Tía María, el conflicto minero que le cuesta sangre a Perú

AREQUIPA.- Las protestas en la provincia de Islay, Arequipa y Lima, en las que en enfrentamientos con la policía han muerto dos manifestantes y un agente, han frenado por el momento el proyecto minero Tía María, del Grupo México, cuestionado por los defensores de la agricultura en Perú.

El pasado viernes, el presidente de la empresa Southern, Óscar González Rocha, anunció una "pausa" de dos meses en el proyecto con el objetivo de permitir que todos implicados presenten "sus inquietudes y temores, identificar las soluciones, convenir el camino y definir las responsabilidades que cada uno debe asumir en un plazo razonable".

“La pausa no es suficiente, el Valle de Tambo exige la suspensión de Tía María”, respondieron los agricultores y pobladores que desde hace 54 días protestan contra el proyecto cuprífero al mensaje que el viernes dio el presidente Ollanta Humala sobre el conflicto, y al que han calificado de irresponsable y pro minero.

Los agricultores argumentan que las operaciones a tajo abierto del proyecto Tía María afectarán su producción y piden que el segundo estudio de impacto ambiental –presentado en 2014 y que según el gobierno ha resuelto las 136 observaciones que hizo la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS) en 2009– sea revisado por instituciones internacionales competentes.

La respuesta del gobierno fue que no es necesario. Las protestas se reanudaron con un paro indefinido en la provincia de Islay el 23 del pasado mes de marzo. Desde entonces ha habido fuertes enfrentamientos con las fuerza policiales, en los que han muerto dos civiles y un Policía, y se han contabilizado más de 200 heridos, lo que llevó a sectores sociales y políticos a pedir al Gobierno que suspenda el proyecto. Incluso la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el principal gremio del sector, pidió una tregua.

El pasado viernes, tras la insistencia del llamado al diálogo y la suspensión del proyecto, por un lado, y la amenaza del establecimiento del estado de emergencia en la zona y la ejecución del proyecto, por el otro, el presidente Humala anunció que el gobierno no podía tomar la decisión unilateral de detener el proyecto –que ciertamente aún no se inicia– y, luego de decir que se haría respetar el estado de derecho y las inversiones, le lanzó la pelota a la empresa, para que ésta se manifestara y anunciara su posición. Quince minutos después, Southern emitió un comunicado en el que informaba que haría una 'pausa' de 60 días, con el objetivo de que haya diálogo, mejor comunicación y se despejaran 'dudas'.

En Lima aplaudieron los sectores afines al gobierno y a los empresarios. Unos analistas consideraron que le faltó mano firme para apoyar el proyecto, mientras que otros dijeron que fue timorato, que debió suspenderlo y no esperar a que la minera tomara la decisión. Los campesinos afectados de Arequipa y los sectores populares contrarios al proyecto minero explicaron que la “pausa” no soluciona nada. La huelga en Islay continúa, y todo indica que habrá un paro que involucrará a otras regiones del sur como Puno y Cusco.

La diputada opositora Verónika Mendoza, de Acción Popular-Frente Amplio, aseguró que si Humala hubiera querido restituir el principio de la autoridad, “debió haber tomado al toro por las astas, en representación del Estado peruano, no del Partido Nacionalista, no de Southern. Pudo haber dado una solución: suspender el proyecto. La pausa que piden el presidente y la compañía no es suficiente, no es lo que se ha estado pidiendo y puede generar más protestas. Más allá de los argumentos jurídicos, está el estado de derecho y la vida humana".

Marco Arana, dirigente de Tierra y Libertad, una organización política muy presente entre los opositores al proyecto, aseguró que “el hecho de que Southern haya planteado posteriormente una pausa no es suficiente. Los agricultores y pobladores de la zona exigen la suspensión del proyecto, no una pausa".

Southern contempla la inversión de unos 1.400 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones. Pero los opositores aseguran que no cejarán en su lucha, pues apuestan por la agricultura y rechazan este proyecto, pero sobre todo a Southern, que tiene un pasado oscuro en el mundo (especialmente en España y México) y que ha sido multada más de 10 veces por infracciones a las normas medioambientales.

Todo parece indicar que Tía María no se plasmará, al menos en lo que queda de este gobierno, que finaliza en julio de 2016. ¿Hay ganadores con esta pausa? Sí, a pesar de que no están satisfechos con los 60 días de “tregua”, es una primera batalla ganada por los agricultores y pobladores del Valle de Tambo, un triunfo que ciertamente no será reconocido públicamente en Lima.