Desde que tomaron el control del país en agosto de 2021, los talibanes violan los derechos de las mujeres y las niñas a la educación, al trabajo y a la libre circulación; diezman el sistema de protección y apoyo para quienes huyen de la violencia de género en el ámbito familiar; detienen a mujeres y niñas por infracciones menores de normas discriminatorias; y contribuyen al aumento del número de matrimonios precoces y forzados en Afganistán.

Estas son las principales conclusiones que se desprenden del informe publicado este miércoles por Amnistía Internacional bajo el título Death in Slow Motion: Women and Girls Under Taliban Rule. Asimismo, el estudio revela que las mujeres que protestan pacíficamente contra estas normas opresivas son amenazadas, detenidas, recluidas, torturadas y sometidas a desaparición forzada.

"Menos de un año después de la toma del poder por los talibanes en Afganistán, sus draconianas políticas han privado a millones de mujeres y niñas de su derecho a una vida segura, libre y plena", señala Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

"En su conjunto, estas políticas forman un sistema de represión que discrimina a las mujeres y las niñas en casi todos los aspectos de su vida. Cada detalle diario —sea al ir a la escuela, si trabajan y cómo trabajan, si salen de la casa y cómo salen— está controlado y sometido a grandes restricciones", denuncia la organización.

"Esta asfixiante represión contra la población femenina de Afganistán aumenta cada día. La comunidad internacional debe exigir urgentemente que los talibanes respeten y protejan los derechos de las mujeres y las niñas", añade Callamard.

Detención y tortura de manifestantes pacíficas

El informe ha sido elaborado con los datos recabados por un equipo de investigación de Amnistía Internacional, que visitó Afganistán en marzo de 2022. "La organización hizo una exhaustiva labor de investigación desde septiembre de 2021 hasta junio de 2022, que incluye entrevistas con 90 mujeres y 11 niñas afganas de entre 14 y 74 años residentes en 20 de las 34 provincias del país", reza el texto.

Así, Amnistía Internacional entrevistó a una manifestante que fue detenida y estuvo varios días recluida en 2022. Al describir el trato que recibió mientras estuvo recluida, contó a Amnistía Internacional: "[Los guardias talibanes] seguían viniendo a mi habitación y enseñándome fotos de mi familia. Repetían una y otra vez [...] 'Podemos matarlos, a todos, y tú no podrás hacer nada [...] No llores, no hagas una escena. Después de protestar, deberías haber previsto días como éste'".

También dijo que la habían pegado brutalmente: "Cerraron la puerta. Empezaron a gritarme [...] [Un talibán] dijo: 'Eres asquerosa [...] Estados Unidos no nos da dinero por vuestra culpa, zorras' […] Luego me dio una patada. Fue tan fuerte que me hizo daño en la espalda, y también me pateó la barbilla [...] todavía siento el dolor en la boca. Me duele cada vez que quiero hablar".

Detención y reclusión arbitrarias por "corrupción moral"

Según cuatro denunciantes de irregularidades de centros de detención talibanes, éstos someten a detención y reclusión cada vez más a mujeres y niñas por infracciones menores de sus políticas discriminatorias, como la norma que prohíbe aparecer en público sin un mahram [acompañante varón] o con un hombre que no puede ser considerado mahram. Las detenidas suelen ser acusadas del ambiguo "delito" de "corrupción moral".

Según la investigación de Amnistía Internacional —corroborada por organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en Afganistán, activistas locales y especialistas—, el número de matrimonios precoces y forzados en Afganistán está aumentando bajo el régimen talibán. Los factores causales clave de este aumento incluyen la crisis económica y humanitaria, la falta de perspectivas educativas y profesionales para las mujeres y las niñas, familias que obligan a mujeres y niñas a casarse con un talibán, y talibanes que obligan a mujeres y niñas a casarse con ellos.

Asimismo, los talibanes siguen bloqueando la educación para la inmensa mayoría de las niñas de secundaria. Su vuelta a las clases, previsto el 23 de marzo de 2022, fue efímera. Ese mismo día, los talibanes enviaron a casa a las niñas, alegando un "problema técnico" relativo a sus uniformes. Cuatro meses después, los talibanes siguen negando el acceso a la educación a las niñas.

Por todo ello, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que imponga a los talibanes medidas consecuencia de su conducta como sanciones selectivas o prohibiciones de viajar por medio de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, o emplee otras formas de presión que puedan hacerles rendir cuentas por el trato que infligen a las mujeres y las niñas sin perjudicar a la población afgana.