Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), el amianto provoca 88.000 muertes anuales en Europa. En el caso de España, si no se toman medidas podrían ser 130.000 antes de 2050, el 40% de las cuales aún no se han producido. En Galicia, la comarca de Ferrol destaca por su dependencia de un sector naval donde el material se utilizaba sin medida.

La reciente reclamación judicial del conocido exsindicalista Rafael Pillado, recientemente fallecido por un cáncer a consecuencia de la exposición al amianto, ha vuelto a poner sobre la mesa claves éticas, médicas, empresariales y legales del aprovechamiento laboral de un material que sigue matando.

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El asbesto es un grupo de minerales fibrosos presentes en la naturaleza y resistentes al calor y a la corrupción. Durante años se utilizó en la construcción de edificios y, sobre todo, en el sector naval. El problema de este material es que su descomposición en fibras y su aspiración provoca cáncer tras años o décadas latente. 

La exposición al asbesto se relaciona con un mayor riesgo de cáncer de pulmón y mesotelioma, que es un cáncer de las membranas delgadas que recubren el interior del tórax y el abdomen. De la relación entre el asbesto y el cáncer de pulmón ya habló Plinio el Viejo en una fecha tan antigua como el siglo I d.C., pero en España se prohibió en una fecha tan reciente como el 2002.

El ejemplo de Rafael Pillado

El pasado 20 de septiembre, Rafael Pillado, historia viva del sindicalismo gallego y referente del 10 de marzo de 1972, inició una demanda en los juzgados de Ferrol contra Navantia (antes Bazán y Astano) por el mesioteloma que padecía a consecuencia de la inhalación de asbesto en la factoría naval durante décadas. Es una de las muchas demandas presentadas contra esta y otras empresas por el uso de este material. 

Pillado, fallecido el pasado 20 de febrero a causa de la enfermedad, era vicepresidente de la asociación Agavida (Asociación Galega de Vítimas do Amianto), una organización que cuenta con unos 600 asociados y que fue creada en 2004 en Ferrol, un área urbana que concentra la mitad de los casos de Galicia, para informar a los afectados y enfrentarse a una empresa que varió su nombre pero no sus técnicas dilatorias y su opacidad.

Las reivindicaciones son claras: una mejora en las indemnizaciones, que varían según los casos pero que, inferiores y superiores, oscilan entre los 70.000 y los 200.000 euros, una mayor información y la eliminación de todos los restos de amianto observables en astilleros y todo tipo de construcciones.

Con el apoyo de diversas entidades (Asociación Fuco Buxán, Memoria Histórica Democrática, etc.), partidos y algunos sindicatos, la repercusión del nombre de Pillado quiere ser utilizada como ariete mediático para reclamar más atención a las peticiones citadas de unos afectados con frecuencia maltratados.

"En la factoría no sabíamos nada sobre el amianto –recordaba Pillado hace unos meses–. Pasaban los años y eso era como un rumor, sin tener idea de la dimensión real del asunto. Luego te vas enterando de que también tuvo mucha importancia en el mundo de la construcción, con el tema de la uralita. Las canalizaciones de agua, los talleres de reparación, los frenos de las grúas... En Bazán estaba en todas partes, pero también en otras fábricas como Megasa y las siderúrgicas, por ejemplo".

"La dirección de la empresa sabía de las posibles consecuencias para nuestra salud, pero era un tema oculto, cuando en Estados Unidos se sabía desde hacía décadas". Los médicos le daban a Rafael menos de un año de vida debido a su mesioteloma. Y así fue.

Cristina Almeida, amiga de Rafael desde las revueltas obreras de marzo de 1972 en Ferrol, que se saldaron con dos muertos y númerosos heridos a manos de la Policía franquista, le acompañó en los juzgados. La abogada comenta que "los que no murieron en su momento acabaron muriendo por el cáncer derivado del amianto, incluidos muchos de sus líderes, como Manuel Amor Deus o José María Rioboo. Los compañeros me decían que había tanta gente de la empresa en la consulta del oncólogo que aquello se parecía a los turnos de Bazán".

Para Almeida, la actitud de los afectados debe pasar por la movilización: "La batalla de Rafael es la batalla de mucha gente menos conocida que no tiene voz. Su éxito será el de mucha otra gente o, al menos, de sus familias, para lograr una indemnización justa. Hay jubilados y personas solas que no son conscientes de sus derechos. La movilización es necesaria, sea cual sea el nombre de la empresa".

