Es una de las referentes en la lucha contra la violencia de género en Andalucía y en España. Desde 2010, Flor de Torres es la delegada de Violencia contra la mujer de la Fiscalía Superior de Andalucía. No obstante, su lucha contra esta lacra machista viene de muchos años atrás. Ha recibido numerosas distinciones profesionales y sociales por su lucha, entre las cuales destaca la Cruz de Honor al Mérito de la Guardia Civil o el Premio del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Congreso General del Poder Judicial, entre otros.

Días antes del inicio de la campaña electoral fueron asesinadas tres mujeres en Andalucía. Sin embargo, la mayoría de candidatos hicieron tímidas menciones al respecto. ¿Cómo lo valora?

Hay un concepto legal que yo creo que cualquier ciudadano, cualquier político o cualquier jurista tiene que llevarlo en su bandera, sea la que sea. Ese concepto es el de la paz social. El Estado debe de promover la paz social. No existirá paz social mientras convivamos con esta violencia de género. El olvido en las campañas o el no nombramiento, el no honrar la memoria de tantas mujeres víctimas de violencia de género, de sus hijos, es un acto de profunda injusticia. Le hablo en los términos legales y nunca entrando en el terreno político.

Por ejemplo, el reconocimiento a la memoria de Ana Orantes tardó muchos años en llegar.

Ana Orantes fue una heroína. Es una heroína que nos abrió los ojos. Estábamos impasibles, conviviendo con actos de profunda injusticia y gracias a ella se reformó el Código Penal, se nombró la violencia de género, se recontaron las víctimas una a una y nos unimos como sociedad contra esta tragedia.

¿Cómo valora que María Salmerón, víctima de violencia de género, haya entrado en la cárcel por evitar que su hija viera a su padre maltratador?

Es un asunto judicial que como fiscal, al ser sub iudice, no debo de valorar.

Desde 2013, 47 menores han sido asesinados por violencia vicaria. La ley dice que los padres acusados de maltrato no pueden visitar a sus hijos. Sin embargo, la suspensión del régimen de visitas sigue siendo minoritaria. ¿Cómo lo valora?

Ha habido una reforma legal de la Ley Orgánica 8/21. A partir de 2021, y especialmente la Fiscalía, está combatiendo radicalmente los regímenes de visitas con padres maltratadores, salvo, como establece la ley, que en el interés superior del menor esto pueda justificarse. Lo que estamos haciendo es poniéndonos a cero en todos estos regímenes de visita con los que estén condenados por violencia de género y los que estén ingresados en prisión. Lo que estamos pidiendo por parte de la Fiscalía es la supresión de esa visita por imperativo legal.

Usted ha explicado en diferentes ocasiones que está viendo en los juzgados que los hijos de maltratadores están reproduciendo las conductas machistas delictivas de sus padres.

La educación incide directamente en la transmisión de esa violencia de género. Con las vivencias que yo puedo tener como fiscal en los Juzgados de Violencia, con casi 18 años de aplicación de la Ley Integral, estoy viendo el recorrido de los hijos de maltratadores. Los vemos como autores materiales de actos de violencia. Es aterrador rebatir esto y decir que no existe.

En materia de violencia machista, ¿Qué le pide al nuevo gobierno andaluz?

La política criminal se gesta a través del gobierno nacional, a través de las leyes orgánicas, los códigos penales etc. Los gobiernos autonómicos tienen transferidas una serie de facultades, entre las cuales la principal es la protección a las víctimas, los recursos, los centros de acogida, los centros de integración, atención psicológica, atención a los menores, entre otros. Lo que le pido es que no olviden a las víctimas, que sigan manteniendo esos refuerzos integrales a las víctimas para que les dotemos de una vida en libertad.

¿Y que no renuncie al concepto de violencia machista?

Las palabras tienen el contenido semántico de lo que representan. No se puede representar por otra forma que no sea esta. Tenemos que tener en cuenta que a la ciudadanía no se le puede engañar, no se puede amenazar con que se pueden hacer políticas regresivas cuando, realmente, la política criminal está hecha a través de un gobierno en las Cortes Generales. Por tanto, yo como fiscal me debo a unas leyes orgánicas. No podemos modificar ningún texto legal que suponga la protección integral a la víctima de violencia de género si no es a través de las mayorías cualificadas que establece la Constitución.

Vox, que ya está en el Gobierno de Castilla y León, dice que es violencia intrafamiliar. ¿Qué opina?

El concepto de violencia intrafamiliar no es un concepto jurídico. Yo me muevo por conceptos jurídicos. La violencia de género tiene un nombre legal, a través de una ley orgánica que gozó de una mayoría parlamentaria. Frente a eso, no podemos combatir con otros conceptos que no sean los conceptos legales. Eso no quiere decir que no exista la violencia familiar, que eso sí que es un concepto jurídico, y que, afortunadamente, el Ministerio Fiscal la combate con tanta severidad como combate la violencia de género.

También llaman "chiringuitos" a los centros que ayudan a las mujeres maltratadas. 

Uno de los mayores logros que hemos tenido en España es conseguir una ley integral. ¿Una ley integral qué quiere decir? Que cuanto menos Código Penal se toque, más se va a hacer por las mujeres. Siendo un problema integral, sólo podemos combatirlo con soluciones integrales. Dentro de esas soluciones integrales, está la rehabilitación psicológica integral de las mujeres. Eso se logra a través de los centros de igualdad, los centros de atención a la mujer, los centros municipales de atención a las mujeres, etc. No podemos combatir la violencia de género a base de Código Penal. Eso es un fracaso y, prueba de ello, es que todas las leyes que se están gestando a nivel mundial han tenido el eco en nuestra ley integral.

Aún así, la ultraderecha niega la violencia machista.

Todo aquel que niegue la violencia de género yo le invito a que comparta con nosotros cada día, en cada juzgado de violencia, en la propia Fiscalía de violencia, las historias de mujeres, las historias de sus hijos, las historias de vidas que no pueden ser vividas en plena libertad. Cuando se rebate la violencia de género lo que hay que hacer es un estudio exhaustivo de las cifras empíricas que demuestran que esa violencia no solamente existe, sino que es una tragedia social con la que desgraciadamente convivimos.

¿Cómo valora la lucha de Andalucía contra la violencia machista? ¿Cuenta con los recursos suficientes?

Andalucía siempre ha sido una privilegiada en medios. Yo recuerdo que cuando se publicó la Ley Integral, inmediatamente se nos dotó a la Fiscalía de todo tipo de medios. Además, se estableció un instrumento legal que, incluso en algunas comunidades, ni siquiera se ha desarrollado. Son las unidades de valoración integral de violencia de género. Además, Andalucía es pionera mundialmente a nivel legislativo. La Ley Integral Andaluza del año 2017 -que se modificó en el año 2018- establece un concepto de violencia de género, que es el más amplio que se ha recogido en ningún tipo de legislación, internacional o autonómica. Integra lo que nos obliga el Convenio de Estambul del año 2011, e incluso va más allá. Establece, por ejemplo, como víctima de violencia de género, la violencia sexual en tiempo de guerra.

¿Ha encontrado la misma sensibilidad en la lucha contra la violencia de género en todos los gobiernos?

Ha habido una continuidad. Los gobiernos del PSOE hicieron la estructura, el edificio y lo que ha hecho el gobierno actual es mantener y reforzar.