Rondaba la una del mediodía cuando miembros del crimen organizado abrieron fuego contra un convoy en el que viajaban seis niños y tres mujeres de la familia LeBarón, pertenecientes a una comunidad de fundamentalistas mormones con ciudadanía estadounidense y mexicana asentados en el norte de México. La matanza se producía en una zona montañosa y remota del estado de Sonora, cuyo control se disputan la banda de La Línea y la banda de Los Salazar, este último con vínculos al Cartel de Sinaloa.

Poco después de los crímenes, Donald Trump anunciaba su intención de designar a los carteles mexicanos organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organization en inglés), una declaración de la que ahora el mandatario se ha retractado y que posiblemente habría permitido al gobierno republicano reforzar la presencia militar y la seguridad en la frontera sur del país, continuar expandiendo un muro que se ha quedado a medio camino entre la promesa electoral del presidente y la realidad, e incluso desafiar la soberanía nacional de México.

Si bien el ataque evidencia la incapacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para frenar la violencia en el país, la cual ha alcanzado cifras récord (pdf) en los primeros once meses de mandato, también revela otra realidad no menos perturbadora. Y es que aunque los disparos salgan del crimen organizado mexicano, la mayoría de las armas de estos grupos criminales procede de Estados Unidos –un tráfico ilegal que recorre el camino inverso al flujo de drogas y de migrantes–.

“Es la gran hipocresía de Estados Unidos y uno de los problemas más graves y menos reconocidos que hay en el mundo del tráfico ilegal, el cual no recibe tanta atención como el tráfico humano y el de drogas”, asegura en entrevista con Público Topher McDougal, catedrático de la Universidad de San Diego, experto en mercados ilícitos y autor de The Way of the Gun: Estimating Firearms Traffic Across the U.S.-Mexico Border (pdf).

El experto sostiene que la discusión en torno al muro de Trump en el país anglosajón se ha centrado en la crisis migratoria obviando intencionadamente el flujo y el impacto social, político y humanitario que el tráfico ilegal de armas hacia el vecino azteca genera en éste –un tráfico que, según algunas estimaciones, sitúan en 213.000 la cifra anual–.

“EEUU es el mayor exportador de armas pequeñas a nivel global, y la exportación a México representa su mayor mercado, pero por supuesto que Alemania, Francia, Italia, Brasil e Israel son grandes exportadores de armas también”, matiza. “Como dicen otros expertos, estamos exportando la segunda enmienda”.

Según datos extraídos del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, de las 106.001 armas incautadas y rastreadas por las fuerzas de seguridad en investigaciones criminales en México entre 2011 y 2016, un 70% se compraron legalmente en tiendas de armas autorizadas en Estados Unidos.

Se trataba en su mayoría de fusiles de asalto semiautomáticos de gran calibre como la gama AK y AR, que pueden ser fácilmente convertidos por los carteles en rifles completamente automáticos. Sin embargo, este número sólo representa una fracción del total de armas que procedería del país anglosajón, ya que no todas son confiscadas ni rastreadas. Algunas han sido incluso introducidas en territorio mexicano por las autoridades estadounidenses.

“Acuérdate de Rápido y Furioso, [el operativo] donde EEUU mandó armas a los carteles para poder rastrearlas”, explica Paul Estrada, agente del Departamento del Alguacil de Santa Cruz en Arizona.

No hay duda de que existe una relación entre el número de armas ilícitas de procedencia estadounidense utilizadas por los carteles y el recrudecimiento de la violencia que ha experimentado en el país azteca en los últimos años, como señala el informe How Weak U.S. Gun Laws Contribute to Violent Crime Abroad. (pdf).

“No solo hemos incrementado el número y tipo de delitos, sino que además la violencia es cada vez más extrema y la incapacidad del gobierno se ve rebasada”, explica a Público Julio César García, presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas.

“México es uno de los paraísos preferidos de EEUU para seguir comercializando sus armas de manera legal e ilegal… Llevamos ya tres décadas viviendo este infierno en este país, las empresas le invierten cada vez más al tema de la seguridad y los consumidores pagan los platos rotos”.

De ello también da cuenta el informe Organized Crime and Violence in Mexico, difundido este año por la Universidad de San Diego (pdf). Éste señala que en 2007, un año después de la llegada al poder de Felipe Calderón, el número de homicidios vinculados al crimen organizado en México –especialmente al los carteles de la droga–, supuso entre un tercio y la mitad del cómputo total de crímenes. Sólo en 2018, las estimaciones más conservadoras sitúan esta cifra en al menos un 20%, pero el informe advierte que ésta es posiblemente muy superior.