Sobre la actitud de los jueces en este tipo de sentencias, Almeida comenta que "es una pena que los motiven más criterios comerciales que morales, sin una valoración de la humanidad que hay detrás. ¡Toman las demandas por lo civil, y no por lo penal, cuando vemos con impotencia casos como los del Metro de Madrid, cuando ya hubo sentencias desde los años 70 en Estados Unidos y Europa por las consecuencias del amianto!"

Por su parte, Pillado destacaba a varios protagonistas del desastre por acción u omisión: "El papel de empresas como Banca March, financiera de Franco, que durante años controló Uralita, que importaba el material y esparcía el amianto por toda España. Esa gente se fue de rositas. Resulta indignante que ya en democracia no se hayan tomado medidas y que las instituciones mirasen y sigan mirando para otro lado, con la cantidad de amianto que se instala por todas partes, tejados de casas, canalizaciones de agua, etc." 

"Se sumaron los esfuerzos de la gente afectada, que apenas tenía quien la defendiera, con excepciones como la de Ángel Cárcoba, del gabinete de salud laboral de CC.OO. Se han dado casos como que nosotros estábamos organizando protestas y, al mismo tiempo, algún sindicato llegó a hacer un acto en contra en 2002 en el CIS da Cabana (Ferrol) ¡con el patrocinio de Uralita! La toma de conciencia se produjo muy lentamente. Nosotros pedimos un proceso de desamiantado, pero nadie mueve un dedo, cuando el problema de infección sigue estando ahí", denunciaba.

Días después del juicio, la sentencia le ofreció a Pillado una indemnización de 128.000 euros, un tercio de la reclamación inicial, y ante la que el exsindicalista pensaba recurrir. 

Su abogado, Jesús Porta, destacaba sobre la causa que buscaban "hacerla pública, no individual. Visibilizar el problema al colectivo de trabajadores afectados y que reclamen, porque desde que se diagnostica un cáncer por amianto no puede pasar más de un año para solicitar una indemnización. Esto debe saberse. De la misma manera que si el trabajador fallece por esta causa la familia tiene un año para reclamar, si tarda más, pierde sus derechos".

Porta recordaba que, desde inicios de los 90, su despacho lleva casos sobre el amianto: "Por aquel entonces, los jueces desestimaban el 99% de las demandas, pero en este siglo, y con el reconocimiento del Tribunal Supremo de la relación del amianto y el cáncer, las cosas han cambiado, aunque con cautelas, sobre todo en el caso de los fumadores", apunta.

Agavida y la lucha por la salud

El despacho de Porto es uno de los que más trabaja con la asociación Agavida, que pone en valor el médico Carlos Piñeiro: "Es una asociación cuyos propios miembros de la junta directiva lo gestionaron todo. No contaron con medios económicos y, desde el punto de vista humano, emocional, de ansiedad, fue tremendo".

"Con cada persona que fallecía estaban allí para prepararlo todo, convencían a las familias para poder hacer las autopsias, luchaban para conseguirles sus indemnizaciones. Todo con el fin de tener datos para ir al juzgado. En un principio, no se logró definir como enfermedad profesional, todo era para lograr que los derechos de los trabajadores fueran respetados. Y cuántos se han quedado por el camino en esa lucha… El tema de la asociación ha sido realmente dramático. Y sigue siéndolo, con la típica difamación, incluso por parte de tus propios compañeros, de 'estos lo que quieren es dinero', cuando no se puso el foco en la responsabilidad que tenía que tener la empresa".

Estamos hablando de una comarca especialmente castigada, con unos 16.000 casos, según cálculos de Agavida. De la incidencia en la zona del asbesto basta decir que en 2021 Navantia aprobó un lote de casi dos millones de euros para hacer frente a las demandas de este tipo en toda España: el 70% era sólo para los casos desde Ferrolterra. 

Prueba de que las cosas están cambiando es el hecho de que en julio del año pasado el Gobierno español aprobó un fondo de compensación de las víctimas del amianto, que cuenta con unos 25 millones de euros y unas cuantías aún por establecer, dependiendo de cada caso. Son pasos que se van dando lentamente, y de todos ellos fue testigo directo el médico Carlos Piñeiro, ahora jubilado. "Estamos hablando de un tema de codicia empresarial. Se ha puesto la producción económica e industrial por encima de los derechos laborales de las personas", sintetiza.

