La socialdemocracia lidera o forma parte de la coalición de Gobierno en seis de los 27 países de la Unión Europea. Y la mitad de ellos se están dejando seducir por las líneas más duras a la hora de abordar el fenómeno migratorio. La Malta de Roberto Abela desoye las llamadas de buques de migrantes a la deriva. La Dinamarca de Mette Frederiksen tiene una ley para crear centros de recepción en países terceros. Y la España de Pedro Sánchez se alinea con Italia para consumar una política migratoria europea.

Grosso modo, el discurso, el tono y las políticas sobre inmigración se han ido endureciendo en toda la UE a lo largo de los últimos años. La UE suma ocho años sin una política de asilo común, desde la bautizada como crisis de refugiados de 2015. Las diferencias entre países del norte y el sur, del este y el oeste o entre los que cuentan con fronteras externas terrestres y marítimas han generado sensibilidades insalvables. Cada intento de desencallar el Pacto de Asilo se ha topado con un rechazo y con una falta de consenso europeo. Y cada nueva propuesta ha consagrado líneas más duras para intentar seducir a países anti-inmigración como Polonia o Hungría.

La última propuesta, presentada en 2020 por el Ejecutivo comunitario que lidera Ursula von der Leyen, pone el foco en el fortalecimiento de las fronteras y en el aumento de los retornos y de las exportaciones. Incluso los europeos se plantean la financiación con dinero europeo de vallas en las fronteras terrestres de países como Austria para frenar las entradas de personas que llegan a través de los Balcanes Occidentales. Este había sido hasta la fecha un tabú descartado que ya se abre camino.

Este endurecimiento ha ido de la mano de una mayor presencia mediática y política de las fuerzas de ultraderecha a lo largo y ancho del bloque comunitario, que llevan años haciendo campaña en torno a criminalizar a las ONG, a poner el foco del problema sobre los traficantes de personas y blindar las fronteras con muros y fuerzas de seguridad. Todo ello ha tenido ya un impacto directo sobre las organizaciones que operan en el mar Mediterráneo, cada vez más asfixiadas económicas y jurídicamente por las leyes en su contra que han ido entrando en vigor en los últimos tiempos. Una de las primeras medidas de Meloni al frente de Italia fue crear un código de conductas para ONG que ayudan a migrantes y refugiados.

Con la más que plausible entrada de los ultras del Partido de los Finlandeses, tras las recientes elecciones generales en el país nórdico, los partidos que forman parte del grupo de los Reformistas y Conservadores (ECR) de la Eurocámara –donde se inscribe Vox– estarán presentes en los Gobiernos de cinco países de la UE: Italia, Polonia, Finlandia, Chequia y Eslovaquia. Democrátas Suecos dan apoyo externo en Estocolmo. Así, estas fuerzas ultranacionalistas son claves en seis gobiernos europeos. Mismo umbral que los socialdemócratas, presentes en los ejecutivos de España, Portugal, Malta, Alemania, Dinamarca y Eslovenia. La pérdida de músculo socialista en Europa se ha consumado tras las derrotas electorales recientes en Finlandia y Suecia.

Los círculos más conservadores se han dejado seducir por la agenda ultraderechista para abordar el drama migratorio. Hace unas semanas, la extrema derecha en el Parlamento Europeo acusaba a Manfred Weber, líder de los populares europeos, de robarles sus ideas para consumar la Europa fortaleza. Pero también está teniendo impacto en los sectores más progresistas. "Muchos migrantes quieren venir y ahorrar dinero. Quieren ser parte de nuestro mercado laboral y les necesitamos, pero no queremos que entren así", aseguraba en noviembre comisaria de Interior, la sueca socialdemócrata Ylva Johansson.

Dinamarca, la socialdemocracia más dura

En las capitales, el Gobierno que lidera en Dinamarca la socialdemócrata Mette Frederiksen es el que canaliza una postura más severa que ya estaba dejando leyes muy duras en los últimos años. En 2021, el país aprobó una polémica legislación para externalizar los centros de recepción y acogida de refugiados. La idea es que los solicitantes de asilo tramitasen la petición de protección internacional fuera de suelo danés. Copenhague está en plenas negociaciones para consumarlo con Estados como Ruanda. Esta idea ya flotó a nivel europeo durante la antigua legislatura abanderada por Jean-Claude Juncker, pero fue enterrada por los problemas jurídicos y morales que entrañaba. También se encuentra en los tribunales una polémica normativa que prevé desahuciar de casas a familias extranjeras para evitar los barrios guettos.

El Gobierno liderado por el socialdemócrata Roberto Abela en Malta suma denuncias de ONG por negarse a contestar las llamadas de embarcaciones en peligro en su zona SAR, una práctica ilegal según la legislación marítima y el Derecho internacional. La semana pasada, la organización Alarm Phone afirmó que había enviado 21 e-mails y efectuaron numerosas llamadas a las autoridades de La Veleta solicitando una operación de rescate para dos buques que albergaban a unas 400 personas encontrándose con omisión y silencio. El Gobierno niega toda responsabilidad.

Por último, el Gobierno español ha cerrado filas con Marruecos ante la tragedia del año pasado en la valla de Melilla, donde perdieron la vida al menos 23 personas. La semana pasada, el presidente Pedro Sánchez realizó una visita a la Italia bajo la batuta de la ultra Giorgia Meloni con la que se conjuró para hacer frente en Bruselas hacia una política europea que pusiese el foco en la dimensión externa. Es decir, en consolidar pactos con los países terceros para evitar que los migrantes y refugiados llegasen a sus costas a través del mar.

"Dentro de lo que se ha llamado el Pacto de Inmigración y Asilo, Italia y España comparten que lo que tenemos que hacer es hablar menos de la dimensión interior de la migración y hablar más de la exterior. Es decir, tenemos que cooperar y colaborar con los países de origen y tránsito", aseguró Sánchez a su paso por Roma. Seis días después, la líder de Hermanos de Italia decretó el estado de emergencia durante seis meses tras la llegada de unas 3.000 personas a su territorio. La polémica medida, que tiene por objetivo prioritario blindar a Meloni con más poderes y competencias para expulsar a los migrantes, ha sido contestada con un escueto "tomamos nota" por parte de la Comisión Europea.