Ante la imparable escalada de la violencia, la población civil también está armándose y acudiendo al mercado negro a comprar armas con las que protegerse. “Se han llegado a poner en contacto conmigo mexicanos que admiten comprar armas en el mercado negro porque no tienen otra manera de adquirirlas para proteger a su familia”, explica McDougal.

Y es que en México, que tiene una de las regulaciones más estrictas de venta y posesión de armas del mundo, sólo la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones de la Secretaría de la Defensa Nacional, situada en la capital azteca, las vende.

“La única instancia autorizada por el gobierno  para vender armas a particulares tiene un gran problema con la corrupción de muchos gobiernos estatales y municipales, que permiten el trasiego de armas todos los días a lo largo y ancho del país”, denuncia García. “Y por eso todo el país es hoy en día muy peligroso”.

El escolta, que prosigue su denuncia desde el estado de Guerrero, donde se encuentra realizando un operativo, señala el doble rasero de las autoridades mexicanas, que según él “protegen” y “solapan” la piratería, el contrabando y la venta ilegal de armamento (procedente de EEUU) en las calles de Tepito, uno de los barrios más peligrosos del país, ubicado en la Ciudad de México.

“En Tepito se venden a todas luces piratería, armas y todo lo que se puede llamar ilegal. Y que las autoridades mexicanas digan que quieren combatir el crimen, pero permitan que en las calles se manifieste y se haga negocio, es una tomadura de pelo para los ciudadanos y todo el mundo”.

Para García, la solución al problema del narcotráfico y la venta ilegal de armas radica en la prevención, en la educación en el hogar y en las aulas, así como en generar conciencia social y espiritual sobre el problema. Pero insiste en que el ensalzamiento y la glorificación del narcotráfico por parte de la sociedad y de los medios de comunicación debe condenarse y terminarse.

“Así como aquí, en México, adoran a la Virgen de Guadalupe, así adoran a los narcotraficantes”, lamenta. “En México te encuentras series de Pablo Escobar, del Chapo Guzmán y de la Reina del Pacífico en televisión abierta, y están empoderando a los jóvenes a ser delincuentes porque es hacerles creer que hacer dinero pasa por vender droga, tener cochazos y muchas mujeres”.

Para McDougal, atajar el problema supondría la reestructuración del actual sistema de compraventa de armas en EEUU, aún siendo un recurso “extremo y políticamente polémico” que no cuenta con ninguna probabilidad de obtener el respaldo de la Asociación Nacional del Rifle (NRA en inglés) y la Fundación Nacional de Deportes de Caza (NSSF en inglés).

El catedrático sugiere así crear un sistema de registro de armas (similar a uno de vehículos) que recopile los datos de cada comprador y las armas que posee. A dicho registro tendría acceso el FBI.

“Cuando alguien acude a una tienda autorizada (FFL en inglés) a comprar un arma, el FBI confirma en minutos si éste tiene o no antecedentes criminales, pero una vez aprueba o deniega la petición, debe eliminar esa información de sus servidores”, explica el académico. “Si esos datos quedaran registrados, se podría responsabilizar a un comprador en cadena de todas las armas que compra, de su posible venta a un tercero y de por qué han desaparecido”.

La medida, explica el especialista, permitiría reducir el número de compras de paja (straw purchase en inglés), donde una persona compra un arma de forma legal y luego la vende a otra con historial delictivo o que no es ciudadano estadounidense.

Es precisamente en las ferias de armas donde este tipo de compraventa adquiere todo su esplendor, ya que la actual legislación permite la venta de armas sin que el historial delictivo del comprador sea sometido al escrutinio del FBI.

“Sería extremadamente sencillo para el gobierno federal cerrar este vacío legal”, afirma McDougal. “Estas ferias han crecido en popularidad a lo largo de los años debido a este vacío. Y ahora son circos para los propietarios de armas”.

Sin embargo, la medida que mayor impacto podría tener para reducir la violencia de los carteles en México sería prohibir de nuevo la venta de fusiles de asalto en el mercado estadounidense, una ley que entró en vigor en 1994, con el gobierno de Bill Clinton, murió una década después y ningún otro gobierno posterior la resucitó.

“Esto sí que es importante, especialmente cuando se trata de la violencia de los carteles, porque éstos típicamente han preferido armas de asalto a la clase de pistolas que la gente tiene en sus vecindarios”, concluye.