Amnistía Internacional advierte sobre los obstáculos para abortar en España pese a las mejoras

Amnistía Internacional ha alertado de que persisten en España obstáculos para acceder al derecho a la interrupción libre del embarazo, sobre todo por la objeción de conciencia de profesionales sanitarios que limita la práctica en ciertos territorios y por una mayor dificultad para las mujeres migrantes en situación irregular.

La organización ha hecho público este jueves el informe When rights aren’t real for all: The struggle for abortion access in Europe (Cuando los derechos no se respetan por igual para todas las personas: La lucha por acceder al aborto en Europa, en español).

En él, valora que España haya dado pasos legislativos para mejorar el acceso al aborto, como también han hecho Dinamarca, Finlandia o Noruega. Con esos pasos se refiere a prohibir el acoso en las clínicas de interrupción del embarazo o la reforma legal para acabar con los días de reflexión y la exigencia de permiso paterno para chicas de 16 y 17 años.

Sin embargo, advierte de que siguen existiendo obstáculos, alertando de que "la objeción de conciencia de algunos profesionales de la salud puede limitar el acceso en ciertas áreas, obligando a desplazamientos para recibir atención o a recurrir a la sanidad privada".

En este sentido, manifiesta que la falta de registro de objetores de conciencia en la Comunidad de Madrid, Balears, Aragón y Asturias impide planificar los recursos para garantizar que las mujeres puedan interrumpir su embarazo en la sanidad pública.

Además, señala que las restricciones prácticas en el acceso a la sanidad pública afecta a migrantes en situación administrativa irregular que quieran abortar y recuerda que fuera de los supuestos legales establecidos, el aborto sigue estando penalizado.

Amnistía Internacional asevera que los gobiernos europeos deben tomar medidas para garantizar el acceso igualitario y universal al derecho al aborto.

En su informe, subraya que pese a los avances en el derecho al aborto cosechados "con gran esfuerzo" en Europa, aún existen "obstáculos dañinos y peligrosos" que dificultan el acceso a servicios de aborto, barreras tanto visibles como invisibles.

Son de índole administrativa, social y práctica que impiden el acceso universal al aborto, entre ellas la imposición de requisitos sin justificación médica, la objeción de conciencia a la hora de prestar la asistencia, la escasez de profesionales cualificados, los límites gestacionales y el coste elevado.

"Las comunidades marginadas, incluidas las personas con ingresos bajos, adolescentes, con discapacidad, LGTBIQ+, que ejercen el trabajo sexual, solicitantes de asilo o con una condición migratoria precaria se ven afectadas de manera desproporcionada por estos obstáculos", incide.

Además, llama la atención sobre "un contexto en el que una serie de grupos antiderechos cada vez mejor dotados de recursos están intensificando sus esfuerzos para influir negativamente en las políticas y las leyes, a menudo haciendo cundir el miedo y la desinformación, con el objetivo de restringir aún más el acceso al aborto".

La organización advierte de que existe un grave riesgo de que las victorias conseguidas sean revertidas "por una oleada de políticas regresivas promovidas por el movimiento antigénero y defendidas por actores políticos populistas que aplican prácticas autoritarias".