A mediados del siglo XVIII, la fiebre tenía sabor a azúcar y textura de algodón. Y cientos, miles de esclavos africanos lograron pasar la calentura escapando a las selvas de Surinam, fundando comunidades cimarronas donde mantuvieron sus costumbres, su idioma y su dignidad.

Pero hoy, casi 300 años después, la ambición de materias primas y la fiebre del oro pueden acabar con una cultura única en Suramérica. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los esfuerzos de las organizaciones y de las autoridades de los maroons (los cimarrones, o sea, los esclavos que se refugiaban en los montes buscando la libertad), que representan a unas 30.000 personas, no han logrado parar a multinacionales ni a garimpeiros, como se llaman los buscadores de metales o piedras preciosas.

Los esclavos africanos que huyeron del yugo de sus amos se enfrentan a los buscadores de oro

Nieuw Koffiekamp es una comunidad cimarrona que surgió de un desplazamiento. Sus habitantes nacieron en Koffiekamp, un pueblo situado en el río Surinam que fue inundado por la represa de Brokopondo, construida en los sesenta para dar energía a la inmensa refinería de aluminio que respira y contamina a las afueras de Paramaribo, la capital de Surinam.

El señor Woudman es el hombre más anciano de Nieuw Koffiekamp. A sus 89 años tiene la memoria intacta y en su cuerpo, así como en su idioma (el sranang tongo o taki taki), mantiene la herencia africana que los cimarrones cuidan con celo. Junto con otros 400 comuneros, llegó acá en 1969 y, a pesar de las dificultades y de la ausencia de compensaciones por el desplazamiento forzado, organizó una nueva villa maroon. Hoy, Nieuw Koffiekamp ha quedado en el centro de una concesión minera de 17.000 hectáreas explotada por la multinacional canadiense IAM Gold.

Vivir dentro de la mina Rosabel está matando a esta comunidad. La empresa IAM Gold no les permite cultivar (como hacían tradicionalmente), ha contaminado los riachuelos de los que bebían y donde lavaban, y ha impuesto los espejitos de pírricos salarios para torcer el brazo a los resistentes. Pero estas tierras están minadas por el oro. 'Debajo de la iglesia hay tremendo filón', insiste el señor Woudman.

Vivir dentro de la mina Rosabel está matando a los cimarrones de Nieuw Koffiekamp

No es de extrañar. Alrededor de la comunidad se abren varios campamentos de minería ilegal. Jóvenes de Nieuw Koffiekamp, junto a garimpeiros brasileños y buscavidas de otras partes del país, arañan la tierra en busca de oro y la contaminan con el mercurio que se utiliza en el proceso artesanal.

Los campamentos son un mundo paralelo. Desde la cerveza hasta las prostitutas se pagan con oro y el resultado del extenuante trabajo se vende en la capital a razón de 44 euros el gramo. El mercado internacional del oro es de los beneficiados por la crisis y el precio actual de la onza (unos 1.500 euros) ha provocado un calenturón que va más allá de una fiebre convencional.

Una empresa contamina sus ríos, no les deja cultivar y les soborna' con salarios ínfimos

'El daño es profundo', explica Renatha Simson, de la organización de Derechos Humanos Moiwana. 'Los jóvenes, ahora, empiezan a ver sólo dinero y trabajan como empleados de las empresas o como mineros ilegales, recibiendo salarios bajos pero que les permite occidentalizarse. La conclusión es que si los maroons perdemos el sentido de comunidad, 100% ligado al territorio, estamos condenados a desaparecer'.

Los saramaka, una de las seis nacionalidades cimarronas de Surinam, saben desde hace tiempo que la defensa del territorio es la clave de su supervivencia. Por eso, ante la sordera del Gobierno nacional, la Asociación de Autoridades de Saramaka (ASA), acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y logró en noviembre de 2007 una sentencia a su favor que obligaba al Estado a reconocer sus derechos sobre el territorio y a parar las concesiones inconsultas a madereros y mineras.

El joven abogado y ahora parlamentario Hugo Jabini, junto a Wanze Eduards, capitán (máxima autoridad tradicional) de la comunidad de Pikin Slee y de otros 36 territorios maroons, fueron los impulsores de esta iniciativa que, además, supuso la organización de los diferentes territorios alrededor de ASA. Ese trabajo les valió el Goldman Prize 2009, el conocido como Premio Nobel Alternativo de Medio Ambiente, pero Jabini reconoce que hoy, cuatro años después de la sentencia, está 'frustrado'.

'Tanta aparente victoria, pero no ha pasado nada'. El actual Gobierno, que arrancó en 2010 y que está encabezado por Desi Bouterse, condenado por narcotráfico y asesinato en Holanda, se deshizo del compromiso del Estado de Surinam, que en 2008 se comprometió a ejecutar la sentencia de la Corte.

Las razones no parecen secretas. Un 25% de las finanzas públicas de Surinam dependen de las regalías de las concesiones mineras. En el caso de las explotaciones ilegales, ante las que las autoridades se hacen las despistadas, parece una buena válvula de escape a la pobreza que carcome al 70% de la población, según estimaciones de Naciones Unidas.

Por eso no hay interés en modificar la Constitución y dar título de propiedad comunitaria a los cimarrones o a los indígenas, que se enfrentan a los mismos problemas. 'La Constitución de Surinam no reconoce la propiedad tradicional, así que las comunidades no tienen ni un papel que diga que esas tierras son suyas. Por ley, en este país, toda tierra sin un título de propiedad pertenece al Estado y, por tanto, el Gobierno puede hacer lo que quiera con ellas', concluye Jabini.