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El Supremo de EEUU aprueba algunas partes del veto migratorio de Trump

Esta decisión implica que el Gobierno puede negar la entrada al país de los individuos que no tengan familiares en territorio estadounidense o que no hayan tramitado su ingreso para trabajar.

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Reporteros a las afueras de las Cortes Supremas de Washington / REUTERS

El Tribunal Supremo de Estados Unidos permite que algunas partes del veto migratorio firmado por el presidente Donald Trump tengan efecto. En concreto, que el gobierno niegue la entrada al país de individuos que no tengan familiares en en territorio estadounidense o que no hayan tramitado ya su ingreso para trabajar.

Esta decisión admite a trámite el recurso presentado por la Administración de Trump contra la suspensión judicial del veto migratorio impuesto por decreto a seis países de mayoría musulmana, y acordó escuchar la apelación del Gobierno en cada caso. 

La argumentación del equipo del Presidente en los tribunales comenzará el próximo mes de octubre, ya que la decisión de admitir a trámite el caso ha sido anunciada este lunes, último día del periodo de sesiones del tribunal. El documento está publicado aquí (https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/16-1436_l6hc.pdf). En octubre el Tribunal Supremo terminará de decidir sobre el decreto. 

La orden presidencial de Trump prohibe durante 90 días la entrada a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana --Yemen, Sudán, Libia, Siria, Somalia e Irán-- por motivos de seguridad y suspendía el programa de acogida de refugiados durante 120 días, el periodo necesario, según la orden, para mejorar el sistema de vigilancia para evitar la infiltración de personas peligrosas.

Tres de los jueces conservadores de alto tribunal estadounidense dijeron que habrían accedido a toda la petición de Trump, entre los que se incluye al magistrado Neil Gorsuch, recientemente nombrado por el presidente estadounidense.

Durante la campaña electoral, Trump destacó la importancia de impedir que la población musulmana tuviera acceso a Estados Unidos. Estas declaraciones han sido utilizadas para argumentar que se trata de un veto discriminatorio basado en motivos religiosos y, por tanto, inconstitucional.