El médico recuerda que, desde los años 40, en Estados Unidos ya se sabía de la relación del mineral con el cáncer, pero la necesidad de construir barcos para la II Guerra Mundial tapó las investigaciones. Como curiosidad, poco después de finalizada la guerra, un adolescente que luego sería actor estuvo limpiando barcos con amianto. Era Steve McQueen, y murió con 50 años de mesioteloma de pleura, la misma enfermedad que mató al periodista José María Íñigo, envenenado con amianto de los platós de televisión.

"Ya en los 60 destacan en Estados Unidos –informa Piñeiro– las investigaciones de Irvin Selikoff, que demostró la relación entre la industria naval y el cáncer por amianto. Un hombre con una capacidad enorme de trabajo y que posiblemente haya sido uno de los investigadores más difamados en la historia de la ciencia. Me puse en contacto con él a través de Ángel Cárcoba, que trabajó aquí de forma ejemplar en este tema desde los años 70".

Denuncia Piñeiro que la industria llevaba incluso a sindicalistas y a responsables de empresas a viajes a Canadá. "El lobby del amianto (Rusia, Canadá, EEUU, Brasil) creó un instituto de investigación muy potente para neutralizar este tipo de acciones de denuncia, y estaban en todas partes, atentos a las protestas". 

"El punto de inflexión fueron los primeros informes de la OMS sobre el crisotilo, que es el tipo de amianto más usado, y su inequívoca relación con el cáncer, y se comienzan a adoptar medidas en los años 60 y 70 con países como Dinamarca, que ya lo prohibieron entonces. Empieza así una lucha entre la industria y la medicina. Aquí vivimos algo parecido", recuerda.

En los años 90, Carlos Piñeiro era médico de familia en el centro de salud ferrolano de Serantes cuando comenzó a descubrir casos de asbestosis, "cuando oficialmente ni en Galicia ni en España se reconocían". A partir de ahí, el número de casos se fue multiplicando: "La primera peregrinación de los afectados y sus familias fue a nivel judicial. Tardaron años en obtener el reconocimiento de la enfermedad profesional, hasta que llegó el decreto de 2006. Este tema tuvo un silencio perfectamente estructurado. No soy conspiranoico, pero está claro que estaban todos en connivencia, en defensa de un posible daño económico a aquellas grandes empresas estatales".

El papel de la ciencia

De las presiones padecidas, sólo un ejemplo: en 2000, en un juicio por causa del amianto, Piñeiro padeció su primer infarto "después de escuchar lo que allí se estaba diciendo". Para bendición de sus pacientes, un médico de familia como Piñeiro se tomó al pie de la letra el juramento hipocrático.

"De forma voluntaria, defendiendo los intereses de los trabajadores, que eran mis pacientes, y como defensor del sistema de salud público, ahí estaba nuestra responsabilidad, en defensa de nuestros usuarios, y ese fue el compromiso social que asumí. Claro, cuando llegaba a un juzgado y veían que era médico general, me preguntaban qué pretendía, y cosas así. La presión era esa, e incluso venía de los propios colegas pneumólogos que llevaba la empresa como peritos y que estaban en el sistema público. Me ha amenazado gente incluso de la Dirección Xeral de Saúde, que cómo se me ocurría hablar, que tenía que tener mucho cuidado... Incluso buscaron la manera de poder sancionarme, pero yo tenía una defensa fácil: les decía que me mandasen por escrito la orden de que no podía manifestarme libremente en mi tiempo libre. Aún estoy esperando a que me llegue esa orden".

Piñeiro cita el libro del periodista Roberto Amado Peregrinos del amianto (Libros.com, 2015) para nombrar a los enfermos. "Es que era eso –recuerda amargamente–, una peregrinación para ver quién les hacía caso". La solución del médico ferrolano fue la de formarse: "En el fondo, me obligaron a estudiar medicina laboral. En un principio, rechazaban mis informes porque decían que no tenía la suficiente formación, así que, como soy testarudo, conseguí el título. Después, observábamos que la gente se moría, pero no se podía cuantificar el número de fibras de material que tenían cuando fallecían. Así, supimos que en otros países se hacía. Con ayuda del jefe de servicio de anatomía patológica del Hospital Arquitecto Marcide, conseguíamos las vísceras a nivel pulmonar y las mandábamos a distintos hospitales sin autorización, con el riesgo que eso suponía. Recuerdo una presión y una ansiedad enormes".

