El Consejo Constitucional francés validó ayer bajo ciertas condiciones el polémico uso de test de ADN previsto por la nueva ley de control de la inmigración.

Los candidatos a la reagrupación familiar deberán pasar por la prueba para probar su parentesco con la madre instalada en Francia.En cambio, la máxima jurisdicción constitucional rechazó otra de las disposiciones de la ley: la recogida de datos sobre el origen étnico o racial de las personas.

Adoptada por el Parlamento el mes pasado tras semanas de polémica, esta norma legal impone nuevas restricciones a la reagrupación familiar. Éstas van en la línea de la política de inmigración impulsada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que quiere dar prioridad a la inmigración laboral.

La oposición de izquierdas y el líder centrista François Bayrou habían recurrido la ley ante este Consejo. Le pidieron en particular que rechazara los polémicos artículos sobre los test de ADN y la recogida de datos étnicos.

El primer ministro, François Fillon, tomó nota 'con satisfacción' de que el Consejo validó 'todos' los artículos que figuraban en el proyecto original del Gobierno. Los relativos a los test de ADN y las estadísticas étnicas fueron añadidos por los parlamentarios.

El Partido Socialista celebró la anulación del artículo sobre la recogida de datos étnicos y llamó al Gobierno a optar por la 'sensatez' y renunciar a los test de ADN, dadas las 'reservas' expresadas por el Constitucional.El artículo 13 de la ley prevé, a título experimental hasta finales de 2009, el recurso voluntario a los test genéticos, bajo autorización judicial y limitado a probar la filiación materna para los candidatos a la reagrupación familiar que sean originarios de países con graves carencias en los registros civiles.

El Consejo Constitucional consideró este artículo conforme a la Carta Magna, pero recordó que la filiación del niño extranjero sigue sometida a la ley del país de origen de la madre. También considero que el artículo 13 no exime a las autoridades diplomáticas o consulares de comprobar las actas de estado civil y prohíbe la aplicación 'sistemática' de los test.