este del país. Más de la mitad de estos refugiados fueron puestos en libertad en medio de la presión ejercida por las agencias de ayuda humanitaria y organismos internacionales. El Gobierno ceilandés esgrimía que el encierro de los refugiados en los campos se debía al proceso de identificación de los rebeldes Tigres Tamiles.

En noviembre de 2009, el consejero especial y hermano del presidente del Gobierno ceilandés, Basil Rajapaksa, anunció la liberación del resto de tamiles confinados en los campos para poder moverse libremente, tal y como exige la normativa internacional.

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