Una pareja de jóvenes peruanos, Alexia Porras Inga y Carlos Campos Zapata, de apenas 18 y 19 años de edad, murió electrocutada este pasado domingo mientras limpiaban un local de la cadena de comida rápida McDonald's en Lima, capital del país. Los dos cogieron este trabajo para poder costearse sus estudios. Por su parte, la empresa puso múltiples impedimentos a los servicios públicos -incluidos a los bomberos y empleados municipales-, presionó al resto de empleados para que cambiaran su versión y se negó a entregar el vídeo de las cámaras de seguridad hasta el lunes.

Este nuevo ejemplo de la estrecha relación entre precariedad y muerte laboral ha despertado un sentimiento de repulsa en la sociedad peruana, a medida que se han ido conociendo más datos de las condiciones en las que tenían que desarrollar sus labores los dos jóvenes. Ambos tenían que trabajar en jornadas que se alargaban hasta las 12 horas, según explicó la madre de Alexia a medios locales, pese a que el límite fijado por ley es de ocho horas diarias.

Aunque las causas del fallecimiento de ambos aún están por esclarecer, parece que las condiciones en las que trabajaban no eran demasiado seguras. Según explicaba Walter Bedriñana, abogado de la familia del fallecido, "tanto Carlos como Alexandra no tenían los guantes y botas necesarios para el trabajo que realizaban". "Se encontraban con el uniforme de McDonald’s y una información cierta es que el piso estaba mojado", indicó el letrado, que no quiso desvelar ningún dato más para no entorpecer la investigación.

Arcos Dorados Perú, la empresa que lleva todos los restaurantes en suelo peruano de McDonald's, sacó a marchas forzadas un comunicado en el que confirmaba que sus dos trabajadores murieron electrocutados y decretaron dos días de luto, por lo que todos sus establecimientos permanecieron cerrados en todo el país "sin afectar las condiciones remunerativas de nuestros colaboradores”. Además, reiteraron su total colaboración con las autoridades para esclarecer las causas del suceso. 

Sin embargo, Bedriñana denunció que la actitud de la empresa con las familias estuvo lejos de ser colaborativa. "Al momento que llegué me presento como abogado. La actitud del abogado de McDonald’s ha sido muy hostil. No se ha brindado la información necesaria. No tenemos documentación hasta ahora de cómo y en qué momento inician la diligencia", explicó Bedriñana en declaraciones para El Comercio, aunque sí confirmó que Arcos Dorados Perú se hizo cargo de los gastos del sepelio.

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, comunicó que  Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) está haciendo una investigación y que, en caso de ser la responsable del suceso, podría enfrentarse a una sanción de 56.000 dólares.