Trabajando en el hospital, el facultativo recibió la petición de localizar a las personas de las que no se sabía nada tras haber mandado los informes al Instituto de Silicosis. Recuerda: "Fui a visitar a las familias a sus domicilios y el 60% habían muerto, de un listado total de 140 personas. Durante años, la gente desaparecía y te ibas enterando a través de amigos y conocidos. Los problemas de tipo pulmonar se atribuían a otras causas. Como no podíamos demostrar esto, enviamos vísceras a hospitales de Catalunya, Valladolid o Madrid, con médicos que nos apoyaban y enviaban informes. Así, contactamos con el Instituto de Silicosis y les hicimos ver la necesidad de contar en Ferrol con una unidad local de asbestosis por la incidencia ya evidente del amianto. De hecho, yo había manifestado por aquel entonces que había unos 5.000 casos recibiendo las críticas de algunos sindicatos, cuando ellos sabían de la magnitud del problema, como después se comprobó".

En el instituto de Silicosis, en Asturias, trabajaba la doctora Carmen Diego, que estaba elaborando su tesis doctoral. "Así –narra Piñeiro–, intentamos que ella se trasladara a Ferrol para dedicarse a la investigación de forma directa, creando la unidad de asbestosis en el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) en 2002. A partir de ahí cambiaron las cosas, se empezaron a usar técnicas más sofisticadas y protocolos internacionales. De hecho, Carmen Diego acabó demostrando a partir de 2005 la relación entre el sector naval y los efectos graves como la asbestosis, el cáncer de pulmón y el mesioteloma, fundamentalmente".

La unidad de asbestosis del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), desde febrero de 2019 la autonómica de referencia, atiende anualmente a unos 1.300 pacientes, el 90% procedentes del naval. Los cálculos de Carmen Diego son que el 80% de los trabajadores están afectados de alguna manera. "No sabemos con certeza cuántos podrían ser", asegura la neumóloga.

"En su momento Navantia nos envió un listado de unos 6.000 trabajadores, pero es insuficiente, ya que no incluye los de las auxiliares". En cuanto al número de afectados que puede aparecer, Diego duda: "Es que, mientras haya exposición… es decir, aquí el naval es el sector más importante. El amianto se prohibió en la construcción naval en la segunda mitad de los 80, aunque desconozco si pudo haber exposición más allá de esa fecha. Los trabajadores previos que sí estuvieron expuestos pueden manifestar síntomas en cualquier momento. Estamos en 2022, así que, como mínimo, hasta el año 2030. Pero, ¿qué pasa con otros trabajadores de la construcción de edificios, por ejemplo, de los que nada sabemos? Y ojo con los que acometen reformas en casas que contienen amianto. De ahí la necesidad general de un censo de edificios".

Diego incide en las consecuencias médicas de la exposición al amianto: "Sobre todo, enfermedades pleurales por amianto, engrosamiento de placas pleurales. También asbestosis, cáncer de pulmón, cáncer de laringe y mesotelioma de cualquier localización. Asimismo, se ha demostrado la relación con tumores digestivos y cáncer de ovario".

Esto último nos sitúa en el papel de las mujeres que, sin haber trabajado en los astilleros, desarrollaron la enfermedad: se demostró la exposición femenina a través de trabajos de investigación, tal como incide Carlos Piñeiro. "Se conoció la relación contactando con estudios que se hacían en universidades de todo el mundo. Hicimos una sesión clínica abierta en el hospital Arquitecto Marcide y fue impactante porque era el reconocimiento de lo que llevábamos defendiendo durante años: no sólo eran los afectados por la exposición en el trabajo, sino también sus familias, porque por entonces la ropa de trabajo se lavaba en las casas, o bien a través de lavanderas. Y así se infectaron".

Es la "pandemia silenciosa" del amianto, como la definen los afectados, que, por desgracia, continuará expandiendo su mal en los próximos años. Una sociedad moralmente sana puede no ser inmune a los errores, pero debe ser diligente a la hora de corregirlos. Décadas después, el tema del amianto no parece ser el caso.